|
Una semana después de que cuatro intendentes del norte del Gran
Buenos Aires denunciaran, por medio de un comunicado, la existencia en
esa jurisdicción de “una inmensa zona liberada al delito”,
el Ministerio de Seguridad bonaerense separó de sus cargos al jefe
y al subjefe de la Departamental de Seguridad de San Isidro, con responsabilidad
en el área en cuestión. La decisión se conoció
luego de varios días de incertidumbre, ya que ninguno de los jefes
comunales salió a refrendar ni a desmentir, en declaraciones públicas,
lo que se había expresado a través de un fax que llegó
a distintos medios de prensa, incluido Página/12. La remoción
de la cúpula policial de San Isidro coincide con una ola delictiva
en la zona. Según la empresa Sasetech, sobre 21 bancos asaltados
en la provincia en lo que va del año, 13 están ubicados
en el conurbano norte.
La corrupción policial en la zona norte está siendo investigada
en una causa judicial que involucra a por lo menos 18 policías
del Comando de Patrullas de Vicente López y de la comisaría
de Florida. Según el fiscal Hernán Collantes, el grupo habría
funcionado como una “asociación ilícita” que cobraba
coimas y posibilitaba la creación de “zonas liberadas”.
Ayer, cuatro de los 35 suboficiales de la policía que denunciaron
a sus jefes en la causa que lleva Collantes presentaron ante la Justicia
un recurso de amparo para evitar sus traslados a otras dependencias. Desde
hace varios meses, los policías que acusaron a sus ex jefes vienen
denunciando que son objeto de persecución por parte de los nuevos
titulares del Comando de Vicente López y la comisaría de
Florida.
Ayer, sin explicar las razones de la decisión, el ministro de Seguridad,
Ramón Verón, dispuso el relevo del jefe de la Departamental
de Seguridad de San Isidro, Reynaldo Coronel, quien fue reemplazado por
el comisario José Alberto Cánepa, quien se desempeñaba
hasta ahora en la Departamental de Morón. También fue desplazado
el segundo jefe de San Isidro, comisario Héctor Paiva. En su lugar
se designó al comisario Rubén Bonallutto.
Fuentes de la Municipalidad de San Isidro, a cargo del aliancista Gustavo
Posse, admitieron a este diario que el malestar contra la policía
existió “a partir de las denuncias de comerciantes y vecinos”.
Los otros intendentes que habrían difundido el comunicado son los
de San Fernando, Gerardo Amieiro (justicialista); de Tigre, Ricardo Ubieto
(partido Acción Comunal), y de Vicente López, Enrique García
(Alianza). Ninguno confirmó la autoría de ese texto y Posse,
incluso, salió por la radio elogiando el accionar policial, en
una virtual desmentida.
Esto ocurrió después de la reunión que los cuatro
intendentes mantuvieron con el comisario Verón, el jueves 15 de
marzo. Periodistas de dos medios de difusión de la zona norte dijeron
a este diario que en la reunión hubo “reproches cruzados”
y un clima tenso por la difusión que tuvo el comunicado en medios
nacionales. Luego de esa reunión, García admitió
su preocupación por la falta de móviles policiales, ya que
sobre un total de 25 patrulleros “sólo funcionan seis”.
También reclamó nuevos destacamentos en Florida Oeste y
en Aristóbulo del Valle.
Ayer, como parte de la situación que se vive en la zona norte,
los sargentos Rubén Montenegro, Luis López Lajterman y Luis
Flores y el cabo primero Alfredo Rivis presentaron un recurso de amparo
ante el juez de Garantías Nº 2 de San Isidro, Orlando Díaz.
Los policías piden seguir en sus actuales destinos y dijeron que
sufren un “notorio avasallamiento” de sus derechos y garantías
por parte de sus actuales jefes, que intentan aplicarles “una medida
ejemplificadora para el resto de los compañeros, para que no denuncien
a sus superiores como hicimos nosotros”.
FUERON
DETENIDOS CUATRO TAXISTAS
El apriete que salió mal
La mafia de los taxis tuvo otro
golpe. Esta vez el blanco fue Constitución. Allí, cuatro
taxistas fueron detenidos ayer acusados de “coacción”
por amenazas a otros colegas en una disputa por la parada. El procedimiento
hecho por la Policía Federal, en Brasil y Lima, intentó
desarticular el monopolio que sobre esa área mantiene un grupo
de taxistas.
Aunque en el lugar no hay paradas habilitadas, los taxistas las controlan
como si lo fuesen. Ese modo de operar fue observado por uno de los policías
de la División Robos y Hurtos que intervino en el operativo. El
agente, según fuentes policiales, vio cuando se le impedía
a un taxi colocarse en la fila de vehículos de alquiler que esperan
pasajeros sobre Lima. Los cuatro taxistas detenidos están sospechados
de amenazas, en algunos casos de muerte, a otros trabajadores a quienes
pretendían cobrarle para poner sus coches ahí.
Según pudo saberse, uno de los autos de la fila tenía pedido
de secuestro policial. Las denuncias sobre este tipo de accionar son frecuentes
en las comisarías de la zona.
|
