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Por Adriana Meyer
 Aunque no significa un impedimento
para su asunción en el cargo, uno de los flamantes integrantes
del gabinete tiene una causa abierta en la Justicia. El ministro de Infraestructura
Carlos Bastos fue procesado por defraudación y abuso de autoridad
durante su gestión como secretario de Energía de la Nación.
El juez Gabriel Cavallo consideró que cometió esos delitos
al autorizar un aumento de los sueldos del directorio de una empresa estatal,
en violación a una resolución que había firmado su
jefe de entonces, Domingo Cavallo, durante su primer período al
frente del Ministerio de Economía. La Cámara Federal decidirá
en los próximos días sobre la apelación que presentaron
los abogados de Bastos.
En septiembre de 1994, los directores de Nucleoeléctrica Argentina
Sociedad Anónima (NASA), Agustín Blanco, Eduardo Parizzia,
Oscar Quihillalt y Julio Ceballos, que hasta entonces cobraban 6500 pesos
por mes, se asignaron un ingreso de 11.000. Bastos les habría advertido
que no podían hacerlo, pero finalmente refrendó la decisión,
aunque estaba vigente la resolución 1117/92 firmada por Cavallo
que establecía un tope de 6500 pesos para remuneraciones de directores
de empresas del Estado.
NASA es un desprendimiento de la CNEA (Comisión Nacional de Energía
Atómica) para operar las centrales nucleares de Atucha y Embalse.
Fue creada como sociedad anónima por la Ley de Emergencia Económica,
su único accionista es el Estado y, por eso, el juez entendió
que sus directores son funcionarios públicos aunque argumenten
lo contrario. Cavallo calculó que el sobresueldo cobrado por los
cuatro imputados durante 4 años produjo un perjuicio al erario
de casi 320 mil pesos.
El primer procesamiento dictado por Cavallo, en agosto de 1999, fue revocado
por la sala I de la Cámara Federal, que le ordenó realizar
una consulta con la SIGEN. El juez cumplió la medida e insistió
con su decisión anterior. Ahora, ante la nueva apelación
del abogado de Bastos, Carlos Caride Fitte, los camaristas se disponen
a resolver sobre el asunto. Uno de los argumentos del defensor es que
la resolución de Cavallo sobre el tope salarial no abarcaba a la
NASA.
La legislación vigente posee una contradicción y un vacío:
una persona con un procesamiento o una condena no puede asumir como ordenanza
en una repartición pública, pero sí está habilitada
para ser ministro, secretario o subsecretario de Estado, o jefe de un
ente descentralizado. La inhabilitación no rige para los cargos
superiores o políticos, salvo que el tribunal que emitió
la condena haya establecido expresamente la prohibición para desempeñar
funciones. La Ley de Etica Pública no dice nada al respecto y tampoco
existe una norma que regule ese y otros aspectos de la actividad de los
funcionarios políticos.
Bastos –ingeniero, 51 años, cordobés– proviene
de la Fundación Mediterránea, fue secretario de Energía
entre 1992 y 1996. Llevó adelante las privatizaciones de SEGBA
y Gas del Estado. Estuvo a cargo de EPEC (eléctrica de Córdoba)
desde que asumió José Manuel de la Sota hasta mediados de
2000. Luego se incorporó a la norteamericana Enron hasta hace un
mes. Tiene una consultora especializada en temas energéticos.
COMUNICADO
DE LA COMISION EJECUTIVA DEL EPISCOPADO
“Los pobres vuelven a ser víctimas”
Por Washington
Uranga
La Comisión Ejecutiva
del Episcopado que encabeza el arzobispo de Paraná, Estanislao
Karlic, emitió un comunicado “ante la gravedad de la situación
argentina y el desconcierto que ella provoca” en el que pide que
“enfrentemos esta prueba con grandeza espiritual y seamos capaces
de renunciar con coraje y generosidad a intereses personales y sectoriales
para buscar todos juntos, con la ayuda de Dios, el bien común”.
Karlic pidió a sus colegas obispos que convocaran a los fieles
“a la oración por el trabajo y la justicia, por la solidaridad
y la paz en nuestra patria”. Por su parte los religiosos denunciaron
que “los más pobres vuelven a ser las primeras víctimas”
en estos momentos “de desesperanza e incertidumbre” y señalan
que “ante las perspectivas de nuevas medidas para salir de la crisis
que nos agobia, queremos manifestar nuestro pensamiento y reforzar nuestra
presencia al lado de los que más sufren”.
Los religiosos y las religiosas, que suman 12.065 en todo el país,
según las estadísticas elaboradas por la agencia católica
AICA, constituyen uno de los sectores más dinámicos de la
Iglesia argentina y se cuenta entre los que mayor compromiso mantienen
con los pobres y con aquellos que padecen dificultades. “Las recetas
que se vienen proponiendo desde hace años insisten en descargar
el peso de los ajustes sobre la parte más débil de la sociedad:
los hombres y mujeres con menos recursos, la educación de la mayoría
de la población, la salud pública, los trabajadores y los
desocupados.”
Por su parte, la Conferencia Argentina de Religiosos y Religiosas (Confar),
un organismo católico que representa a las congregaciones y órdenes
religiosas (sacerdotes, hermanos y monjas) que trabajan en el país,
sostuvo que “los llamados a la unidad nacional sólo tendrán
sentido y futuro si se hacen de cara a la verdadera crisis que vivimos:
la de una sociedad excluyente y fragmentada, sustentada en políticas
que favorecen minorías –xconsideradas intocables– que
evaden su responsabilidad social”.
El comunicado de Confar advierte que “la educación y la salud
no son una mercancía ni han de considerarse un simple gasto a recortar,
sino un derecho que el Estado democrático debe garantizar y que
la sociedad en su conjunto debe defender”. Por esta razón
los religiosos católicos insisten en que “urge buscar caminos
que fortalezcan la democracia, haciendo más legítima la
representatividad, a través de la participación, la escucha
de las demandas sociales de las mayorías y el respeto efectivo
de los compromisos electorales”.
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