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El secretario de Asuntos Militares, Angel Tello, concordó con el
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en que se debía retirar
el retrato del dictador Jorge Rafael Videla del Colegio Militar. El funcionario
expresó incluso que Videla ni siquiera conservaba grado militar,
ya que fue destituido. La afirmación fue hecha en una reunión
que el presidente y el director ejecutivo del CELS, Horacio Verbitsky
y Víctor Abramovich, mantuvieron con el ministro de Defensa, Horacio
Jaunarena, y Tello. Durante la entrevista, los representantes del organismo
de derechos humanos anunciaron que abrirán una querella por la
masacre de Margarita Belén que comprometería al jefe del
Ejército, Ricardo Brinzoni. Como respuesta, la fuerza anunció
que intimará al presidente del CELS a que “ratifique”
o “rectifique” sus declaraciones.
La reunión duró una hora y cuarto y se desarrolló
en un clima cordial. Los representantes del organismo de derechos humanos
mencionaron al jefe, subjefe y al secretario general del Estado Mayor
del Ejército, Brinzoni, Eusebio Jurczyszyn y Eduardo Alfonso, como
protagonistas de un retroceso de la fuerza en relación con la década
en la que era comandada por el general Martín Balza. Puntualizaron
con las sucesivas declaraciones en las que Brinzoni negó la existencia
de un plan sistemático para el robo de bebés y el Plan Cóndor.
Luego informaron al ministro que decidieron impulsar la apertura de una
investigación en el juzgado federal de Resistencia sobre la masacre
de Margarita Belén. La matanza ocurrió mientras Brinzoni
era funcionario político de la dictadura en el Chaco.
“Yo por mí colgaría a los subversivos en la plaza pública,
para escarmiento y ejemplo.” La frase fue atribuida ayer al jefe
del Ejército por el periodista Bosquín Ortega, cronista
del desaparecido diario chaqueño Crisol. Ayer la agencia DYN informó
que organismos de derechos humanos del Chaco pidieron que Brinzoni fuera
interrogado por la Justicia. Para Jaunarena, el cuestionamiento a Brinzoni
es “extemporáneo” porque el general pasó cuatro
veces por la Comisión de Acuerdos del Senado. El jefe del Ejército
instruyó a sus abogados para que intimaran al presidente del CELS
a que “ratifique o rectifique” sus declaraciones. Consultado
por este diario sobre qué frases eran las que debían ser
“ratificadas” o “rectificadas”, el vocero del Ejército,
coronel Gustavo Gorriz, contestó: “En todas en las que se
imputa a Brinzoni”. El portavoz destacó también que
“llama poderosamente la atención que las declaraciones del
señor Verbitsky concuerden con la proximidad del 25 aniversario
del 24 de marzo de 1976”. “Llegaron tarde porque nosotros somos
los que vamos a iniciar la causa, salvo que estén buscando elegir
al juez, pero de todas maneras podemos traer los testigos a Buenos Aires”,
respondió el presidente del CELS.
Sobre el segundo de la fuerza, Jurczyszyn, los representantes del organismo
de derechos humanos informaron al ministro que en su anterior cargo como
subjefe del Tercer Cuerpo autorizó tareas del inteligencia sobre
el juzgado federal de Córdoba, que instruye la causa Menéndez.
Y en relación con Alfonso, mencionaron que visitó guarniciones
para reclamar que todos los oficiales firmaran las solicitudes de hábeas
data, acusó de desleales a quienes se negaban y argumentó
que “debemos empuñar nuestros sables para luchar codo a codo
con nuestro jefe de Estado Mayor”. El CELS también entregó
una denuncia que compromete a un asesor del Ministerio de Defensa en la
desaparición del soldado Alfredo Thomas.
Durante la reunión, Verbitsky y Abramovich ratificaron su preocupación
porque el Ejército asuma roles que están fuera de su competencia
y acompañaron sus dichos con la copia de un informe de inteligencia
de las Fuerzas Armadas en las que se analiza, entre otros temas, la inmigración
ilegal.
RECICLAN
UN EDIFICIO DE LA POLICIA BONAERENSE
Cuando el horror se hace Memoria
La Comisión de la Memoria
de la Provincia de Buenos Aires recibió ayer la casa donde funcionó
la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia
de Buenos Aires. En el sótano del lugar están los archivos
secretos de la Bonaerense de la época de la dictadura, que estaban
en custodia de la Cámara Federal de La Plata.
La casa, en la que se instalará un centro de estudios sobre Memoria,
una fotogalería y servirá para reunión de organismos
de derechos humanos, tiene tres pisos. En el segundo, los miembros de
la Comisión se encontraron con las garitas desde donde la Policía
realizaba las escuchas telefónicas. El organismo provincial llamará
a un concurso público para remodelar el lugar de modo que estas
peculiaridades sean conservadas y la casa, ubicada en la calle 54 entre
4 y 5 de La Plata, se convierta en museo. El sitio será formalmente
inaugurado mañana con un acto por el aniversario del golpe militar
del 24 de marzo.
La Comisión de la Memoria participará también de
la planificación de las actividades previstas en una ley sancionada
por la legislatura bonaerense que establece que todos los 24 de marzo
se realicen y actos para repudiar el terrorismo de estado y reafirmar
la democracia. La obligación de recordar el golpe militar no sólo
regirá para los establecimientos educativos de todos los niveles
sino que se extenderá a las fuerzas de seguridad. Los municipios
y los concejos deliberantes podrán sumarse a estas actividades,
contempladas en la norma elaborada por el frepasista Eduardo Sigal, que
en sus fundamentos señala que “la conmemoración de
este infausto acontecimiento es parte del deber de la memoria que constituye
una obligación del Estado e integra la reparación de las
flagrantes violaciones a los derechos humanos”.
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