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Por
Victoria Ginzberg
 Eduardo
Elpidio Lardies fue secuestrado el 28 de noviembre de 1976 en el Hipódromo
de Palermo, donde trabajaba. El 5 de agosto de 1977 fue detenida en su
domicilio Delia Barrera. Antes de pasar por la ESMA, Mario Villani estuvo
en los centros clandestinos “Club Atlético”, “El
Banco” y “El Olimpo”. Rufino Almeida fue llevado a “El
Banco”. En “El Olimpo” a Jorge Paladino le dijeron que
era “un desaparecido más”. Estas cinco personas, miembros
de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, fueron víctimas
de Julio Simón (a) “El turco Julián” y Juan Antonio
Del Cerro (a) “Colores”. Ayer se presentaron ante el juez federal
Gabriel Cavallo para pedirle que extienda a sus casos la causa criminal
contra ambos represores. Es la primera presentación judicial que
se hace como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad
de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
El 6 de marzo Cavallo anuló las normas que clausuraron los juicios
por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura
–menos en los casos de apropiaciones de menores–. Pero hasta
ahora la decisión del magistrado sólo es válida para
las desapariciones de José Liborio Poblete y Gertrudis Hlaczik,
secuestrados por la patota de El Olimpo en noviembre de 1978. Por ese
caso fue indagado el viernes Simón y hoy deberá responder
Del Cerro. Ambos están presos por el robo de la hija de Poblete
y Hlaczik, Claudia Victoria, que tenía ocho meses cuando fue secuestrada
con sus padres.
La presentación de los miembros de la Asociación de Ex Detenidos
Desaparecidos aspira a que la investigación de Cavallo se amplíe
a los centros clandestinos Garaje Azopardo, Club Atlético, El Banco
y Olimpo. Los denunciantes aseguraron que “todos estos sitios estaban
localizados en construcciones controladas por el Ejército, la Policía
Federal y el Servicio Penitenciario y dependían del Primer Cuerpo
de Ejército” y que fueron utilizados por el grupo de tareas
en el que actuaban Simón y Del Cerro. Durante 1976 estos represores
llevaban a sus víctimas a Garaje Azopardo. En enero de 1977, el
lugar fue reemplazado por el Club Atlético, que funcionó
hasta el 28 de diciembre del mismo año. Luego y hasta el 16 de
agosto de 1978 se instaló El Banco y finalmente El Olimpo cumplió
la función de centro de tortura y muerte hasta enero de 1979. “Cuando
se decidía el desmantelamiento del campo, los secuestrados que
allí se encontraban y que no eran liberados ni ‘trasladados’
eran llevados al centro siguiente que se montaba. Así ocurrió
con Mario Villani”, se detalló en la presentación.
En la denuncia, los cinco sobrevivientes de la dictadura contaron sus
secuestros, denunciaron a sus captores y aportaron datos sobre personas
vistas en los centros clandestinos que permanecen desaparecidas. Los acusados,
además de “Colores” y “El Turco Julián”
son: Andrés Aníbal Ferrero –segundo comandante del
Primer Cuerpo de Ejército desde diciembre de 1977 a febrero de
1979–; Juan Carlos Avena, alias “Capitán Centeno”;
Gustavo Eklund, Raúl Antonio Guglielminetti, Guillermo Antonio
Minicucci y el ex general Carlos Guillermo “Pajarito” Suárez
Mason.
Lardies narró en el escrito que en Garaje Azopardo vio a Simón
que, junto a otra persona, llevaba y traía a la rastra de la sala
de torturas a Rodolfo Prestipino. Barrera recordó al mismo represor
como quien “le introdujo la cabeza dentro de una pileta llena de
agua y la retuvo allí por un tiempo prolongado” y en otra
oportunidad “le pegó con una cadena”. La mujer describió
a El Turco Julián como una persona que “siempre lucía
en su pecho una cruz esvástica y tenía un odio acérrimo
hacia los detenidos con apellidos de origen judío, a los que privilegiaba
para golpear y torturar”. Sobre Del Cerro relató que “se
jactaba de que cuando él torturaba, los secuestrados veían
todos los colores”. Villani nombró a Simón como “alguien
muy sanguinario”, quien “en momentos de furia o cuandonecesitaba
desahogar sus instintos vio sacar gente fuera de las celdas y agarrarla
a cadenazos en los pasillos”.
Los cinco ex detenidos, representados por Luis Zamora, le pidieron a Cavallo
que se hiciera cargo de sus casos porque sus secuestros y torturas “fueron
perpetrados por los mismos sujetos” que participaron en la desaparición
forzada del matrimonio Poblete “en forma simultánea y a veces
en distinto tiempo, pero con claro acuerdo entre los autores”. El
magistrado, que viajará hoy a España invitado por la Asociación
Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid y se entrevistará con
el juez Baltasar Garzón, estudiará si se hace cargo de esta
denuncia por “conexidad” con el caso Poblete o si la envía
a la Cámara Federal, que tiene el expediente del I Cuerpo de Ejército,
para que el tribunal superior decida si él es competente.
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