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Entre las 10.15 y las 12 de ayer, el centro porteño fue lo más
parecido a una terapia intensiva, móvil y pública: decenas
de ambulancias, con sus sirenas y balizas a pleno, circularon una detrás
de otra, a paso lento y desacostumbrado, multiplicando el ya caótico
tránsito. La marcha de las sirenas fue el inicio de un reclamo
lanzado por las clínicas y sanatorios privados de todo el país
para que se priorice a la salud como cuestión de Estado y para
que se detenga la sangría del sector. “Estamos en una situación
terminal, estamos al borde del precipicio”, declaró Norberto
Larroca, presidente de la Confederación de Clínicas, Sanatorios
y Hospitales Privados (Confeclisa), durante un encuentro posterior a las
sirenas, en el que participaron representantes de clínicas, gremiales,
médicos, odontólogos y farmacéuticos. El fondo del
precipicio nombrado por Larroca tiene un número: el 30 por ciento
de las clínicas ya cerraron sus puertas. Según la fundación
Isalud, de Ginés González García, “el sistema
de seguridad social perdió 15 millones de dólares en los
últimos cinco años, por los repetidos ajustes que sufrió
el país.”
Las ambulancias, alrededor de 120 según voceros de Confeclisa,
iniciaron su marcha a las 10.15, por Callao hasta Corrientes, tomaron
9 de Julio y luego Avenida de Mayo hasta estacionar frente a la Casa de
Gobierno. Hicieron retumbar sirenas y avanzaron a paso lento, con su furgón
vacío hasta cierto punto: en su interior transportaban al sistema
de salud.
La convocatoria fue lanzada por la cámara que nuclea a las clínicas
privadas, que en el espectro de la salud vienen a ser los prestadores
sanitarios de las obras sociales, o la sombra de lo que era el sistema
de la salud social. Esa sombra, que ayer transformó al centro porteño
en un gigantesco y sonoro nudo de tránsito, concluyó en
un encuentro en el hotel Bauen. Estuvieron todos, desde el sector médico
hasta el empresario, pasando por el gremial y los jubilados: concurrieron
representantes de la Asociación Médica Federal, el Frente
Médico Bonaerense, las confederaciones Unificada de Bioquímicas,
la Odontológica y la Farmacéutica, la Cámara de Diagnóstico
Médico, la Federación Argentina de Cámaras y Asociaciones
Psiquiátricas, la Mesa de Jubilados y Pensionados, y el gremio
de la Sanidad.
“Venimos de una decadencia de hace 10 años –dijo Larroca
a este diario–. Esto es una ficción. Se contratan prestaciones
que no se pagan, se contratan valores que no se cumplen. Las cápitas
son de 19 pesos pero se cobran 15. Los contratos no se sabe cuándo
los vamos a cobrar. Estamos al borde del precipicio. Estamos acostumbrados
a garantizarles a los acreedores externos todo, pero a los acreedores
internos, que son los profesionales, en vez de blindarlos, se los desprotege.”
Según Larroca, la deuda que tienen las obras sociales con Confeclisa
es de casi 2 mil millones. Y la atribuye a la política de ajuste,
a la pérdida de trabajo en la población y a la caída
del nivel de ingresos.
“Solicitamos una audiencia al presidente De la Rúa, para pedirle
que la salud sea considerada cuestión de Estado. El ministro de
Salud no tiene ningún rol en las políticas de fondo. Basta
con ver el listado de los que ocuparon ese cargo con Menem. Siete ministros:
Julio Corzo, Erman González, Carlos Bauzá. ¿Qué
tenían que ver con la salud? Avelino Porto, que iba a Educación
y se equivocó de puerta, Chiche Aráoz. ¿Chiche Aráoz?
y después Alberto Mazza.”
Durante el encuentro, en el panel además de Larroca participaron
Carlos West Ocampo, titular del gremio de la Sanidad, y Ginés González
García, ex ministro bonaerense de Salud. “Los Artana, los
Solanet, saben lo que quieren –señaló el sindicalista–.
No creen en la solidaridad ni en la seguridad social. Quieren entregar
la salud como un paquete para inversiones financieras del exterior.”
También habló Ginés González, que presentó
un estudio de la Fundación Isalud, que preside. Según ese
estudio, en los últimos cinco años, el sistema sanitario
argentino dejó de percibir 14.726,4 millones de pesos del fondo
solidario, como consecuencia de las medidas implementadas para hacer más
competitiva la economía y lasalud. Parte de ese dinero tuvo que
se reemplazado con plata que salió del bolsillo de todos.
PIDEN
QUE NO LO CONVIERTAN EN UN SHOPPING
Una movida por el Palacio Duhau
Por E.V.
Una organización vecinal
pidió ayer a la Justicia porteña que deje sin efecto la
autorización que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires otorgó
para convertir al Palacio Duhau –un edificio histórico ubicado
en la Recoleta– en un exclusivo shopping de la moda, y para construir
junto a él un hotel cinco estrellas, de catorce pisos de altura.
Según el secretario de Planeamiento, Enrique García Espil,
ambos emprendimientos de ajustan al Código de Planeamiento Urbano.
Pero para los vecinos, la construcción del hotel y el centro de
compras generan un “impacto ambiental relevante”, lo que, de
acuerdo con la ley, obliga a la realización de una audiencia pública,
previa a la autorización.
El hotel cinco estrellas será construido sobre un terreno ubicado
sobre Posadas, entre Rodríguez Peña y Montevideo. Se trata
de un proyecto del Grupo Exxel, que además compró el Palacio
Duhau, ubicado sobre la Avenida Alvear, a la misma altura. El Exxel había
pedido una excepción para construir un edificio de mayor altura,
pero Planeamiento lo rechazó. Finalmente, el ingeniero Diego Peralta
Ramos reformuló el proyecto y consiguió su aprobación.
En Planeamiento aseguran que ambos proyectos están en regla y agregan
que hace seis meses “logramos que la Legislatura declarara el edificio
como Area de Protección Histórica. De lo contrario, sus
propietarios podían haberlo demolido”.
Ahora, el abogado Javier García Elorrio, en representación
de la Fundación Ciudad, presentó ante la Justicia en lo
Contencioso Administrativo un pedido para “que se ordene al Gobierno
de la Ciudad que suspenda el permiso otorgado hasta que tenga lugar la
audiencia pública prevista en la Ley de Impacto Ambiental”.
De acuerdo con la presentación, “tanto los centros de compras,
como las construcciones de más de 2500 metros cuadrados o las que
demanden la disminución del terreno absorbente, según la
ley, son de relevante impacto ambiental, lo cual, según la ley
123, obliga al Poder Ejecutivo a convocar a una audiencia pública
antes de aprobar el proyecto”.
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