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Hoy se conmemoran los 25 años del último golpe militar en
Argentina, que llevó al poder a una junta cuya represión
asesina contra la izquierda pacífica del país es conocida
como la “guerra sucia”. Es un signo de la creciente autoconfianza
de Argentina como democracia que varios de los soldados y oficiales de
mediano rango responsables por los abusos puedan ser pronto llevados a
juicio.
Después del retorno a la democracia en 1983, el gobierno, bajo
presión militar, aprobó una amnistía por los crímenes
cometidos por todos excepto los oficiales superiores. Pero a principios
de este mes, un juez declaró esas leyes ilegales, fallando que
los crímenes eran tan serios que no podían ser perdonados
y que las amnistías violaban tratados internacionales firmados
por Argentina.
El dictamen, que fue apelado ante la Corte Suprema, fue ampliamente elogiado
en Argentina, pero también fue condenado por grupos poderosos.
Militares y funcionarios civiles lo rechazaron.
Nueve de los miembros de las juntas de la época de la guerra sucia
fueron juzgados en 1985 y cinco fueron condenados por asesinato y otros
crímenes. Pero a medida que los juicios bajaban en la cadena de
mando, los soldados se rebelaron. Tres motines fueron suficientes para
convencer al gobierno de detener los juicios y garantizar amnistías
a todos menos a los oficiales superiores con el argumento de que los subordinados
seguían órdenes. En 1990, el presidente Carlos Menem perdonó
hasta a los cinco miembros de las juntas que estaban en prisión.
Desde entonces, los únicos casos de abusos a los derechos humanos
en llegar a las cortes fueron por secuestro de hijos de prisioneros, un
crimen no contemplado en las amnistías. Pero con el fallo de este
mes del juez Gabriel Cavallo, existe la posibilidad de que se procese
a soldados por asesinato y desapariciones.
La decisión del juez Cavallo es uno de los varios casos recientes
de procesos internacionales contra figuras previamente vistas como intocables.
El más conocido es el arresto del general Augusto Pinochet en Chile.
Esta semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió
su primer fallo directo contra una amnistía. El congreso peruano
aprobó a las apuradas una amnistía en 1995 para proteger
a militares de cualquier acusación por abusos a los derechos humanos
cometidos entre 1980 y 1995. La Corte falló que la amnistía
no tiene validez y no puede impedir investigaciones o juicios. El nuevo
gobierno peruano anunció que comenzará a juzgar acusados.
Si el fallo de Cavallo se sostiene en Argentina, puede llevar a la largamente
demorada remoción de las Fuerzas Armadas de los cómplices
de la guerra sucia. Los juicios podrán llevar alivio a las decenas
de miles de personas que fueron torturadas o perdieron familiares, víctimas
cuyo sufrimiento continúa tan fresco como hace una generación.
Argentina cambió dramáticamente desde 1976. Es una democracia
plena que no teme un golpe militar. Ya no hay razón para evitar
la justicia que Argentina se merece.
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