Por Cledis Candelaresi

Al final de un día de febriles negociaciones, y bajo la atenta mirada del ministro de Economía, el Senado de la Nación aprobó el impuesto sobre las cuentas corrientes impulsado por el flamante titular del Palacio de Hacienda, quien a partir de la próxima semana podría comenzar a recaudarlo. Es sólo el primer capítulo de la Ley de Competitividad impulsada por Domingo Cavallo, quien para conseguirlo tuvo que garantizar a las provincias que no se rebanarán ni siquiera los fondos específicos que resultan tan antipáticos al poderoso funcionario.
En la madrugada del viernes, Diputados dio media sanción a los diez primeros artículos del proyecto cavallista, que restituyen un impuesto de hasta el 0,6 por ciento sobre débitos y créditos en cuenta corriente, faculta a los bancos a rehabilitar a los libradores de cheques sin fondos sancionados y reduce de 10 mil a sólo 1000 pesos el monto mínimo de operaciones que deben documentarse.
Según estimaba ayer el presidente de la bancada oficialista, José Luis Gioja, la combinación del gravamen y esa exigencia de documentación permitiría recaudar hasta 18 mil millones de pesos. Cálculo en apariencia poco fundado, pero suficiente para que algunos hombres de la bancada opositora levantaran su bandera a favor de esa iniciativa, con el argumento de que se trataba de una receta salvadora.
Pero lo que verdaderamente conquistó la voluntad parlamentaria fue el artículo que Diputados añadió en la madrugada del viernes, con la anuencia del ministro de Economía. Bajo el número 11, esa Cámara agregó el compromiso del Poder Ejecutivo de que respetará los acuerdos y legislación vigentes respecto de la coparticipación federal (las administraciones del interior no podrán recibir menos que hasta ahora), así como los fondos específicos y acuerdos especiales (por ejemplo el Fondo del Tabaco). Verdadero paraguas para no tocar los intereses del interior.
Asesores del titular del Senado, el radical misionero Mario Losada, se abocaron ayer mismo a la redacción de un proyecto de ley adicional para disponer la “intangibilidad” del Fondo del Tabaco, es decir, la imposibilidad de darle un destino distinto al original. Se trata de una masa de 192 millones de pesos, que se prorratea entre productores de siete provincias, incluida Misiones.
El destino de los fondos que van al interior fue tema de discusión desde la propia madrugada del sábado pasado, cuando Cavallo definía en Olivos su incorporación al gabinete nacional. A pesar de las urgencias fiscales, el reincidente ministro de Economía sabía que insistir con una poda a esos recursos condenaría al fracaso cualquier intento para que los legisladores apoyen un proyecto y por eso no dudó en ceder en este terreno.
Eso sí: las provincias quedarán excluidas de lo que se recaude por el impuesto a las cuentas corrientes, ya que éste no se coparticipará. Sin embargo, las objeciones planteadas ayer en público por los senadores era sólo retórica. Por la mañana, algunos hombres de la bancada mayoritaria planeaban introducir modificaciones a los artículos votados por Diputados, por ejemplo, para imponer a la Ciudad de Buenos Aires alguna obligación que hoy no tiene. Pero finalmente triunfó la posición de dar batalla para limitar las potestades especiales que pedía Cavallo.
“Venimos a salvar la cabeza del presidente que no votamos”, se jactaba a media tarde el justicialista Carlos Verna al inicio de la extensa sesión. “Para eso no vamos a dar facilidad para destruir al estatuto docente, ni para llevar a 100 años la edad jubilatoria, ni para privatizar universidades”, sentenció el senador, uno de los primeros oradores de la extensa sesión de ayer.
Sin embargo, lo decisivo no ocurrió en el recinto, sino en los salones contiguos, el Rosado y el de Lectura. Allí, aliancistas y justicialistas intentaron coordinar una estrategia para votar los tres artículos que quedaron pendientes de la votación en Diputados y que permitirían al PoderEjecutivo ejercer facultades propias del Parlamento. En esos espacios informales, Cavallo reiteró ante legisladores de ambas bancadas que, de no estar sancionada esa parte de su proyecto de ley antes del lunes, se podría producir una hecatombe en el mercado.

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