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Por Julio Nudler
 Domingo Cavallo mostró
hasta ahora dos instrumentos básicos de su plan. Uno es el impuesto
a las cuentas corrientes, similar al brasileño, que sirve para
recaudar contra viento y marea, y es clave para tranquilizar a los acreedores
y permitir más adelante la reducción o supresión
de otros impuestos (a los intereses, renta mínima presunta, ingresos
brutos y contribuciones patronales). La otra herramienta es el aumento
de aranceles para la importación de bienes de consumo, y la simultánea
reducción a cero del arancel para introducir bienes de capital
(equipamiento productivo) e informáticos. Estas decisiones rompen
el arancel externo común (AEC) del Mercosur, con lo cual lo desarman
como unión aduanera, retrotrayéndolo al status más
modesto de un área de libre comercio. Más allá del
propósito de dar mayor protección aduanera a la producción
local de bienes de consumo, en la medida en que aún exista, de
recaudar más por derechos aduaneros y de abaratar la inversión
en capacidad productiva, Cavallo quiere recuperar para el país
márgenes de negociación comercial con el mundo, saliéndose
de la tutela brasileña. No podrá evitar, con todo, que la
imagen del bloque austral sufra así un deterioro adicional. A partir
de esto, nada obstará para que cada uno de los cuatro socios negocie
por su cuenta con otros bloques o países, lo cual en verdad ya
venía ocurriendo hasta cierto punto a pesar del AEC.
Con el impuesto a las cuentas corrientes (ver nota en la página
17) el cordobés busca librarse de estar mes a mes pendiente de
la recaudación, cada uno de cuyos resbalones arrojaba dudas a su
vez sobre el cumplimiento de las metas comprometidas con el FMI para la
obtención del blindaje. Si por este medio el fisco lograse embolsar
unos $ 2000 millones, tendría resuelto el exceso anual del déficit
fiscal, según lo calculara Ricardo López Murphy, por encima
de los $ 6500 millones establecidos. Todo lo que el flamante gravamen
prodigue por encima de ese monto serviría para financiar el desmontaje
de otros tributos.
En cuanto a la reforma del Estado, aunque Cavallo no es Manuel Solanet,
el halcón de FIEL, ni es un fiscalista a ultranza, tipo Daniel
Artana, tiene no obstante en sus carpetas la intención de reducir
impuestos muy agresivamente, para lo cual deberá cortar tanto gasto
público como pueda. Esta es su estrategia para bajar costos y compensarles
así a los sectores de bienes transables (los que se comercian internacionalmente)
la desventaja que les provoca la sobrevaluación del peso. Su idea
es que el Estado les cueste menos, para lo cual debe achicarlo. En este
mismo sentido debe sumarse, en un plazo no muy lejano, la eventual eliminación
del ahora recreado impuesto a las cuentas corrientes, o al menos una marcada
disminución de su alícuota, para terminar con las distorsiones
que va a introducir. Sin medir la capacidad contributiva, castiga especialmente
a los sectores “dinerointensivos”.
Si no en lo inmediato, Cavallo también recortará la estructura
del sector público para abrirle oportunidades de negocio al capital
privado. A organismos como la DGI, la Aduana o la Ansés los tiene
claramente marcados. Además de generar más espacio presupuestario
para invertir en infraestructura y en programas sociales, según
la agenda que se plantea este Cavallo de máximas aspiraciones políticas,
la supresión de gasto público está pensada como un
medio para fomentar ese “ambiente de negocios” que anhelan los
mediterráneos, y como un anzuelo para atraer capitales hacia la
inversión fija, cuya virtud es no generar la contrapartida de deuda,
a diferencia de la financiera. Cree que el modelo de la privatización
y el desguace de YPF puede ser todavía aplicado a varios elefantes
blancos. ¿También la extranjerización?
Si el ajuste no está en el corazón de su estrategia es porque
lo cree política y socialmente inviable, a menos que se logre previamente
el crecimiento. Su punto de partida es que la Argentina no aguanta un
año más sin crecer, y que para lograrse es necesario atacar
simultánea y vertiginosamente en todos los frentes posibles. De
esto se deduce que, enel estado actual de fragmentación política,
es impensable tener que llevar cada nueva decisión al Parlamento.
Como prenda de cambio ofrece su convicción de que es posible crecer
sin pasar antes por la convulsión de una devaluación y del
default. En su momento se sabrá si es como la cuenta.
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