Por Horacio Verbitsky

El jefe del gabinete de ministros Crystian Colombo será investigado por una estafa de 12,5 millones de dólares en contra del Banco Nación y en beneficio del Banco Macro. El posible delito cometido por el Grupo Yoma comenzó mientras Colombo era directivo del grupo Macro y se consumó durante su gestión como presidente del Nación. La causa está en el juzgado federal 11, de Claudio Bonadío. La auditoría del Banco Nación había recomendado ya en julio de 2000 que se diera parte a la justicia, pero Colombo desoyó esa recomendación. La Oficina Anticorrupción intervino por una denuncia de las diputadas nacionales Graciela Ocaña, del Frepaso, y Margarita Stolbizer, de la UCR, pero el Banco Nación le solicitó que no iniciara una acción legal, porque su propio directorio se proponía llevar el caso a la justicia, cosa que no hizo mientras lo presidió Colombo. La denuncia la realizó recién el 27 de diciembre su sucesor como presidente del directorio, Enrique Olivera. Además, esta semana se divulgaron en Salta documentos que ratifican la relación especial del Macro con el escribano Raúl Juan Pedro Moneta: en 1996 el Banco República de Moneta fue el fiador del Macro en la adquisición del Banco de la Provincia de Salta, impulsada por el Banco Central. El Macro y el República se asociaron con el Citibank para constituir el Citicorp Holdings (CEI) y ambos contaron con la protección del Banco Central. En 1998 los inspectores del Central constataron en las fojas 98 y 99 del expediente 100115/99 que el República y el Macro Misiones se prestaron asistencia recíproca para evadir las regulaciones que prohíben un elevado monto de préstamos a empresas vinculadas: el banco de Moneta otorgó asistencia por 3,4 millones de dólares a empresas del grupo Macro Misiones, que le retribuyó con 4,9 millones en préstamos a empresas del grupo Lucini-Moneta. Entonces fue Pedro Pou quien se abstuvo de ordenar los pertinentes sumarios. Colombo es a la eminencia gris oscuro de la UCR, Enrique Nosiglia, lo que Moneta es al presidente del PJ, Carlos Menem. El jefe del gabinete de ministros no es un funcionario cualquiera en el esquema delarruista de poder. Al producirse la renuncia de José Machinea, el presidente lo designó para sucederlo en el ministerio de Economía y convocó a Ramón Mestre para substituirlo en la jefatura de gabinete, pero el FMI hizo saber al Poder Ejecutivo que en el palacio de Hacienda sólo admitiría a Ricardo López Murphy o a Domingo Cavallo. De la Rúa desmintió indignado esa información, pero fuentes impecables de su propio gobierno la confirman. Si el énfasis que LM puso en la transparencia fuera algo más que un discurso, su jefe en el gabinete no debería esperar un futuro tranquilo.

Loteos

Macro es el acrónimo de Muy Agradecidos a Celestino Rodrigo, por el ministro de Economía que en 1975 licuó la moneda. En el gabinete de Rodrigo comenzó su carrera Pedro Pou. El rodrigazo permitió despegar con una significativa diferencia a los propietarios de la entonces financiera Macro y de la consultora Econométrica: José Dagnino Pastore, Mario Brodersohn y Alieto Guadagni. Cada uno aseguraba el enlace con uno de los tres sectores en los que se reclutaron los presidentes argentinos desde 1916: las Fuerzas Armadas, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista. El loteo del poder en parcelas, que en Italia llevaron a cabo de modo abierto los partidos políticos previos al mani puliti, se expresó aquí en acuerdos subterráneos de negocios que, de tanto en tanto, asomaron como puntas políticas de un iceberg, como el Pacto de Olivos.
El carácter de caja política del Macro se mantuvo pese a los cambios en la composición accionaria. En su directorio figuraron luego los cambistas Jorge Horacio Brito y Delfín Ezequiel Carballo y otro delegado deNosiglia, como lo es Colombo: Roberto Eilbaum. Durante la década menemista, el Banco Macro fue uno de los conductos por los cuales fluyeron fondos oficiales hacia las empresas de la entonces familia presidencial. El Grupo Yoma es el principal deudor del Banco Nación, con 80 millones de dólares. Sus otras grandes víctimas son el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, con 20 millones de dólares y el de la Provincia de Buenos Aires, con 19. Todos ellos compraron en 1994 unos increíbles bonos basura emitidos por el grupo Yoma para refinanciar deudas anteriores. El Nación asumió la representación de los otros bancos oficiales, mediante un contrato de garantía. La Auditoría también detectó la desaparición de ese contrato, durante el último año de gobierno del cuñado de Emir Yoma. El primer acreedor privado de Yoma es el Macro, con 16 millones, pero parte de esos fondos también provinieron del Banco Nación, que canalizó sus préstamos adicionales sin ser advertido, a través del Macro. La diferencia es que el Macro cobra sus créditos y el Nación no.

Juramento

En 1998 el Banco Nación concedió nuevos créditos al grupo Yoma, que los garantizó cediendo sus derechos sobre los reintegros sobre el IVA por exportaciones. Sólo que antes ya los había entregado al Banco Macro, aunque bajo juramento había declarado “que los créditos no han sido cedidos en forma total o parcial con anterioridad al presente acto ni gravados con prenda”. En aquel momento, Colombo era el principal ejecutivo de Macro Valores, una de las compañías del grupo. Cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, empezó a pagar los reintegros, la mayor parte de ese dinero no fue al Banco Nación, sino al Macro, que tenía precedencia. Pese a ello, la asistencia crediticia al Grupo Yoma no se interrumpió durante la gestión de Colombo. En junio de 2000, la Comisión de Riesgo Crediticio del Nación presentó un informe al directorio presidido por Colombo, en el que afirmó que para la Asesoría Legal se había cometido el delito de estafa. “De haber tenido conocimiento el banco de la existencia de la anterior cesión no habría acordado los créditos en cuestión”. Por ello, “el banco estaría en condiciones de formular la pertinente denuncia”. No obstante, el directorio dilató la decisión y prefirió ordenar un nuevo “dictamen legal ampliatorio”. El 12 de julio la Asesoría Jurídica elevó su dictamen definitivo, que se reproduce en esta página, en el que sostuvo que “corresponde formular la denuncia penal”. Luego de varias intimaciones, la Oficina Anticorrupción dio plazo al Banco Nación hasta octubre pasado para formular la denuncia, lo cual fue puesto en conocimiento de Colombo por el departamento legal. La intimación de la Oficina Anticorrupción fue transmitida por los abogados Sergio Rodríguez y Juan Carlos Duré. Colombo dejó el Banco Nación en octubre sin haber cumplido con esa recomendación, para asumir la jefatura de gabinete en reemplazo de Rodolfo Terragno. En diciembre, la Oficina Anticorrupción insistió ante el nuevo directorio del Nación, encabezado por Olivera. La respuesta fue que el caso seguía bajo evaluación, pero ante la inminencia de la presentación del fiscal especial José Massoni, el Banco acudió a la justicia el 27 de diciembre. Firmaron la denuncia del Banco los abogados Sergio Fernando Barzola y Carlos Alberto Tornese. El mismo 27 de diciembre los diputados del Frepaso Ocaña, Irma Parentella, Fernando Melillo y Atilio Tazzioli y la radical Stolbizer, ampliaron su denuncia ante la Oficina Anticorrupción.

Comisión u omisión

Bonadío, quien ya instruía la causa iniciada en 1994 a raíz de las investigaciones de este diario, desglosó este episodio y dio vista a los fiscales Jorge Di Lello y Gerardo Pollicita, quienes impulsaron la acción por el delito de estafa en contra de la administración pública. Losimputados son “los integrantes de la firma Yoma SA y/o quienes por comisión u omisión hubieren contribuido” a concretar los delitos. Una de sus penas es la inhabilitación de por vida. Según los fiscales, recién cuando el Banco Nación quiso hacer efectivas sus garantías supo por la AFIP “de la existencia de cesiones anteriores a favor del Banco Macro Misiones”, por un monto total de 12,5 millones de dólares. El 26 de febrero, sin saber de la denuncia previa, el ex abogado del Banco Nación Juan Carlos Iglesias acusó a Emir Yoma y Crystian Colombo por estafa, fraude a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento (Iglesias se presenta como militante radical pero en los últimos años ha presentado varias denuncias penales contra De la Rúa quien, a su vez, acusó por extorsión al grupo de los ex concejales Herschberg y Roselló). Según Iglesias, Yoma mueve las divisas de sus exportaciones a través de una cuenta del Banco Macro Misiones en el Citibank de Nueva York, el mismo investigado por una comisión senatorial estadounidense por su relación con las compañías offshore del escribano Moneta y de Aldo Ducler, a través de las cuales se habrían canalizado fondos de la corrupción política y de la comercialización de sustancias estupefacientes. “La deuda de Yoma SA es con la banca oficial, ya que la banca privada goza de un excelente cumplimiento a costa de la oficial”. Como presidente del Banco Nación, Colombo “continuó sirviendo a sus socios y amigos de siempre y llegó a impedir la formulación de esta denuncia”, afirma la denuncia. Iglesias recusó al titular del juzgado federal 6, donde quedó radicada la causa, aduciendo que el juez Rodolfo Canicoba Corral era uno de los beneficiarios de préstamos del Banco Macro, pero el juez adujo que su crédito ya había sido cancelado. Lo más probable es que cuando ambos magistrados adviertan que están investigando los mismos hechos, la causa quede radicada en el juzgado de Bonadío, quien la inició antes. Ni la denuncia del Banco Nación ni el requerimiento fiscal mencionan a Colombo, aunque el ministerio público alude a quienes hubieran colaborado con la maniobra. En cambio la causa radicada en el juzgado de Canicoba se refiere en forma específica al jefe de gabinete.

Fluido

Entre la documentación reunida por la comisión parlamentaria que investiga el desempeño de Pedro Pou como presidente del Banco Central, consta su influencia para que el Banco Macro pudiera adquirir los bancos provinciales de Misiones, Salta y Jujuy, para lo cual contó con vitales asociaciones políticas: en Misiones con Nosiglia y el gobernador menemista Ramón Puerta, en Salta, donde Jorge Brito posee tierras y cultivos bajo riego, con el gobernador Juan Carlos Romero. El decisivo holding bancario que Brito conformó en las fronteras más calientes de la Argentina es líder en Misiones, Salta y Jujuy, posee sucursales también en Chaco, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Rosario y Córdoba. En la operación de compra del Banco de Salta, en 1996, el Macro presentó como “fiador liso y llano y principal pagador” al Banco República. La documentación del Tribunal de Cuentas salteño fue entregada en respuesta a un pedido de informes del diputado provincial de la UCR José María Farizano. En su edición de ayer, el semanario salteño “Cuarto Poder” calificó al Macro de “fantasmal entidad bancaria” cuyos reales propietarios se desconocen. Reseñó que con apenas 60.000 dólares y sin competencia se quedaron con el banco provincial, e inmediatamente lo capitalizaron, con 4 millones de pesos prestados por Romero con recursos del “Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial” girados por la Nación, al 1 por ciento de interés anual y a devolver en veinte cuotas semestrales, con cinco años de gracia. La primera cuota, de 200 mil pesos recién venció en febrero de este año. El gobernador Romero otorgó al Macro la condición de único agente financiero del estado por diez años. Estoimplica el manejo de todos los fondos del presupuesto provincial, la coparticipación federal y regalías, y el pago a los empleados y proveedores del estado por unos 15.000 millones de pesos. Sólo en Salta el Macro obtuvo un mercado cautivo de más de 50.000 agentes estatales, entre empleados de la administración pública central, la sanidad, la educación, las fuerzas de seguridad, los poderes legislativo y judicial, y los de la Municipalidad de Salta, más los jubilados y pensionados. Todos ellos deben cobrar sus haberes en los cajeros automáticos del Macro, que no entregan billetes o monedas de baja denominación. Según “Cuarto Poder” esto conforma un colchón financiero de 200 mil pesos mensuales, o 12 millones en los primeros cinco años, retenidos sin el consentimiento de sus 50.000 clientes cautivos y por los que no pagó interés alguno. Así se comprende mejor el argumento del gobierno nacional para fundamentar la designación de Colombo: su relación con los gobernadores justicialistas que habían establecido con él un fluido circuito de contactos.

Inversión de alianzas

Por H.V.

El amigo presidencial Fernando de Santibáñes anunció que la guadaña debía caer sobre los claustros, así como López Murphy proclamó la rebaja de salarios, ambos en plena campaña electoral. Lo tenían pensado desde entonces, pero eso no significa que hayan planeado la construcción de una base política de sustento para hacerlo viable, como resultó evidente antes de que el ministro terminara de leer su proclama. En octubre de 2000 la Primera Familia & Allegados dio un golpe palaciego con el propósito de robustecer la autoridad presidencial y tuvo que retroceder ante la conmoción que desató, renuncia vicepresidencial incluida. Pero entonces no estaba en cuestión la marcha de la economía y sus consecuencias sobre la sociedad sino el modo de encarar la crisis del Senado, lo cual además se reducía a la ubicación de algunas personas en el organigrama del Poder Ejecutivo. Ahora, en cambio, se abre a revisión la índole misma del gobierno, a un semestre de las decisivas elecciones de mediados del mandato presidencial. Si se toma al pie de la letra el mensaje de López Murphy, su primer objetivo era fortalecer la cohesión social. Lo alcanzó en forma instantánea, pero en contra de la línea elegida. El radical Arturo Frondizi en la década de 1950, el justicialista Carlos Menem en la de 1990, sufrieron desgajes de sus partidos cuando relegaron al rincón de los trastos sus respectivas plataformas electorales. Pero conservaron un núcleo central de adhesión que luego expandieron con nuevos aliados para asegurar mayorías legislativas y gobernabilidad. La reproducción de ese esquema estuvo en la mira de la Juventud Antoniana y sus socios, Santibáñes, Enrique Nosiglia, Crystian Colombo y Patricia Bullrich, que trabajaron para alejar al Frepaso y recomponer un esquema de gobernabilidad con otros socios más afines. Lo que no entraba en sus planes era que también un sector apreciable del radicalismo rechazara las medidas y abandonara los cargos, esa asombrosa infracción a la liturgia laica del partido de Yrigoyen. Esto dificulta el establecimiento de una nueva coalición de hecho con las fuerzas provinciales, los accionistas republicanos de Domingo Cavallo y/o el menemismo, lo cual abre un panorama de extraordinario dinamismo, conflictividad e incertidumbre, que da lugar a todo tipo de hipótesis. Cavallo estudia medidas por si lo llaman, la Alianza contempla convertirse en fuerza de oposición nacional mientras se mantiene en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobernador bonaerense Carlos Rückauf ha desempolvado su proyecto de crisis institucional y elecciones anticipadas.
A la confusión general contribuyen definiciones como las de Rückauf y Raúl Alfonsín contra los talibanes y el fundamentalismo del mercado. Es difícil imaginar una descripción menos apropiada para la concesión de rentas y quasi rentas a monopolios u oligopolios sin competencia, regulación, control ni límites institucionales. Desde la segunda presidencia de Menem, cuando concluyó la enajenación de activos públicos a precio vil y se rompió el acuerdo entre los distintos sectores del poder económico dominante, se instaló la disputa entre partidarios de la dolarización y de la devaluación. La dolarización es la meta de los nuevos propietarios de las empresas privatizadas (que así se garantizarían el valor de los activos fijos que adquirieron), y de los mayores bancos que actúan en la plaza local (que se fondean en el exterior y se pondrían a cubierto con el seguro cambiario y la renta financiera). Ese es el perfil de las mayores empresas que sostienen a la FIEL, en la que López Murphy y su viceministro Daniel Artana fueron economistas jefes. En junio del año pasado, cuando Machinea y el entonces vicepresidente Carlos Alvarez lanzaron el segundo ajuste, el economista norteamericano de origen argentino Guillermo Calvo dijo que nada que hicieran sería suficiente, quedebía asumir López Murphy y disponerse la dolarización de la economía. En el bando opuesto están quienes vendieron participaciones en las empresas privatizadas y con las ganancias obtenidas tomaron posiciones en sectores primarios de exportación y realizaron colocaciones financieras en dólares. Lo que ni unos ni otros contemplan es equilibrar las cuentas por un camino más afín al de la Carta a los Argentinos que llevó al gobierno a la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación: reducir el costo privado argentino revisando el cumplimiento de los contratos de los servicios privatizados; regular en forma rigurosa la prestación que brindan; suprimir subsidios al capital más concentrado; adoptar medidas en defensa de la competencia que pongan algún límite al precio de los combustibles; con una reforma tributaria equitativa y procompetitiva; atacar la extensión de la indigencia y la pobreza, lo que tendría, además, un efecto reactivador.
El ataque a las universidades nacionales, los docentes y las clases medias provinciales, reduciría a la UCR al mismo rol que el justicialismo desempeñó en la década pasada, cuando dejó a la intemperie a la clase obrera, malvendió las empresas estatales y desmanteló las redes de protección social tendidas por Juan D. Perón. Ambos partidos de origen popular fueron fundados, a fines del siglo XIX y a mediados del XX, como expresión del ascenso de sectores medios y bajos que reclamaban un lugar en la sociedad y cuestionaban la hegemonía oligárquica. Hoy, es precisamente por esos antecedentes que resultan los instrumentos escogidos para imponer a esos mismos sectores las líneas centrales del Consenso de Washington, que José Nun prefiere llamar Modelo de Wall Street, y que implica una regresión social de un siglo. Esta inversión de alianzas y significados es una perversidad que vacía de contenido la política y torna intercambiables a los partidos. No sólo entre ellos: también los indiferencia con las dictaduras y sus elencos. Menem entregó el manejo de la economía a Cavallo, quien había sido presidente del Banco Central del general Benito Bignone. Fernando De la Rúa acaba de encargar una nueva etapa en la mutilación del Estado a Manuel Solanet, uno de los colaboradores más próximos de José Alfredo Martínez de Hoz y Jorge Videla, cuando faltan pocos días para que se recuerde el 25º aniversario del último golpe militar. La remodelación quirúrgica de la sociedad argentina emprendida entonces ha sido exitosa, por más que sus ejecutores armados, como Bignone y Videla, estén hoy bajo arresto por algunos de los crímenes cometidos. Lo único que no doblegaron es la voluntad popular de resistencia, como quedó claro el mismo viernes por la noche.

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