Por
Cledis Candelaresi
Según aseguró
a Página/12 una alta fuente ligada a Fernando de la Rúa,
los decretos que disponen las medidas más drásticas del
ajuste anunciado el viernes por Ricardo López Murphy están
firmados, aunque no vigentes. Hasta su promulgación, si es que
ésta finalmente tiene lugar, el Presidente tendría tiempo
para buscar alternativas al bloque más impopular del paquete. Al
menos hasta ayer a la tarde, la prioridad oficial era encontrar una fuente
de recursos extrapresupuestarios para cubrir el Incentivo a los Docentes,
obligación de 660 millones que la Nación pretende transferirles
ya a las provincias. Alternativas que Domingo Cavallo evaluaba.
Esa transferencia (550 este año), al igual que el recorte en el
presupuesto de las universidades (361 millones), la eliminación
de la partida al interior para enseñanza terciaria (220 millones)
o la drástica reducción de los Aportes del Tesoro Nacional
(100 millones), son algunos de los puntos polémicos del último
menú económico que el Gobierno previó disponer a
través de decretos de necesidad y urgencia, eludiendo el debate
parlamentario y la previsible oposición de los legisladores.
Sólo en Educación, López Murphy previó un
ajuste superior a los mil millones de pesos este año. La magnitud
de este recorte en un área tan sensible y la oposición que
generó en el sindicalismo y en los gobernadores de la oposición,
transformó a la propuesta en políticamente inviable. Quizás
por eso el propio ex ministro de Economía ayer aseguró que
podría dar marcha atrás, aunque en la medida en que existan
otras propuestas que permitan ahorrarle al Tesoro ese desembolso.
Al menos hasta ayer a la tarde, De la Rúa buscaba cómo auxiliar
a las provincias en situación económica más crítica
para pagar el incentivo a los maestros, encontrando algún dinero
que estuviera fuera del presupuesto. Los técnicos próximos
al Presidente le advirtieron que sería una salida excepcional,
ya que la garantía de la Nación sobre ese adicional al sueldo
docente expira a fin de año. Después, una nueva ley de coparticipación
podría endilgar definitivamente esa obligación a los gobernadores.
En la Casa Rosada resurgió entonces una idea desechada poco tiempo
atrás, cuando la actual crisis aún no se avizoraba: privatizar
los juicios más avanzados de la Administración Federal de
Ingresos Públicos o, en otros, términos, vender esa cartera
judicial a una empresa o estudio que pueda aportar ya el efectivo que,
presuntamente, recuperará en un futuro.
De inmediato surgieron las dificultades técnicas, incluyendo la
oposición de la propia AFIP. Una es que esa tercerización
podría resultar inconstitucional. Otra, que difícilmente
permita recaudar lo que se necesita para cubrir aquel refuerzo al salario
de los educadores. Finalmente, los cobradores fiscales que hoy se ocupan
de ejecutar las demandas de la DGI no están dispuestos a resignar
sus honorarios, mayores según la rapidez con la que consigan recuperar
para el fisco el dinero de contribuyentes morosos.
Aquella alternativa, además, debería contar con el apoyo
expreso del futuro jefe de Gabinete, ya que la AFIP depende de él.
Si a ese puesto finalmente recalase Domingo Cavallo, quizás la
privatización de la crema de los juicios no le sonaría mal,
ya que está a tono con su propuesta de transferir al sector privado
toda la recaudación.
El tema de cómo sostener el ajuste eludiendo el colapso político
fue debatido entre el Presidente y los gobernadores durante la reunión
de ayer en Olivos, a la que los legisladores más afines a los temas
económicos -Jesús Rodríguez y Horacio Pernasetti,
entre ellos acudieron con la consigna de aportar ideas.
Si los decretos fueran promulgados, el Parlamento siempre tiene la posibilidad
de voltearlos votando una ley contraria. Pero, al menos por ahora, el
gobierno de De la Rúa podría gozar de la misma prerrogativa
que dispuso Carlos Menem para gobernar soslayando al Congreso: aún
no se creó la bicameral que debe avalar o rechazar estas normas,
concebidas como de excepción, capaz de derrumbar un DNU en forma
más expeditiva.
GUILLERMO
CALVO, DEL BID, APOYA AL DUO LM-MINGO
Como
la dupla Menem-Cavallo
Página/12
en Chile
Por
Raúl Dellatore
Desde Santiago
Guillermo Calvo,
hoy economista jefe del BID, había reclamado la incorporación
de Domingo Cavallo al gobierno de la Alianza antes que las autoridades
nacionales admitieran esa posibilidad. Pero condicionando su ingreso a
que Ricardo López Murphy fuera el ministro de Economía.
Hoy se muestra exultante con el advenimiento de la fórmula. En
una entrevista con Página/12, la comparó con la dupla Menem-Cavallo
y afirmó que hoy, como entonces aquéllos, López Murphy
y Cavallo se necesitan mutuamente destacó antes que
se produjera la renuncia del primero.
Obviamente, no lo sorprendió la incorporación de Cavallo
al Gobierno. ¿Qué consideración puede hacer sobre
la nueva situación?
En relación con la situación que teníamos el
viernes, es una muy buena noticia. Porque daba la impresión de
que López Murphy no iba a tener el apoyo político necesario
para que su programa fuera creíble, y el mercado iba a abrir muy
mal. No es obvio que sea así, pero lo veo como fue la asociación
entre Cavallo y Menem, que era una pareja que uno hubiera pensado, ex
ante, que no iba a funcionar. Esa pareja duró bastante porque se
necesitaban. En este caso también se necesitan. Obviamente, López
Murphy lo necesita a Cavallo para dar credibilidad a su plan. Y curiosamente
Cavallo también lo necesita a López Murphy por una cuestión
de credibilidad. A Cavallo hoy se lo percibe como una persona con ideas
más proactivas, no quiero usar la palabra intervencionista porque
no es correcto, pero quiere hacer políticas activas para alentar
la inversión, cosa con la que yo simpatizo. Creo que la Argentina
necesita eso. Pero es muy bueno que tenga al lado a una persona como López
Murphy, que le garantiza a la comunidad financiera que se van a hacer
las cosas dentro de un contexto de equilibrio fiscal.
¿Cómo se imagina que van a compatibilizar propuestas,
y en qué puede modificar el programa que lanzó López
Murphy?
El se ha comprometido a un recorte de 2 mil millones de pesos. Tal
vez se discuta un poco la composición de esa cifra. Luego de que
eso pase, luego de que le den los poderes que está pidiendo, creo
que Cavallo, con el dinamismo que lo caracteriza, va a empezar muy rápidamente
a hablar de otras reformas, de otras medidas. Que mientras estén
los dos juntos, yo estoy seguro de que van a ser medidas compatibles con
el equilibrio fiscal.
Las facultades extraordinarias que pidió el presidente De
la Rúa en su mensaje, ¿cómo las interpreta desde
el punto de vista político y económico?
Bueno, no sé desde el punto de vista político. Pero
desde el punto de vista económico da mucha seguridad, mientras
se mantenga esa dupla. No tenga dudas que de aquí a un año
se van a estar tomando medidas perfectamente razonables y rápidas.
No podemos perder el tiempo, lamentablemente, ahora. Hay que hacerlas
rápido, porque el mercado nos come.
No hace mucho tiempo, Carlos Chacho Alvarez pedía
la incorporación de Cavallo al Gobierno. Hoy, Cavallo es el que
pide el ingreso de Alvarez y el Frepaso a la coalición de Gobierno.
¿Se animaría a hacer una lectura económica de este
cambio de roles?
Vea, cuanto más amplio sea el apoyo que tenga este equipo,
mejor. Pero hay que tener cuidado de que el apoyo no se interprete como
una vuelta atrás en alguna reforma. Eso es todo.
¿Usted considera que era necesario el cambio en el color
político de la coalición de Gobierno?
No sé si va a ser de otro color político. Va a ser
de más estabilidad política. Porque la verdad es que la
política (económica) es la misma que se quería seguir
antes. No es que estemos cambiando de rumbo.
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