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Por Laura Vales
 En los no tan lejanos tiempos
en que Eduardo Duhalde gobernaba la provincia de Buenos Aires, Victorio
Gualtieri se ganó un apodo de mal agüero: le pusieron “el
Yabrán de Duhalde”. El principal motivo para llamarlo así
fue que Gualtieri, un empresario hasta entonces prácticamente desconocido,
empezó a mostrar una tremenda habilidad para calificar en licitaciones
de obras públicas. Las ganó al por mayor; parte de esas
obras las hizo en San Martín. Eran trabajos de bacheo, aunque parece
ser que el constructor no sólo facturó arreglando los pavimentos;
hoy el ex intendente Antonio Libonatti (PJ) y los 24 concejales que acompañaron
su gestión están al borde del procesamiento por haber inflado
en 20 millones de pesos una deuda en su favor.
La historia podría figurar en el manual de la avivada criolla si
no fuera porque está generando una situación de escándalo
institucional: hay dos tercios del actual Concejo Deliberante imputado
en la causa judicial. Son 16 concejales en actividad: ocho de extracción
peronista, cinco del Frepaso, dos radicales y uno del Socialismo Auténtico.
En los tribunales de San Martín se especula con que podrían
ser llamados a declaración indagatoria en los próximos días.
–¿Por qué están imputados? –preguntó
este diario a Hernán Zuazo, director de Prensa de la Fiscalía
General de San Martín.
–El fiscal consideró que dejaron de lado la ley e hicieron
una ordenanza para pagar más de lo que correspondía.
Veinte millones de pesos de más.
San Martín es el municipio más endeudado de todo el país.
Desde diciembre del ‘99 lo gobierna Ricardo Ivoskus (UCR). Cuando
asumió, el intendente encontró cuentas impagas por 100 millones
de dólares.
Una mañana de febrero del año pasado, cuando todavía
no estaba del todo claro el debe y el haber municipal, un grupo de abogados
y escribanos se presentó en su despacho. Representaban a Gualtieri
y al Banco Provincia. Habían viajado hasta San Martín para
concretar un traspaso: el empresario, en convocatoria de acreedores, quería
ceder a favor del banco la deuda que el municipio mantenía con
él.
La deuda reclamada era de 31 millones de pesos. Había sido refinanciada
y reconocida por el ex intendente Libonatti (PJ) y refrendada por ordenanzas
del Concejo Deliberante.
Los técnicos de la nueva gestión municipal, sin embargo,
detectaron que Libonatti había evitado aplicar la ley 11.756, de
Saneamiento Económico de los municipios. Entre otras cosas, la
norma puso un tope a los intereses que se podían cobrar. Resultado:
lo que se debía a Gualtieri no era 31 millones sino 11 ($ 10.935.202).
De esos once, por otra parte, ya se habían pagado cuatro millones.
Con este dictamen en la mano, Ivoskus anuló por decreto los convenios
y ordenanzas anteriores y fijó la nueva suma a pagar. Gualtieri
reaccionó a su manera: lo denunció ante la Justicia por
“desbaratamiento de derechos acordados” y “abuso de autoridad”.
También pidió que se embargaran los bienes del intendente
en 18 millones de pesos.
Pero los tiempos, al parecer, empezaban a cambiar. En agosto pasado, la
pelea entre Ivoskus y Gualtieri sobre cuál debía ser el
monto a pagar llegó al Concejo Deliberante. Fue una sesión
con huevazos y trifulca generalizada, como suele verse cada tanto en los
Concejos del conurbano. La mayoría votó para anular las
ordenanzas anteriores (que convalidaban la deuda de 31 millones) y se
aprobó el nuevo decreto cuyo efecto era bajarla a once. El PJ se
abstuvo de votar, pero estaba en minoría, con 10 bancas contra
14 de la Alianza.
Todo hubiera podido terminar así, acotado a una pelea en el ámbito
administrativo municipal. Pero todo el caso, con el análisis de
los convenios y sus ordenanzas, siguió avanzando silenciosamente
en la Justicia. Había entrado allí con la denuncia de Gualtieri
contra Ivoskus, pero terminó generando un efecto distinto.
Hace pocos días, después de diez meses de investigación,
el fiscal Edgardo Ledesma consideró que había reunido elementos
suficientes para identificar a los autores de los delitos de administración
fraudulenta y abuso de autoridad. La causa, por supuesto, había
dado un giro: el imputado ya no era Ivoskus sino Libonatti, junto a todos
los concejales que refrendaron los acuerdos para inflar la deuda en 20
millones.
Gualtieri no está entre los imputados, aunque habrá que
ver cómo sigue la investigación. Todo el expediente acaba
de ser elevado por el fiscal Ledesma a otra Unidad Funcional de Investigaciones
(la número 5), donde esta semana se comenzará definir quiénes
deben prestar declaración indagatoria en calidad de procesados.
Ni Libonatti ni sus 24 concejales parecen estar en la mejor situación.
“Ledesma consideró que existe lo que en lenguaje jurídico
se conoce como una situación de derecho puro”, explicó
el vocero Zuazo, aludiendo a la sanción de las ordenanzas que desconocieron
una ley.
De los 16 concejales en actividad investigados, sin duda son los aliancistas
quienes se las verán en peores. Durante la gestión de Libonatti
refrendaron el criterio de pagar de más; durante la de Ivoskus
votaron exactamente lo contrario y derogaron las ordenanzas que ellos
mismos habían aprobado años antes. Ante los cuestionamientos
formulados dentro de su propio partido, respondieron, simplemente, que
la primera vez habían votado “sin saber”.
EL
INTENDENTE IVOSKUS DUDA DE QUE EXISTAN LAS OBRAS
“No se encontraron los expedientes”
Por L.V.
“Cuando me dijeron que
les debíamos 31 millones me quedé frío, porque acá
hay más baches que pavimento”, dice Ricardo Ivoskus. Según
el intendente, ni siquiera está claro si los trabajos que generaron
la deuda con Gualtieri efectivamente se hicieron. “Muchos de los
expedientes nunca se encontraron, así que es prácticamente
imposible controlarlo”, apunta.
–¿De cuánto era la deuda original?
–De unos siete millones. Actualizada sube a once, aunque hay que
tener en cuenta que cuatro millones ya se pagaron.
–Hubo concejales de la Alianza que convalidaron la deuda con 20 millones
de más. Supongo que les habrá pedido explicaciones.
–Dicen que desconocían la Ley de Consolidación de deudas
municipales; que votaron sin saber.
–El argumento es difícil de creer.
–Yo les creo.
–De los 24 integrantes del Concejo Deliberante, 16 están bajo
sospecha y podrían ser procesados. ¿Usted considera que
pueden seguir en funciones?
–El tema está en manos de la Justicia; se verá si hay
elementos o no para una condena. No me gustaría avanzar sobre lo
que no me corresponde.
–Además de la demanda en su contra, ¿hubo algún
tipo de amenaza para que arreglara con Gualtieri?
–No, todo se movió en el plano de lo judicial. Cuando firmé
el decreto desconociendo la deuda de 31 millones, Gualtieri vino a verme
con su abogado. Supongo que ellos creían que los concejales no
iban a apoyarme aprobando el decreto e insistían en llegar a un
acuerdo.
–¿Tampoco presiones políticas?
–Hubo discusiones políticas en el Concejo, pero siempre insistí
en que sólo se pagaría lo que corresponde. No íbamos
a regalarle a nadie 20 millones de pesos.
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