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Por Horacio Verbitsky
 En 1976 el entonces capitán
Ricardo Brinzoni cortó con un ademán de impaciencia al director-propietario
del diario chaqueño “Crisol”, Ricardo Eulogio Brizuela,
quien le pedía por los periodistas detenidos-desaparecidos. “La
próxima vez que usted venga a reclamar por uno de los hombres que
nosotros nos llevamos de su diario, a usted le va a pasar lo mismo”,
le dijo. Desde diciembre de 1999, el ahora teniente general Brinzoni es
el Jefe de Estado Mayor del Ejército. Según Brizuela, Brinzoni
era el hombre fuerte de la intervención militar en el Chaco, a
cargo sucesivamente del coronel Oscar Zucconi y del general Facundo Serrano.
“Secuestraron a muchos periodistas y algunos siguen desaparecidos”,
afirma Brizuela. “Crisol” se editó entre 1975 y 1979
y expresaba al sector cooperativo y las ligas agrarias, vinculadas con
la izquierda peronista. Hasta el golpe, los canillitas que lo voceaban
eran amenazados por matones de ultraderecha, porque “Crisol”
competía con otro diario que editaba el locutor Juan Carlos Rousselot,
jefe de prensa de José López Rega. Luego de la captura del
poder por la Junta Militar, Brinzoni visitó la redacción
y advirtió sobre el orden que pensaba imponer en la provincia.
Pocos días después comenzaron a desaparecer redactores del
diario, entre ellos la periodista Adolfina Mondín, quien fue “torturada
en una de las dependencias de la polícia, donde le hicieron escuchar
durante toda una noche cómo torturaban a otras personas”,
según recuerda Brizuela. Otro de los secuestrados, Julio “Bocha”
Pereyra, fue uno de los asesinados el 13 de diciembre de 1976 en Margarita
Belén, pretextando un inverosímil intento de fuga. Su caso
fue recordado esta semana en “La Voz del Chaco” por el ex redactor
de “Crisol”, Bosquín Ortega. Según Ortega, luego
de reunir a todos los periodistas, Brinzoni dijo: “Si por mí
fuera, colgaría a los subversivos en la plaza pública para
ejemplo y escarmiento”. En las semanas siguientes a esa arenga intimidatoria
fueron secuestrados Mondín, Pereyra, Luis “Piolín”
Alarcón, Hugo Dedieu y Juan Antonio Ojeda, escribió Ortega.
“Se los llevaban impunemente. Venía un batallón, se
asentaba en el diario, hacían parar todo, agarraban al que buscaban
y se lo llevaban”, añade Brizuela. Cuando comenzaron las desapariciones
y antes de que se legalizaran sus detenciones, el director del diario
fue a reclamar a la Casa de Gobierno. La última de esas cinco entrevistas
con Brinzoni terminó con la amenaza que encabeza esta nota. El
ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, considera extemporáneas
estas denuncias y recuerda que Brinzoni fue ascendido por el Senado sin
que nadie objetara sus antecedentes. En 1994, Brizuela entrevistó
a un hombre que conocía muy bien los antecedentes de Brinzoni,
el coronel (RE) Amado Miguel Hornos. Ex jefe del destacamento de inteligencia
del Ejército en Resistencia al momento de la masacre de Margarita
Belén, Hornos excusó su responsabilidad alegando que estaba
en Buenos Aires por la operación de uno de sus hijos. “¿Usted
cree que Brinzoni no sabía nada de eso, usted cree que Serrano
no sabía nada de eso, usted cree que Galtieri no sabía nada
de eso?”, añadió. Hornos (DNI 5.637.171, legajo 702
549) revista en el Congreso Nacional, con la categoría A.4, como
asesor en las comisiones de Defensa y de Acuerdos del Senado, que aprueba
los ascensos militares.
A 25 años del golpe de 1976, están dadas las condiciones
básicas para que la Argentina tenga Fuerzas Armadas distintas de
las que desencadenaron la mayor tragedia de la historia nacional. El funcionamiento
de las instituciones democráticas se sobrepone incluso a la falta
de idoneidad o de honestidad de quienes desempeñan algunos cargos
decisivos en los tres poderes del Estado. La división constitucional
entre ellos, más ostensible desde que un mismo partido no controla
el Ejecutivo, ambas cámaras del Congreso y la Corte Suprema de
Justicia; la libertad de expresión ejercida por una prensa más
inquisitiva; la existencia de un hiperactivo movimiento en defensa de
los derechos humanos, la inserción del país en el marco
internacional, pero también la memoria del pasado, previenen contra
su repetición, por más que las políticas en curso
castiguen a los mismos sectores sociales que la dictadura. Por otra parte,
el mero transcurso del tiempo ha producido una decantación generacional.
Nueve de cada diez oficiales hoy en actividad son ajenos a los hechos
que ayer merecieron un repudio masivo en la concentración convocada
para proclamar que el pueblo argentino no ha sido derrotado y que ni el
olvido ni la impunidad prevalecen. Sin embargo, desde el Estado Mayor
del Ejército, Brinzoni, el subjefe Eusebio Jurczyszyn y el secretario
general, Eduardo Alfonso, encabezan un peligroso intento de contaminar
a las nuevas generaciones castrenses con las emanaciones del agujero negro
que, de 1976 a 1983, deshonró la tradición sanmartiniana.
Es responsabilidad del poder político impedir que esa mezquina
concepción se imponga.
El secretario
El general de brigada Eduardo Alfonso sucedió en la Secretaría
General al general Ernesto Juan Bossi, de quien había sido colaborador.
Es el principal impulsor de la solapada reivindicación corporativa,
según la cual todo lo que haga un camarada está bien. En
1995, cuando el soldado Omar Carrasco fue asesinado en un cuartel del
Ejército, Bossi y Alfonso explicaron a la prensa que el hallazgo
de su cuerpo demostraría que “en el fondo no querían
matarlo. Si fueran tan malas personas como para haber especulado con eso,
el cadáver no hubiera aparecido jamás” (sic). En mayo
de 2000, cuando cinco oficiales retirados se negaron a declarar en el
juicio de la verdad de Córdoba, la jueza federal Cristina Garzón
de Lascano les impuso penas de arresto por 48 horas. Brinzoni declaró
a la corporación en estado de inquietud y remitió al general
Alfonso en visita institucional a los camaradas detenidos. El 9 de julio
la expedición se repitió, esta vez a Bahía Blanca,
cuya Cámara Federal había ordenado el arresto procesal de
dos suboficiales que se negaron a contestar preguntas sobre el destino
de personas desaparecidas en el ámbito del Quinto Cuerpo de Ejército.
“Visitar a los enfermos y a los presos es un deber que marca la caridad
cristiana”, dijo. Pese a la referencia piadosa, Alfonso descubrió
el carácter político de su misión al impugnar la
utilidad de los juicios de la verdad y admitir que “el Ejército
estudia otras alternativas”, una alusión a la Mesa de Diálogo
para la que tenía un guiño de complicidad de los legisladores
justicialistas Miguel Toma, Mario Cafiero y Alicia Pierini y de los restos
de la desacreditada conducción montonera.
Alfonso hizo referencia a estos episodios, el mes pasado, durante la recorrida
que realizó por las guarniciones de Campo de Mayo, Córdoba
y Bahía Blanca, exigiendo que todos los oficiales firmaran el recurso
de hábeas data que Brinzoni decidió presentar ante organismos
humanitarios, públicos y de la sociedad civil. Ante las objeciones
de quienes no deseaban seguir ese camino, Alfonso los acusó de
desleales.
Durante su arenga a los oficiales de la Escuela Superior de Guerra, Alfonso
dijo: “Es hora de sacar el sable y cargar codo a codo con el Jefe
de Estado Mayor. Llegó la hora de pasar a la ofensiva y lograr
nuestra cuarta victoria”. Enumeró a continuación las
tres anteriores: la primera fue “el abierto apoyo a nuestros camaradas
caídos en desgracia, con Luciano Menéndez a la cabeza”.
La segunda fue “la exitosa Operación Retorno, por la cual
se regresó al país al mayor (R) Jorge Olivera, desde Italia”.
Agregó que la Fuerza Aérea cedió la Sala VIP de Ezeiza
para que Olivera fuera recibido por el coronel en actividad Eduardo Dalmiro
Sosa Mendoza. La tercera victoria de Alfonso fue “la aprobación
por el Senado de los pliegos de ascensos”. Añadió que
los dos pliegos aún retenidos, serían aprobados en abril.
(Uno de ellos es el de Luis Alejandro Candia, quien en 1987 participó
en el alzamiento carapintada de Aldo Rico y luego fue pasado a disponibilidad
por el ex Jefe de Estado Mayor José Caridi, quien lo involucró
en un secuestro extorsivo. El otro corresponde al teniente coronel Aldo
Héctor Martínez Segón, señalado como uno de
los partícipes en el asesinato múltiple de prisioneros en
Margarita Belén. Fue procesado pero lo benefició la ley
de obediencia debida.) Según Alfonso, “la cuarta victoria
será con la ofensiva de los hábeas data. Recuperaremos el
protagonismo perdido, ya que con la defensiva no se logró nada”.
Con “la defensiva” se refiere a la década del teniente
general Martín Balza, quien reconoció la participación
de aquél Ejército en actos atroces y aberrantes, postuló
una nueva doctrina de la obediencia en línea con la aceptada en
los ejércitos occidentales modernos y recuperó el respeto
nacional e internacional para el Ejército argentino. Los modelos
que Alfonso y Brinzoni proponen son, en cambio, los generales Benito Bignone
y Héctor Ríos Ereñú. El rol de Balza fue motivo
de una áspera disputa en la reunión de generales convocada
por Brinzoni hace dos semanas. Unos lo llamaron “traidor” por
su posición en contra de la ley de obediencia debida, que el juez
Gabriel Cavallo acababa de declarar nula. Otros objetaron esa calificación.
En cualquier caso la batalla de los hábeas data no parece inclinarse
en favor de sus ideólogos: sólo 663 oficiales firmaron el
pedido, es decir un porcentaje minúsculo sobre los 5.000 oficiales
en actividad del Ejército. La Armada y la Fuerza Aérea se
negaron a seguir esa estrategia. Entre los militares que también
se rehusaron figura el poderoso jefe de la Casa Militar de la Presidencia,
general de división Julio Alberto Conrado Hang, candidato a reemplazar
al insostenible Brinzoni. Hang es una de las personas que más horas
diarias pasa con el presidente Fernando de la Rúa.
El subjefe
Jurczyszyn acompaña a Brinzoni como subjefe desde diciembre de
1999. Ese mismo año había protagonizado un oscuro episodio,
como segundo comandante del Cuerpo III, con sede en Córdoba. En
mayo de 1999, cuando la jueza federal Cristina Garzón de Lascano
inició las investigaciones por el robo de bebés y otros
crímenes cometidos en Córdoba durante la dictadura, testigos,
abogados y familiares de desaparecidos denunciaron amenazas e intimidaciones
con seguimientos callejeros. La jueza ya sospechaba que su tribunal estaba
bajo alguna forma de control externo, ya que algunas medidas secretas,
como el allanamiento a la Casa Cuna, trascendían antes de realizarse.
Luego de escuchar a los amenazados, ordenó intervenir algunos teléfonos
y de ese modo detectó que las averiguaciones, escuchas y grabaciones
clandestinas, mediante la colocación de micrófonos ocultos,
se realizaban desde la Central de Reunión de Información
del Cuerpo III de Ejército, donde fueron secuestradas las cintas
grabadas. El material secuestrado también demostró actos
de espionaje catrense sobre las actividades del justicialismo, la UCR
y el Frepaso, las movilizaciones estudiantiles y gremiales, la actitud
de la Iglesia hacia los desocupados, la universidad y las Abuelas de Plaza
de Mayo. Hasta eran espiados el obispo Domingo Stafolani, y los diputados
nacionales Humberto Roggero y Hugo Storani.
La ley de Defensa Nacional veda a la inteligencia militar cualquier actuación
en temas internos. Cuando los hechos trascendieron, la jefatura del Estado
Mayor General del Ejército relevó y puso en disponibilidad
al jefe de Contrainteligencia del Estado Mayor General, coronel José
Luis Bo, al jefe de inteligencia del Cuerpo III, teniente coronel Abel
José Guillamondegui, y a dos suboficiales de la Central de Reunión
de Información 141. Guillamondegui y los suboficiales admitieron
ante la jueza Garzón y la fiscal Graciela López de Filoñuk
que se habían interesado en la causa “Menéndez”
por orden superior. La investigación judicial se orientó
entonces a determinar en qué nivel se habían impartidolas
directivas. El Cuerpo III informó que la ilegal labor de inteligencia
interna descubierta había sucedido “sin conocimiento de los
comandos superiores” y dispuso instruir un sumario interno. El entonces
Jefe de Estado Mayor Martín Balza negó toda responsabilidad
de su jefe de Inteligencia, general Jorge Miná. En cambio, nada
dijo de las responsabilidades del Cuerpo III. Su comandante era el general
de división Juan Manuel Llavar y su segundo el entonces general
de brigada Jurczyszyn. El día en que se detectó el espionaje,
Llavar estaba en Salta asistiendo a maniobras. Pese a la afirmación
de Balza, la fiscal López de Filoñuk también imputó
al general Miná. El 23 de junio de 1999, Jurczyszyn declaró
en el sumario castrense ante el coronel abogado Jorge Alberto Díaz.
El instructor le preguntó si Guillamondegui le había informado
por teléfono “de todo lo ocurrido” en relación
con la presentación judicial de uno de los testigos en el juicio,
el ex montonero devenido en colaborador militar Fermín De los Santos.
Jurczyszyn dijo que no había sido por teléfono sino en persona,
en el Comando del Cuerpo. “Me solicitó autorización
para enviar un parte a la jefatura II, Inteligencia”, del Estado
Mayor General sobre esa declaración que tanto preocupaba al Ejército.
Añadió que también autorizó envío de
copia del mismo parte al Departamento de Inteligencia del Comando del
Cuerpo. Esa pieza fue agregada al expediente judicial a pedido de la defensa
del general Miná, quien entiende que de ese modo se prueba que
no fue él quien ordenó ni autorizó el espionaje.
La lógica de ese avance ilegal del Ejército sobre la justicia
fue expuesta durante su indagatoria por el coronel Guillamondegui: “Todo
lo que hace a derechos humanos nos interesa porque ésa es una forma
de atacar al Ejército”.
El jefe
Si el Subjefe de Estado Mayor autorizó el espionaje sobre el tribunal
que instruye la causa Menéndez, el jefe no tuvo inconveniente en
exhibirse junto al ex Comandante del Cuerpo III, en el Día de la
Artillería. Luego de escuchar un discurso del general Héctor
Lubín Arias, según quien “a pesar de los cambios, el
Ejército siempre es el mismo”, Brinzoni saludó a Menéndez
y lo justificó así: “Hemos tenido muchos aciertos y
errores. No podemos renegar de los errores si queremos valorar y seguir
distinguiéndonos con los aciertos”. En este episodio se cifran
los valores de la conducción de Brinzoni. Para la sociedad, en
cambio, el Ejército de la dictadura es una maldición sin
parangón con nada anterior y cuya continuidad posterior no puede
ser admitida, a riesgo de enfeudar el futuro de la Nación.
En 1999, cuando el último comandante en jefe de la dictadura, Cristino
Nicolaides, polemizó con Balza sobre la destrucción de documentos
probatorios de los crímenes de entonces, Brinzoni recordó
que en febrero de 1976 había acudido junto con el jefe del Grupo
de Artillería 7, coronel Oscar Zucconi, a ver a Nicolaides que
comandaba la Brigada de Corrientes, para transmitirle que el golpe en
preparación “era innecesario y contraproducente” para
“la continuidad de la lucha antiterrorista”. Pero en esa misma
declaración Brinzoni reivindicó “los valores éticos
y morales” del ex dictador Benito Bignone. “Soy testigo de sus
convicciones de entonces: la subversión era un problema de solución
policial, no militar, y sé de su negativa férrea a instruir
a los cadetes [del Colegio Militar] en técnicas antiterroristas.”
Pese a su declarada oposición al golpe y a la intervención
militar en seguridad interior, tanto Bignone como Brinzoni se sumaron
luego la represión militar sin ley. Ese presunto dechado de ética
que sería Bignone es responsable de la desaparición de tres
soldados que prestaban servicios a sus órdenes en el Colegio Militar
(Mario Molfino, Luis García y Luis Steimberg) y de la tortura a
otros. Cuando Brinzoni difundió su alabanza, Bignone ya estaba
bajo arresto domiciliario por encubrimiento del robo de bebés.
En marzo de 2.000, Brinzoni fue aún más explícito:
dijo que no creía que hubiera existido un plan sistemático
para el robo de bebés. Cuando el candidato paraguayo al premio
Nobel de la Paz, Martín Almada, quien descubrió en Asunción
los archivos de la represión en el cono sur, dijo que Resistencia
había sido en aquellos años la sede argentina de la Operación
Cóndor, Brinzoni lo puso en duda al preguntarse en una declaración
pública “si es que alguna vez ha existido” el plan Cóndor.
Las variables convicciones de Bignone acerca de métodos de formación
de oficiales fueron desnudadas por el ex dictador general Alejandro Lanusse.
En el juicio de 1985 contra Videla, Massera & Cia. Lanusse recordó
una discusión que sostuvo en Campo de Mayo con los generales Bignone
y Santiago Omar Riveros. Según Lanusse, “Riveros pretendió
recriminarme o retarme por mis manifestaciones públicas de repudio
contra los procedimientos por izquierda, agregando que gracias a ellos
yo vivía. Le dije: hay oportunidades en que es preferible no vivir,
general Riveros. Bignone, propio de su personalidad e idiosincrasia, pretendió
mediar con muy poca felicidad por cierto y dijo: mi general, yo hasta
el año pasado pensaba como usted, ahora he cambiado de forma de
pensar. Lo lamento, general Bignone; con la misma franqueza le digo entonces
que hasta el año pasado yo tenía un concepto del general
Bignone y que ahora no lo mantengo”. Lanusse agregó que en
procedimientos ordenados en el Colegio Militar “algunos de los oficiales
ejecutores salen encapuchados y eso lo hacen pasando por la guardia donde
hay cadetes; y les pregunto a ustedes y les pido que reflexionen, no que
me contesten a mí, si eso es una forma de educar a los oficiales
del futuro”.
Sobre el cambio de idea del actual Jefe de Estado Mayor del Ejército,
también dan fe otros testimonios recogidos en Resistencia, donde
el mismo 24 de marzo de 1976 Brinzoni asumió como secretario general
de la intervención militar. Esta semana, el diario “El Norte”
publicó el testimonio de uno de los abogados detenidos en la madrugada
del golpe y actual miembro del Consejo de la Magistratura, Juan Penchansky.
El 20, el diario “La Voz del Chaco” entrevistó al defensor
de presos políticos Saúl Acuña, otro detenido aquel
día. Ambos coincidieron. Luego de pasar el día entre el
Grupo de Artillería y la Alcaidía, donde estaban los políticos
y sindicalistas detenidos, fueron conducidos a la Casa de Gobierno. Cuenta
“El Norte”: “Los abogados vieron entre tantos rostros los
de algunos dirigentes de su consejo profesional, que les hacían
señas que intentaban transmitir tranquilidad. En un momento, uno
de ellos se acercó y les dijo: ‘Hablamos con Brinzoni, y le
pedimos que les saquen las esposas y los grilletes”. Al rato, efectivamente,
se los quitaron. “Quedamos ahí, parados, haciendo un círculo
ante el interventor Zucconi, y había todavía otra gente.
Parece que había periodistas, porque alguien le preguntó
por qué me habían detenido, y él dijo: ‘Por
una alcahuetería que decía que el doctor andaba declarando
su fe en las organizaciones insurreccionales, pero eso no puede ser cierto
porque de lo contrario lo habríamos eliminado’, cita Penchansky.
Junto al interventor, estaba Brinzoni”.
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