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Por
Horacio Cecchi
 Ambos
se conocieron en Caseros, en el viejo penal ahora en desuso. Los códigos
carcelarios y los guisos afianzaron su amistad. Uno tiene libertad condicional
y el otro, en libertad, aguarda el juicio. Ambos fueron conocieron la
ley del lado del mostrador de la justicia: Roberto Schlagel fue secretario
del ex juez federal de Dolores, Hernán Bernasconi, hasta que el
caso Coppola II lo condenó a 8 años de prisión. Carlos
Branca fue juez de instrucción y por poco tiempo magistrado federal,
hasta que un ex combatiente de Malvinas lo denunció por proteger
a contrabandistas. Fue destituido por el Senado y detenido hasta que logró
su excarcelación y aún aguarda la fecha del debate oral.
Los dos se declararon inocentes, víctimas de una asonada política,
de maniobras en su contra. Ahora, ambos son socios letrados en un caso
de extorsión de cinco policías contra un comerciante. El
caso es conocido por el nombre de pila de la víctima: Desiderio.
Schlagel y Branca no representan a Desiderio sino a uno de los policías.
Desiderio es sólo el nombre del comerciante. Su apellido se mantiene
en reserva. Chaqueño, dueño de una gomería y un bolichito
en Glew, padre de 11 hijos, Desiderio regresaba a su casa en su camioneta
con su hijo de 3 años, el 11 de abril del año pasado, cuando
fue interceptado por dos policías de civil de la 30ª, de Constitución
y trasladado a la seccional donde, sopapos mediante, le exigieron colaborar
con 2 mil pesos.
Los abogados de Desiderio, María del Carmen Verdú y Daniel
Stragá, de la Correpi, presentaron la denuncia. Dos días
después, un operativo con cámara oculta incluida terminó
con la detención de cinco policías: el subcomisario Edgardo
Cejas, el subinspector Mario Machado, el sargento Domingo Castiglione,
el cabo primero Roque Mona y el cabo Jorge Fernández. Tras la indagatoria,
los cinco pasaron a hospedarse en el penal de Caseros, en el pabellón
especial destinado a funcionarios judiciales y fuerzas de seguridad. Estuvieron
allí hasta las postrimerías del año y de la vida
del penal, cuando todos debieron mudarse a la nueva UP 2 de Marcos Paz.
Allí permanecen aún hoy, a la espera del juicio oral.
Los cinco compartieron días y horas con una diversidad de camaradas
de fuerza y funcionarios judiciales. Entre ellos, el ex secretario de
Bernasconi, Roberto Schlagel, que cargó parte de la fama de su
ex jefe en diversas causas trabajadas en Dolores, como las de Guillermo
Coppola y Alberto Tarantini. En la primera como secretario instructor.
En la segunda, en el banquillo de los acusados, junto al ex terceto de
elite de la Bonaerense, Tony Gerace, Daniel Diamante y Carlos Gómez.
En su extenso alegato –llevó 19 minutos–, Schlagel apeló
a los sentimientos del tribunal al reconocer que “lo más difícil
es arrastrar el estigma de estar preso porque nadie cree en mis dichos”.
Después pidió lisa y llanamente su absolución aunque
reconoció: “Yo ya perdí”. Su pedido de absolución
fracasó y los 19 minutos de alegato sólo le sirvieron para
reducir el pedido de condena del fiscal, de 8 años y 9 meses a
8 años.
Durante su estancia en Caseros previa al juicio, mientras preparaba pastas
al dente o algún guiso, Schlagel se fue haciendo amigos: los ex
jueces Carlos Branca y Carlos Wowe. “Excelentes personas”, los
definió alguna vez. Con Branca no sólo compartió
los sinsabores de un guiso: a ambos quisieron apuñalarlos delincuentes
condenados cuando militaban del otro lado del mostrador.
Carlos Jorge Branca, ex juez federal, fue acusado en febrero del ‘97
de proteger a contrabandistas, en causas colaterales a la de la Aduana
paralela. El 27 de diciembre del ‘97, después del jury ante
el Senado, cruzó los umbrales de Caseros, hacia dentro, para comer
pastas, guisos y ganar un amigo: Schlagel. A comienzos del ‘98 los
dos amigos se separaron: Branca pasó a una celda del edificio Centinela,
de la Gendarmería, y Schlagel siguió haciendo guisos en
Caseros. El 29 de octubre del ‘98, Branca logró la libertad
bajo fianza de 30 mil dólares. Su caso fueelevado a juicio bajo
la calificación de asociación ilícita y contrabandos
agravados reiterados. Aún aguarda que se resuelva el diferendo
entre el fuero penal económico y el penal, que determine qué
tribunal llevará adelante el juicio.
El sargento Castiglione no conoció a Schlagel en Caseros, pero
seguramente degustó las pastas al dente del ex secretario de Bernasconi,
en el módulo dos de Marcos Paz. Fue un tiempo breve, aunque se
sabe, en la cárcel las horas duran siglos. El 2 de febrero pasado,
cuando Schlagel cruzó la puerta del penal para quedar en libertad
condicional, Castiglione perdió un cocinero, pero ganó un
letrado. Sus dos abogados, Valverde y Terragni, acababan de renunciar
y convocó a Schlagel. Y éste, en su primer caso como abogado
desde hace años, pero con los códigos de adentro aún
frescos, trajo consigo a su amigo Branca.
Ninguno con problemas ante la justicia –Schlagel cumplió condena,
y Branca es inocente hasta que se demuestre lo contrario–. Ninguno
con imposibilidad de ejercer como letrados, pese a pequeños problemitas
inconducentes y formales: Schlagel no pagó las matrículas
anuales del ‘92, ‘93 y ‘94, hasta que el Colegio de Abogados
amagó con un juicio y canceló la deuda. Hoy está
al día. Branca adeuda 84 pesos del 2000 y 78 del presente ciclo,
pero la deuda no inhabilita hasta la tercera matrícula impaga.
Junto a ellos, en el juicio y representando a Machado y Mona, estará
Mariano Cúneo Libarona, apenas con 40 días entre rejas en
el ‘97, cuando por sus manos había pasado un video de la causa
AMIA que alguien había robado del juzgado de José Galeano.
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Dos
destinos unidos tras las rejas
Roberto
Schlagel.
Roberto Schlagel conoció la fama mientras era secretario
y mano derecha del ex juez federal de Dolores, Hernán Bernasconi,
el magistrado que encarceló al ex futbolista Alberto Tarantini
y al manager de Diego Maradona, Guillermo Coppola, por tenencia
y tráfico de drogas. Cuando Tarantini salió en libertad,
presentó una querella por falsa acusación contra el
magistrado, su secretario y los policías que habían
colaborado reuniendo evidencias: Daniel Diamante, Antonio Gerace
y Carlos Gómez. A esa querella se le sumó, meses después,
la de Coppola, que fue sobreseído. Schlagel fue detenido
en mayo de 1997, acusado de asociación ilícita, privación
ilegítima de la libertad, falso testimonio y violación
de los deberes de funcionario público, entre otros delitos.
Durante el juicio oral señaló que, durante los dos
años que llevaba detenido, ya había “perdido
mucho”, y pidió la absolución como “reparación”
por tanto sufrimiento. El tribunal no lo escuchó: fue condenado
a ocho años de prisión. El 2 de febrero de este año
quedó libre, por la ley del dos por uno.
Carlos
Branca.
El ex juez federal Carlos Branca cayó en desgracia en
febrero de 1997, tras ser señalado por su colega Guillermo
Tiscornia como protector de una banda de contrabandistas que operaba
en el puerto de Buenos Aires y en el Aeropuerto de Ezeiza, en la
causa que se conoció con el nombre de “aduana paralela”.
El principal elemento que involucró a Branca lo aportó
un ex combatiente de Malvinas e integrante de la banda, Marcelo
Paolini, que reveló las actividades del grupo ante la comisión
de legisladores que investigaban el caso, y participó de
una cámara oculta que terminó de hundir al juez. El
juicio político que el Congreso le había iniciado
en diciembre de 1997 a quien fuera señalado como uno de los
jueces “de la servilleta” de Corach terminó en
destitución. El 27 de ese mes, tras declarar ante el magistrado
Jorge Brugo, Branca quedó detenido, acusado de los cargos
de “asociación ilícita y contrabando”. El
ex juez estuvo preso casi un año, y el 28 octubre de 1998
obtuvo la excarcelación. El juicio oral en su contra aún
no tiene fecha de inicio.
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LAS
IDAS Y VUELTAS DE LA CAUSA
Demoras
sospechosas
Por
H.C.
 En
noviembre, el caso Desiderio entró en una zona oscura cuando se
internó en las comidillas internas de Tribunales: se produjo un
sorprendente cruce de denuncias entre dos abogados de los policías,
la fiscal y los jueces. Los letrados acusaron al tribunal de ejercer un
apriete, comunicado supuestamente por boca de la fiscal. El tribunal elevó
la denuncia a la Procuración General y se inhibió de seguir
entendiendo en el caso. Fuentes judiciales consideran la hipótesis
de que todo consistió en una maniobra de los abogados para justificar
la recusación de la fiscal. De todos modos, el caso Desiderio cambió
de tribunal y aguarda fecha para el debate.
La confusa historia comienza en noviembre del año pasado, cuando
la fiscal Diana Goral citó a los defensores y sus defendidos para
proponerles un juicio abreviado, o sea, que ellos reconocieran su culpabilidad
a cambio de fijar penas menores dentro del rango de penas establecidos
por la ley. Ninguno aceptó. Hasta ese punto todo es cristalino
y legal. Pero el 6 de diciembre, los abogados Arditti (de Edgardo Cejas)
y Terragni (de Domingo Castiglione) se presentan ante el tribunal 6 para
denunciar que la fiscal los había apretado: o aceptaban el juicio
abreviado o los jueces elevarían sus condenas, incluyendo un vocal
que ya tenía escrita su sentencia.
El secretario del tribunal, Alejandro Noceti Achával, labró
un acta, que no fue firmada por los abogados. El acta fue elevada a la
Procuración. A su vez, el 15 de diciembre, Terragni desmintió
que hubiera estado reunido con la fiscal. El tribunal pidió que
aclare: sorprendentemente, Terragni y Arditti confirmaron su denuncia,
algo refaccionada. A todo esto, Goral presentó su propia denuncia,
ante la fiscalía 25. La situación del tribunal se hizo poco
menos que insostenible: si condenaban, las defensas bramarían que
las sentencias estaban redactadas de antemano. Si absolvían, la
querella denunciaría un arreglo. “Violencia moral de tal magnitud”,
describieron los jueces y se inhibieron.
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