Por Adriana Meyer

“Aquí hay quien sabe más de lo que dice y también quien dice más de lo que sabe”, expresó el fiscal de Cámara Germán Moldes en un dictamen que asegura la continuidad de la causa de los sobornos en el Senado. A fines del año pasado, el ex juez Carlos Liporaci había dictado la falta de mérito de los once senadores imputados. Los fiscales Federico Delgado y Eduardo Freiler apelaron esa medida en relación a siete legisladores –Augusto Alasino, Remo Costanzo, Alberto Tell, Angel Pardo, Ricardo Branda, Emilio Cantarero y Alberto Meneghini– y pidieron su procesamiento por cohecho. Moldes podría haber desistido de la apelación o pedido la nulidad de todo lo actuado, lo cual hubiera significado la virtual paralización de la investigación. Sin embargo, aunque coincidió con sus subordinados en solicitar que la Cámara Federal revoque la falta de mérito dictada por Liporaci, no coincidió con ellos en cuanto al pedido de procesamiento. El fiscal de Cámara adelantó un par de días su pronunciamiento y calmó así la activa ansiedad que sobrevoló Comodoro Py en las últimas semanas.
Según Moldes, el renunciado juez Liporaci no valoró totalmente los elementos de prueba que sostienen el proceso. Por lo tanto, afirmó que “es insoslayable deber republicano extremar los esfuerzos para impedir que esta investigación naufrague, ya por intolerables ‘pactos de silencio’, ya por obscenos afanes de exhibicionismo”. En tal sentido, al fiscal le preocupa “la confusa memoria de algunos testigos” y la “disparidad de actitudes que se observa en algunos destacados actores de la dirigencia política, y ello se ha traducido en grandilocuentes declaraciones en las escalinatas de este edificio, lamentablemente relativizadas al llegar a la sala de audiencias”.
El escrito sintetiza las pruebas que fueron recolectadas, los documentos y las 26 declaraciones testimoniales. El senador Antonio Cafiero “afirmó claramente su convicción sobre la existencia del hecho”, es decir, el pago de sobornos para la sanción de la Reforma Laboral, mientras que el senador Daniel Varizat declaró que “su par (Augusto) Alasino le dijo expresamente que cambie su voto negativo porque existía dinero”. También recordó los testimonios de dirigentes gremiales sobre la “tan difundida ‘reflexión’ del entonces ministro de Trabajo Alberto Flamarique: ‘a los senadores los arreglo con la Banelco’”. El representante legal del Hotel Elevage Alejandro de Robertis afirmó haber visto a los imputados en ese establecimiento. El ex jefe de Gabinete Rodolfo Terragno expresó que Cafiero le dijo que los fondos para el soborno provenían de la SIDE y el ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez afirmó en un programa de televisión y ante el juez que los fondos para el “pacto venal” provinieron del Gobierno. El auditor de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) Ricardo Pérez Vélez se explayó sobre las irregularidades detectadas en el manejo de los fondos de la central de inteligencia. Además, indicó Moldes, las versiones taquigráficas que documentan la sanción de la ley “grafican en forma patente, casi rozando el grotesco, el total desconocimiento de algunos senadores, ajenos a la conducción del bloque, del texto que estaban votando y convirtiendo en ley”. En tal sentido, el fiscal de Cámara indicó que “deviene inexplicable el cambio de opinión del senador Costanzo en relación a la Reforma Laboral”.
Moldes recordó que el 11 y 14 de abril de 2000 la SIDE retiró del Banco Nación dos cheques que suman 6 millones 500 mil pesos. “Es justamente en ese lapso temporal en el que la conducción del bloque mayoritario del Senado decide ‘cambiar’ su opinión frente al proyecto de ley”, expresó el funcionario judicial. Y concluyó que “corresponde profundizar la pesquisa para dilucidar aspectos aún no esclarecidos de la maniobra”, por ejemplo los posibles mecanismos de distribución del dinero proveniente del pacto venal, materializar el entrecruzamiento telefónico ya ordenado, agotar la recopilación de información financiera, ordenar los careos pendientes y acreditar la posible relación con el hecho de los depósitos detectados enlas cuentas de algunos imputados. Moldes se quejó, además, de la “inusitada lentitud” de organismos oficiales y privados en remitir la documentación que se les fue requiriendo a lo largo de la investigación. “La presunta existencia de pactos espurios entre poderes del Estado resultaría, de comprobarse, un hecho de gravedad tal que afectaría la esencia misma del sistema que nos rige”, opinó el fiscal en los últimos párrafos de su dictamen. El martes 27 expondrán sus argumentos los representantes legales de los imputados y luego la sala I de la Cámara Federal resolverá su situación.

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