Los presidentes de 12 clubes de fútbol de la Capital, entre ellos Boca, River, San Lorenzo, Huracán y Vélez, comenzarán a desfilar hoy por el despacho del juez de Instrucción, Mariano Bergés, que investiga presuntas irregularidades en el servicio que presta la Policía Federal para garantizar la seguridad en los estadios. El secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, declinó responsabilidad en el tema, al declarar ayer ante el juez que son estrictamente los clubes y los comisarios los que acuerdan la cantidad de efectivos para cuidar el orden en los partidos, limitando la competencia del Gobierno a su participación en el Comité de Fútbol que determina el grado de riesgo de los cotejos.
El juez Bergés investiga un posible fraude con los servicios adicionales de policía en las canchas, que consistiría en enviar menos agentes que los acordados, pero cobrando por la cantidad original de efectivos, según las denuncias.
Entre los convocados por el Juzgado de Instrucción aparecen, además de Boca, River, San Lorenzo, Huracán y Vélez, los titulares de Argentinos Juniors, Ferro Carril Oeste, Excursionistas, Defensores de Belgrano y Nueva Chicago, entre otros. Los dirigentes declararán como testigos y deberán informar sobre los detalles de la operatoria mediante la cual gestionan los servicios adicionales de seguridad toda vez que sus equipos juegan como locales.
La semana pasada, el juez allanó una dependencia policial tras comprobar en un procedimiento realizado tras el clásico San Lorenzo-Huracán que se habían destinado 660 agentes al operativo, pero concurrieron 156 menos de lo previsto. Tras esa comprobación, la Policía Federal reintegró a San Lorenzo la diferencia, unos 9 mil pesos.
Las sospechas de Bergés de que esa diferencia entre lo percibido y el servicio efectivamente prestado era entregada a personal jerárquico motivó ya la indagatoria de tres comisarios, cuya situación procesal se resolverá en estos días. Un comisario involucrado en la causa habría reconocido que los fondos obtenidos eran destinados a una caja adicional, para proveer de comida a los agentes. Curiosamente, el juez Bergés libró un pedido hace tres semanas al titular de la Federal, Rubén Santos, pidiendo informes sobre esa caja adicional; Santos jamás respondió.
Como, de acuerdo con su cargo, Mathov tiene jerarquía de superior de los servicios policiales destinados a los partidos, fue citado a testimoniar. Sin embargo, el funcionario declaró que la contratación de los servicios adicionales –los que se ocupan de la seguridad dentro del estadio– que están bajo investigación se producen mediante una negociación directa entre los clubes y las comisarías.
Mathov explicó que el Comité de Fútbol que funciona en su área “es el que determina el grado de riesgo de los partidos, entre alto, medio y bajo”. Y a partir de esa calificación “son los clubes los que acuerdan con los comisarios la cantidad de efectivos que se necesitan”.

DIEGO CRITICO AL GOBIERNO
Castrilli contra Maradona

Diego Maradona no para de meterse en problemas. Al tiempo que criticó al Gobierno por la crisis política del país, se supo que el ex árbitro Javier Castrilli, ahora responsable de la seguridad en espectáculos deportivos de la gobernación bonaerense, lo querelló por presuntas injurias: el astro habría calificado a Castrilli de “soberbio” y “payaso”.
“Con mucha facilidad se nombra a un ministro y luego se va. Nos están tomando el pelo, es triste –opinó Maradona–. Hacen lo que se le cantan los huevos, ésa es la verdad. ¿Y la gente, qué? La gente se caga de hambre. ¿A qué estamos jugando, a la cambiadita? La memoria del argentino es muy frágil. A (Domingo) Cavallo lo queríamos matar hace poco, y ahora... Cavallo es la mano derecha de los americanos”, señaló el ex jugador.
Castrilli presentó un escrito ante el Juzgado Correccional a cargo de la jueza Ana Bulacio, en el que reprodujo declaraciones atribuidas a Maradona. “En la Argentina te hacés el honesto, juntás en una conferencia de prensa más de diez periodistas y te dan un cargo político. Es una vergüenza, lo meten (a Castrilli) como el que va a impartir orden como lo hacía en la cancha y en la cancha era un payaso”, habría dicho el astro, que mantiene un entredicho con el ex árbitro desde 1996, cuando éste lo expulsara en un polémico Boca-Vélez, que luego derivó en la conquista del título por parte del equipo de Liniers.
Si no concilian, la causa se dirimirá finalmente en juicio oral y público, y Maradona podría ser condenado a una pena de un mes a un año de prisión o una multa de 1500 a 90.000 pesos.

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