Reducción del gasto público por 889 millones de pesos en los nueve meses que restan del año y reducción de transferencias a provincias por 968 millones: esos conceptos engloban la batería de medidas inmediatas que pondrá en práctica el Poder Ejecutivo, a través de decretos de necesidad y urgencia, para poner en caja el gasto público y alcanzar la meta de un déficit fiscal de 6500 millones de pesos. A través de proyectos de ley, el recorte se completará con la eliminación de exenciones en el impuesto a las ganancias de cooperativas y fundaciones y la eliminación de exenciones o aumento de tasas del IVA a la TV por cable y espectáculos artísticos, cinematográficos y deportivos, que aportarían otros 105 millones adicionales, para alcanzar un ajuste global de 1962 millones de pesos. El programa económico anunciado ayer también prevé reclamar la ratificación por el Congreso de la Reforma Previsional y la del sistema de Obras Sociales, la reducción salarial (dispuesta el año pasado) en el sector público y el Fondo de Infraestructura. En proyección, también se formuló una propuesta de reforma del Estado y una serie de reformas estructurales que incluyen nuevas privatizaciones (empresas satélites del Banco Nación en un 100 por ciento, Lotería Nacional y Casa de Moneda) y una “profundización” de la reforma laboral. Proyectado al año próximo, los mismos recortes supondrían un ahorro esperado de 2485 millones de pesos en el próximo ejercicio.
La reducción del gasto público nacional afecta, principalmente, a la educación, que se verá alcanzada por una reducción de transferencias a las universidades por 361 millones este año (541 millones durante 2002) y la sustitución del aporte nacional al Fondo de Incentivo Docente (540 millones), y transferencias a institutos terciarios, que a partir de abril quedarán a cargo de las provincias. Por el primer recorte, Economía prometió compensar a la cartera de Educación con la asignación de recursos que hoy distribuye el Fondo Especial del Tabaco entre productores y como exenciones al impuesto a los combustibles entre los usuarios patagónicos. Pero estas dos últimas modificaciones deberían formularse por ley, lo que hace impredecible su aplicación, dada la resistencia de los legisladores de las provincias afectadas, cualquiera sea su extracción. Las provincias, en cambio, deberán reasignar sus propias partidas para poder solventar el incentivo docente.
Entre las medidas que contribuirán a la reducción del gasto público este año se incluye la eliminación de becas, subsidios y altas pensiones graciables otorgadas por el Congreso (las de menor valor se suspenden, salvo para indigentes); disminución de las partidas asignadas a la SIDE, la caja previsional de las Fuerzas Armadas; eliminación de programas en las áreas de Salud y Economía; ahorros en la Anses; recortes en las asignaciones familiares (por eliminación de coeficientes zonales y los beneficios para salarios inferiores a 100 pesos); prórroga del pago de retroactivos a las nuevas jubilaciones otorgadas (en 12 cuotas) y suspensión del pago de haberes jubilatorios superiores a 600 pesos cuando el beneficiario cobre además salario como trabajador activo.
Las reducciones de transferencias a las provincias vendrán a través de un ajuste de 100 millones de pesos en los Aportes del Tesoro Nacional, la eliminación del subsidio al consumo residencial de gas en la Patagonia y la ya mencionada sustitución del Fondo de Incentivo Docente, de transferencias a institutos terciarios y de Infraestructura.
Entre las normas enunciadas en materia de modificaciones en el tratamiento impositivo, que requerirán su aprobación por ley, figuran: aplicación de una tasa del IVA del 15 por ciento a la TV por cable, y a espectáculos artísticos, cinematográficos y deportivos, con un aumento de dos puntos anuales hasta confluir al 21 por ciento (en paralelo, se aplicará una reducción gradual del impuesto a las entradas de cine); eliminación de la exención del impuesto a las ganancias de cooperativas y fundaciones; eliminación de la exención del ITC a las naftas patagónicas y del Fondo Especial del Tabaco. La interpretación dada por la conduccióneconómica al paquete de medidas es que sólo afectará a sectores de privilegio, los que a su entender iban a ser los únicos de los que surgiría oposición al mismo.
En cuanto al proyecto de Reforma del Estado, la primera línea de medidas (en dos semanas se enviaría como proyecto de ley al Congreso) contempla la eliminación de una categoría de niveles administrativos del Estado (la de secretarios y subsecretarios, quedando vigentes sólo los niveles de ministro, viceministro y directores nacionales), simplificación de estructuras y eliminación de las que dupliquen funciones, con reducciones en la cantidad de personal (los que pasen a disponibilidad cobrarán sueldo por 12 meses y recibirán asistencias para su capacitación y reubicación en el sector privado). La aplicación progresiva de esta reforma supondría, de acuerdo con los cálculos de Economía, un ahorro que llegaría al 2003 a 3500 millones de pesos. El compromiso es aplicar la mitad de dicho ahorro a la reducción de impuestos nacionales.
Una segunda línea de reformas apunta a ampliar la apertura comercial (baja de aranceles) y otorgar “transparencia, autonomía e independencia” de los grupos de intereses a la Comisión de Comercio Exterior (que debe resolver sobre denuncias de dumping). Se dará una nueva vuelta de tuerca a las privatizaciones, con la puesta en venta de empresas satélites del Banco Nación (AFJP, Seguros y otras, pero no el banco) en su totalidad, Lotería Nacional, Casa de Moneda y bienes del Estado (fundamentalmente, terrenos ferroviarios de Retiro); y la profundización de la reforma laboral, con extensión de los períodos de prueba, reducción de los llamados costos laborales y eliminación de cláusulas especiales en los estatutos laborales. También se propondrá un paquete de leyes orientadas a aumentar la competencia en los mercados: de Entes Reguladores, Hidrocarburos, Seguros, y de Transparencia y Mejores Prácticas en el mercado de capitales.

APARICION PUBLICA DEL MINISTRO PARA NO OLVIDAR
Los truenos y el temporal

Por Claudio Scaletta

Ricardo Hipólito López Murphy realizó su primer discurso público como ministro de Economía con malos augurios. Para horror de los místicos, durante su alocución sin matices los truenos de la inminente tormenta –que no eran los portazos del Frepaso– dieron un trasfondo lúgubre. El hombre de FIEL no se inmutó. Los diagnósticos y las medidas se sucedieron implacables, casi sin respiros y con esporádicas miradas a cámara. Ante cada clamor del cielo no faltaron las leves sonrisas y miradas cómplices entre algunos miembros de su nuevo equipo. Otros secretarios, más jóvenes y aplicados, no sacaban los ojos del texto impreso para comentar como colegiales los involuntarios desvíos del jefe. Pero sobre lo que no hubo errores fue sobre el contenido esencial: terminar con “el despilfarro estatal”, ajustar en las provincias y lograr la “solvencia fiscal”.
Como se esperaba, el diagnóstico, las medidas, el plan, tuvieron como enemigo número uno al gasto público. Aunque entre los objetivos a “eliminar de raíz” también figuraron la “evasión alta” (aquí L.M. evitó el calificativo “insoportablemente” del discurso impreso) y “el desmedido crecimiento de la deuda”, cuando llegó el tiempo de las medidas la atención estuvo en contener el “despilfarro”.
En el diagnóstico inicial López Murphy sostuvo que durante la última década “el gasto público aumentó más allá de las posibilidades genuinas de ser cubierto por ingresos fiscales”. Este desfasaje fue financiado primero con ventas de activos estatales y luego con endeudamiento. A partir de aquí el ministro se explayó en su lógica. “Todo país cuyo endeudamiento crece más que su capacidad de pagar, finalmente pierde la confianza de los ahorristas y de los inversores y su crecimiento económico se detiene”.
Definido el principal problema, siguió su solución: “Al Estado hay que reformarlo sí o sí”. Aunque José Luis Machinea intentó ordenar las cuentas públicas, sus esfuerzos “no fueron suficientes, o se llevaron adelante sin la firmeza necesaria”.
El blindaje, la antigua panacea, “no resuelve por sí sólo los problemas de Argentina”, reconoció. Debe ser acompañado por medidas que aseguren la “solvencia fiscal”, ergo: “la reforma previsional y la de obras sociales” deben “convertirse en leyes” y las provincias deberán cumplir a rajatabla y algo más el “Compromiso Federal para el Crecimiento y la disciplina fiscal”. Luego, es necesario cumplir con “el programa de financiamiento que acordó nuestro país”, que ya “en el primer trimestre presenta desvíos por 740 millones de dólares”. Quedaban así tácitamente definidos los tres condicionantes que deberá enfrentar la nueva gestión: el Congreso, las provincias y el Fondo Monetario Internacional. La prioridad que recibirá cada uno no será neutra y definirá el rumbo.
Hecho el diagnóstico, López Murphy estableció “los cinco ejes centrales para enfrentar esta situación”. A saber: preservar y fortalecer la cohesión social, la solvencia fiscal de corto y largo plazo, la competencia, la transparencia y la previsibilidad. Sin embargo, cuando llegó el momento de explicar el programa, quedó claro que los ejes no eran cinco sino uno: la solvencia fiscal en base a “la reforma estructural del Estado” (ver medidas).
Al momento de la improvisación final el ministro se disculpó por la extensión del discurso. Con cierto inevitable tono castrense que su bigote, pelo engominado y colaboradores poco ayudan a disimular, sostuvo que “era necesario fijar con toda claridad nuestros criterios para que toda la sociedad sepa a qué atenerse”.

PRINCIPAL