Por Felipe Yapur y David Cufré

Negociando hasta último momento y concediendo la posibilidad de desdoblar el proyecto original de la ley de Competitividad, que envió al Parlamento el superministro de Economía, Domingo Cavallo, la Cámara baja se aprestaba a votar, al cierre de esta edición, la polémica norma. El oficialismo descontaba la aprobación de los diez primeros artículos del proyecto, que son los que imponen el nuevo impuesto a las operaciones en cuenta corriente. Las facultades especiales pedidas por Domingo Cavallo se tratarán recién el miércoles que viene, previo pase por comisión.
La sesión empezó a las 22.30 pero no fue porque los legisladores hayan estado de brazos cruzados. Desde temprano se sucedieron interminables reuniones que abarcaron toda la jornada. Dos coincidencias signaron el día: las divisiones internas en cada bloque y el acuerdo de todos ellos de no votar –al menos ayer– las facultades especiales requeridas por Cavallo.
El principal escollo fue el artículo 11, que le otorgaría al Ejecutivo por un año la posibilidad de decidir la centralización de entes autárquicos, modificar la Ley de Ministerios y, lo más resistido, la potestad de modificar los convenios colectivos de trabajo. Sólo este punto llevó a los bloques a discutir horas.
El Frepaso: Prefirió debatir fuera del Parlamento. La mesa de conducción trasladó a sus integrantes a la Casa del Frente. Allí los esperaba Carlos “Chacho” Alvarez. Tras analizar artículo por artículo, el ex vicepresidente “coincidió” con la mayoría de sus legisladores en votar sólo hasta el artículo 10 (ver asimismo página 9). Los argumentos de Chacho y de los integrantes de la mesa de conducción no convencieron a los “rebeldes” para acompañar los primeros diez artículos de la norma. “Están demasiados encolumnados con Cavallo y nosotros no lo aceptamos”, aseguró a este diario Jorge Giles.
La UCR: La situación en el radicalismo tampoco fue cómoda. El presidente de la Cámara, el delarruista Rafael Pascual, se negaba terminantemente a modificar una coma del proyecto de ley: “El Presidente la necesita. Estamos en una situación crítica y no podemos jugar con fuego”, repitió ante cada pedido de alteración formulado por sus correligionarios. Mientras Pascual resistía, el titular del bloque radical, Horacio Pernasetti, negociaba junto al frepasista Darío Alessandro en la Jefatura de Gabinete (ver nota aparte). El debate era intenso. Los opositores más duros al proyecto eran la docena de legisladores que responden al ex ministro del Interior, Federico Storani. Una de las que llevó la voz cantante fue la bonaerense Margarita Stolbizer quien, junto a Carlos Iparraguirre, intentó frenar la intención de votar a libro cerrado el proyecto tal cual estaba escrito. “La delegación de facultades no puede ser un cheque en blanco. Debe, en todo caso, ser absolutamente limitada”. A los storanistas se les oponían los oficialistas José Dumón y Juan Carlos Passo. Este último dijo con marcado tono alarmista: “Estamos al borde del abismo. Si no hay ley el Presidente renuncia”, dijo casi a los gritos. “Esa es una operación del grupo Sushi. Eso lo tiró Antonio de la Rúa”, le respondieron. Las versiones sobrevolaron el bloque, algunos juraban haber visto a Raúl Alfonsín en el Congreso reunido con los legisladores que le responden. En teoría el ex presidente “los convencía de no votar el proyecto”. Nadie pudo confirmar ese relato.
Finalmente, los ánimos radicales se calmaron cuando llegó Pernasetti con la novedad: “Se acordó desdoblar la ley”. Fin del debate interno, que insumió horas y a esperar el llamado a sesión.
El PJ: También en el justicialismo la sangre estuvo a un tris de llegar al río. Quienes más se resistían a conceder poderes especiales eran losdiputados sindicales como Alfredo Atanasof, Graciela Camaño y Gerardo Martínez: “No podemos darle poderes al Mingo. Ustedes deben recordar lo que fue cuando estaba con (Carlos) Menem”, dijeron. En cambio el grupo de los ex gobernadores –entre los que militan el sanjuanino Jorge Escobar y el misionero Ramón Puertas– y algunos menemistas como Daniel Scioli, les respondían que era imposible “negarnos a ayudar al señor presidente si esos poderes hasta se los dimos a Menem”, se justificaban. Mientras tanto, el jefe del bloque, Humberto Roggero, negociaba intensamente con los radicales y frepasistas el desdoblamiento del proyecto y buscaba con desesperación el consenso de su bloque para evitar la ruptura. Por ello consideró como oportuna la idea de Martínez de convocar a la cúpula de la CGT oficial que, presurosa, llegó hasta el Parlamento para frenar la intentona acuerdista. Los gordos fueron claros: “No cuenten con nosotros para acompañar el proyecto oficialista. Cavallo quiere hacer mierda los convenios colectivos de trabajo. ¿Eso piensan bancar? ¿Piensan apoyar poderes especiales y que después les cierren el Congreso?”, los cruzó con dureza Rodolfo Daer. En definitiva, los peronistas acordaron impulsar el desdoblamiento del proyecto más algunas agregados justo en el momento en que regresaban los oficialistas de la Jefatura de Gabinete con la buena nueva.
La sesión. Bien entrada la noche, comenzó la sesión. El miembro informante por parte de la Alianza fue el mendocino Raúl Baglini, quien sin hacer una defensa irrestricta del proyecto, lo justificó a través de un análisis de la situación económica internacional. “Son públicas las dificultades del país pese a los esfuerzos del gobiernos para reactivar la economía”, dijo para agregar que “hubo factores de inestabilidad que produjeron los mercados emergentes como Turquía, que llevó a que el mundo empiece a hablar del efecto Argentina. Frente a este contexto exterior el gobierno amplió el frente en lo político para reforzar las líneas centrales de su economía y lograr la reactivación”. Pero Baglini no olvidó la segunda parte del proyecto, el que posibilita los poderes especiales, y aseguró que “ésta es inescindible de esta primera parte de medidas”. No hubo aplausos ni felicitaciones. Fue allí que el presidente de la Cámara baja, Rafael Pascual, le otorgó la palabra al justicialista Oscar Lamberto. El justicialista la emprendió con dureza: “Estamos votando un impuesto por la irresponsabilidad del gobierno que dilapidó en un año el capital político que le dio la gente”, indicó para luego advertir que “la gente es la que va a pagar el error de De la Rúa”. Y con oratoria fogosa comparó a De la Rúa con Luis XVI (“un rey al que no le gustaba gobernar”) que delegó todo su poder a su ministro de Economía Turgot. Y remató “el ministro murió de viejo, pero al rey lo guillotinaron” sugiriendo con alguna sutileza un futuro escenario ominoso. Más allá de los ejercicios retóricos Diputados se encaminaba al cierre de esta edición a aprobar el proyecto impositivo de Cavallo, quien dio así un paso al frente. Pero las facultades especiales quedaron stand by, a la espera de una discusión seguramente más densa y larga.

UN DIA DE NEGOCIACIONES PARA CONVENCER A LOS DIPUTADOS
Más que un equipo, una fuerza de tareas

Por D.C.

El debate de fondo, el de mayor trascendencia en este momento, es qué pasará con los superpoderes que exige Domingo Cavallo. Las posturas iniciales de los bloques de diputados del radicalismo, el Frepaso y –sobre todo– el justicialismo fueron ayer denegar de plano las atribuciones especiales. “No le podemos dar un cheque en blanco a nadie”, fue el discurso compartido por los legisladores en una primera instancia. “La Constitución dice taxativamente que delegar la suma del poder público es propio de infames traidores a la patria”, fue la postura más extrema, sostenida por los díscolos del Frepaso, los socialistas y la mayor parte del bloque del PJ. Las negociaciones para torcer la negativa parlamentaria fueron incesantes y generaron una tensión mayúscula. Mientras los jefes de las bancadas del radicalismo, Horacio Pernasetti, y el Frepaso, Darío Alessandro, iban y venían del Congreso a la Jefatura de Gabinete, adonde estaban Chrystian Colombo y los representantes de Cavallo, Armando Caro Figueroa y Horacio Liendo, la CGT llegó a plantear que es preferible la renuncia del ministro a soportar “un golpe mortal a la democracia”.
La controversia fue imposible de resolver ayer. Por tanto, la Alianza y el justicialismo terminaron acordando desdoblar la “ley de Competitividad”. Al cierre de esta edición la Cámara baja se aprestaba a dar media sanción a los artículos que van del 1º al 9, por los cuales se crea el impuesto a las transferencias financieras y se prohíbe que todos los pagos mayores a 1000 pesos puedan realizarse en efectivo (ver página 2). La pelea por los superpoderes, que constituyen el corazón de la ley, quedó sin resolución y seguirá librándose hoy. El justicialismo se apuró en elaborar un informe donde se puntualiza qué está en juego con la concesión de facultades extraordinarias a Cavallo. Quedaría habilitado para tomar las siguientes medidas:
Privatización de las universidades y de la educación pública.
Privatización del Banco Nación, la AFIP y la Aduana.
Modificar las leyes previsional, laboral, de la seguridad social, de tarjetas de crédito, de defensa del consumidor y de entidades financieras.
Intervenir los colegios profesionales (de abogados, contadores, médicos ingenieros, etcétera.)
Poner activos del Estado como garantía del pago de la deuda.
Modificar los códigos Civil, de Comercio y Aduanero.
Derogación del estatuto del empleado público y estatutos especiales.
La conducción de los bloques radical y del Frepaso, junto a Colombo, Caro Figueroa y Liendo buscaron la forma de llegar a un acuerdo que permita satisfacer el reclamo de Cavallo y hacer posible la aprobación de los superpoderes en el Congreso. No les será fácil, debido a que la casi totalidad de la bancada frepasista y un nutrido grupo de diputados radicales se resisten a conceder facultades a libro cerrado. Y el justicialismo llegó a una posición unificada –después de ácidas discusiones que llegaron a poner en cuestión la unidad del bloque– que no votarán los superpoderes, sino que aceptarán tratar proyecto por proyecto, previo paso por las comisiones legislativas correspondientes.
El intento del Gobierno, los cavallistas y las conducciones de diputados oficialistas para destrabar esa resistencia llevó a la preparación de diferentes fórmulas. Una de ellas consiste en crear una comisión bicameral que monitoree las medidas que vaya tomando Cavallo, con facultad para retirarle los poderes especiales en caso de oponerse a alguna de ellas. El sentido último de la comisión es facilitar la superación de una aguda crisis política, creando la ilusión de que existe un contralor para Cavallo. El Gobierno y los diputados –junto a Marcos Makón, quien también participa de la negociación, por su doble carácter de representante del Frepaso y ex funcionario cavallista– le pidieron a Caro Figueroa y Liendo bajar a tierra lo más posible los proyectos que impulsa el ministro.
En ese sentido, existe un principio de acuerdo en que en materia previsional se ratificará la reforma de Machinea, pero excluyendo elaumento de la edad jubilatoria de las mujeres. En el tema laboral, uno de los puntos que exige Cavallo es la derogación inmediata de la ultraactividad, que en la reforma vigente tiene un plazo de dos años. En cuanto al tema de la asistencia social, hay coincidencia en crear una Agencia de Desarrollo que centralice los recursos para la asistencia. El punto que genera mayores controversias es la anulación del estatuto del empleo público, que Cavallo está empeñado en resolver. En cambio, existe un posible acuerdo sobre el mecanismo de reforma del Estado. A la par de la presión de los legisladores, Cavallo sigue sin conformar su equipo y deja latente su amenaza de renunciar si no le dan los poderes que exige.

Un impuesto contra pymes y consumidores bancarizados

El tributo a las cuentas corrientes es tan distorsivo e inequitativo como los más repudiados por el empresariado. Rendiría unos 3000 millones el año. Emitir cheques será más caro. Pero también el depósito para cubrir el saldo. El impuesto también alcanza a los débitos automáticos en cuenta corriente.

Por Raúl Dellatorre

El pago de la tarjeta de crédito, de servicios públicos, de la TV por cable y cualquier otro que se haga por débito automático en cuenta corriente bancaria deberá abonar un nuevo impuesto, una vez que se sancione la ley promovida por Domingo Cavallo para financiar las medidas de impulso a la actividad económica que prometió aplicar. La amplitud del gravamen, que grava tanto a los créditos (depósitos) como débitos (pagos), bancarios en cuentas a la vista hace que en la práctica la tasa a tributar se eleve al 1,2 por ciento, ya que a cada pago le deberá corresponder un depósito para cubrir el saldo y ambas operaciones están gravadas con un 0,6 por ciento. Para comisionistas y otros agentes económicos que utilizan cuentas propias para operaciones de terceros, el gravamen puede convertirse en una barrera a su actividad, lo cual permite presumir que las exenciones no serán pocas ni simples de definir.
El proyecto de ley establece que el Ejecutivo determinará la alícuota del impuesto, que podrá ser de “hasta el 6 por mil”, y se aplicará sobre todo movimiento bancario en cuenta corriente (débito o crédito). Como el tributo será debitado directamente por el banco (se descontará del saldo de la cuenta), es de fácil percepción para el fisco y no requiere presentación o liquidación por parte del contribuyente, ni le da posibilidad de evadirlo. El Poder Ejecutivo también podrá “disponer” que el impuesto sea tomado como pago a cuenta del IVA y de Ganancias. Pero esa posibilidad no está al alcance de todo titular de cuentas corrientes.
Comisionistas de bolsas, promotores de seguros, encargados de registros automotor, corredores de granos y otros intermediarios que operan en compra y venta por cuenta de terceros (pero a su propio nombre) son candidatos a ser eximidos del impuesto, al quedar encuadrados como “actividades específicas (que) por las modalidades de sus operaciones hacen habitualmente un uso acentuado de cheques y cuyo margen de utilidad sea reducido en comparación con el tributo”, como establece el artículo que faculta al Ejecutivo a dictar las exenciones.
En cambio, va a ser más dificultoso que las pequeñas y medianas empresas logren la exención, aunque el impuesto encarezca el uso de fondos en descubierto (para muchas, la única forma de financiación posible) o el descuento de cheques diferidos. Y entre los más castigados también se anotan aquellos consumidores de recursos medios, titulares de tarjetas de crédito, a la que el banco emisor le “asoció” una cuenta corriente para debitarle mensualmente el saldo. Estos forzados contribuyentes, por lo general, no tendrán oportunidad de descontarlo de otro tributo.
“Lo que va a provocar este impuesto es que se vuelva a la práctica de una larga lista de endosos; van a empezar a circular cheques de emisores desconocidos con todo el riesgo que ello implica para la cadena de pagos”, comentó un consultor muy empapado en el negocio financiero. “Es una doble imposición, sin duda, porque el depósito es la contrapartida del pago en cheque, y además es fuertemente distorsivo porque castiga en forma muy desigual a quienes utilizan la cuenta con habitualidad y no sólo para la percepción de sus ingresos”, agregó.
Los analistas más objetivos aseguran que este tributo a las operaciones bancarias no es menos distorsivo o menos inequitativo que otros que el empresariado suele condenar, como el que grava a la renta mínima presunta o a los intereses de los préstamos. Sin embargo, Cavallo se orienta a asestar su primer éxito con la aprobación sin mella a su proyecto.

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