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El Turco Julián cambió de abogado
y se negó de nuevo a declarar

El juez Gabriel Cavallo tiene ahora diez días para definir la situación del torturador. Su nuevo defensor será Pedro Bianchi, ex abogado de Massera y Priebke entre otros.

Julio Simón se negó a declarar
una vez más. Ayer mandó saludos
al “negro”, Jorge Olivera.

Por Victoria Ginzberg

“Saludos al negro”, alcanzó a gritar el “Turco Julián” cuando el custodio lo sacaba esposado del juzgado de Gabriel Cavallo. Les hablaba a Jorge Appiani, su ex abogado, y a Pedro Bianchi, su flamante representante y probablemente los saludos se los mandaba al socio de Appiani, el represor Jorge Olivera. Julio Simón, alias “el Turco Julián”, se retiró de Tribunales poco antes de las cuatro de la tarde. Frente al juez se negó a declarar sobre las desapariciones de José Liborio Poblete y Gertrudis Hlaczik. Ahora, el magistrado que anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final tiene diez días para definir la situación procesal de Simón.
Appiani renunció ayer a la defensa de Simón con el argumento de que presentaba una “coalición de intereses” con otro de sus representados, el ex general Carlos Guillermo “Pajarito” Suárez Mason, titular del Primer Cuerpo de Ejército durante la dictadura y por lo tanto superior jerárquico del Turco Julián en el centro clandestino de detención El Olimpo. A pesar de haberse desvinculado oficialmente de Simón, su ex abogado concurrió ayer al juzgado del juez Cavallo, no sólo para comunicar su alejamiento del caso, sino también porque el magistrado le había informado que si no asistía a su defendido podía aplicarle una multa.
Vestido con un pantalón marrón y una amplia camisa a cuadritos rojos y blancos, el Turco Julián estuvo poco tiempo ante el juez. Lo suficiente para decir que se negaba a declarar. Simón fue interrogado en ese mismo juzgado en octubre del año pasado, cuando respondió sobre la apropiación de la menor Claudia Victoria Poblete, la hija de José Poblete y Gertrudis Hlaczik. Por ese caso fue procesado y se encuentra detenido. Hace cinco meses el ex policía se cuidó de despegarse del caso puntual, pero admitió haber sido miembro del grupo de tareas de El Olimpo.
“No había un orden establecido, había días que salían tres o cinco veces, algunas veces había enfrentamientos, otras iban a lugares donde se encontraban con baldíos, no había un día común, es lo mismo que una guerra, se vivía esperando, yo vivía en el auto, dormía en el auto, abandoné a mis hijos, los veía una vez por semana, me hice pedazos”, respondió Simón en octubre cuando le preguntaron cómo era un “día común” en el centro clandestino de detención.
La indagatoria del Turco Julián por la desaparición forzada del matrimonio Poblete-Hlaczik fue la primera declaración de este tipo en años y sólo se pudo concretar después de que Cavallo declarara hace diez días la “inconstitucionalidad, invalidez y nulidad insanable” de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El martes próximo debe comparecer en la misma causa Juan Antonio “Colores” del Cerro. Los defensores de ambos represores apelaron esta decisión, pero el magistrado rechazó las quejas. Bianchi, nuevo defensor de Simón, fue abogado del criminal nazi Erich Priebke y del ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz. Ayer pidió que su nuevo cliente fuese trasladado desde el penal de Marcos Paz a la dependencia de Gendarmería de Campo de Mayo, donde está detenido el dictador Emilio Eduardo Massera desde que se descubrió que violaba su arresto domiciliario. Bianchi fundamentó su solicitud en que al Turco Julián “intentaron apuñalarlo en dos oportunidades”. El juez –que asistió ayer a al acto de aniversario del Regimiento Granaderos por invitación del jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni– hará lugar al traslado, pero evaluaba enviar al acusado al escuadrón Buenos Aires de Gendarmería. Simón sería el primer procesado por secuestros, desapariciones y torturas durante la dictadura desde que se dictaron las leyes de impunidad.

 


 

JUICIOS POR EL CONDOR EN ITALIA
Videla, Massera & Co.

La Justicia italiana juzgará a los represores Jorge Videla, Eduardo Massera, Leopoldo Galtieri por la desaparición de once ciudadanos de esa nacionalidad en el marco de la Operación Cóndor. El fiscal Giancarlo Capaldo extendió a jefes militares de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil la acusación de homicidio múltiple con agravantes que en principio había formalizado contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet.
Capaldo espera que “en pocos meses” pueda enviar a juicio a los militares. El sumario está todavía en fase de instrucción y, según explicó a la agencia EFE, la decisión de incluir nuevos nombres entre los imputados se debe a la existencia de “indicios” de que cometieron el delito investigado. Entre la veintena de militares argentinos que serán acusados, también figura el ex general Guillermo Suárez Mason, ya condenado en Italia a cadena perpetua, junto con el general Santiago Riveros. La ley italiana permite juzgar y condenar en ausencia a los responsables de crímenes cometidos contra ciudadanos de ese país en el exterior.
De las once víctimas que motivaron la investigación penal romana iniciada a mediados de 1999, cuatro son argentinas: Dora Marta Landi, Alejandro Logoluso, Horacio Campiglia y Lorenzo Viñas. Ademá, indagan la desaparición de los uruguayos Armando Bernardo Arnone, Gerardo Francisco Gatti, María Emilia Islas, Juan Pablo Recagno, Daniel Banfi, Andrés Domingo y Héctor Giordano.
El presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi, de visita en Buenos Aires y Montevideo, se comprometió ante los familiares de cuatro desaparecidos a apoyar los nuevos juicios a los responsables de la represión ilegal. El mandatario se mostró “horrorizado” por las violaciones a los derechos humanos, según refirió Claudia Allegrini, la esposa de un italiano secuestrado en Brasil.

 

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