Por David Cufré

“La situación es límite. Estamos a punto de soportar una corrida contra el peso y una estampida de depósitos.” Así presionó Domingo Cavallo a los legisladores con quienes negocia la obtención de facultades extraordinarias. “Si el lunes el riesgo país llega a 1500 puntos el escenario será completamente distinto al de hoy (por el viernes) y la crisis será inmanejable”, añadió el ministro. Los diputados dudaron. La descripción de un escenario tan catastrófico les sonó a extorsión, más cuando Cavallo completó su análisis considerando que la única forma de evitar semejante caos es que le concedan los superpoderes de inmediato. Sin embargo, tanto aquellos legisladores como el Gobierno evaluaron que el único anclaje de la crisis es hoy la sanción de la ley de competitividad. “No sólo porque Cavallo lo quiera, sino porque así está planteada la realidad. Sin ley, la crisis no para”, señaló a Página/12 un funcionario muy cercano al jefe de Gabinete, Chrystian Colombo.
Más allá de cómo se resuelva políticamente el debate por las atribuciones especiales, la pregunta clave es para qué las quiere o cómo piensa usarlas Cavallo. “Yo no le voy a sacar plata del bolsillo a la gente. Les voy a poner plata. Confíen en mí”, les dijo el ministro a sus interlocutores parlamentarios y del Gobierno, lo cual los sacó de quicio. “Nosotros somos el oficialismo. Tenés que decirnos qué pensás hacer porque si no es imposible convencer a nadie. Ni a la propia tropa ni mucho menos a la oposición. No nos das espacio para negociar”, le reclamaron a Cavallo los diputados Horacio Pernasetti y Darío Alessandro, jefes de los bloques del radicalismo y el Frepaso en Diputados.
El ministro accedió a darles algunos indicios de sus próximos pasos una vez que obtenga los superpoderes. Hay tres aspectos que resultan casi imposibles de pasar por el Congreso: las reformas previsional, laboral y la derogación del estatuto del empleo público. Respecto a las jubilaciones, Cavallo estaría satisfecho con la ratificación parlamentaria del decreto de necesidad y urgencia que firmó De la Rúa el 30 de diciembre pasado. Esto implica la derogación de la PBU (Prestación Básica Universal, de 200 pesos) a todas los haberes mayores a 800 pesos y su disminución para las jubilaciones de entre 300 y 800 pesos. También incluye el aumento de la edad jubilatoria de la mujer. Pero Cavallo aceptó que este punto se elimine, como prenda de cambio de la negociación. Sin embargo, para el Frepaso es un tema “límite”. Sus diputados no ratificarán el decreto.
Pernasetti y Alessandro le dijeron a Cavallo que tal vez sea posible lograr la aprobación de esa reforma sin el apoyo del Frepaso, pero que sería una pésima señal política. El Frepaso ya quedó fuera del Ejecutivo y si confronta abiertamente por la reforma previsional, la Alianza puede quedar definitivamente muerta. Los diputados le explicaron a Cavallo que la crisis política derivada de esa ruptura lo terminaría perjudicando, pues su sustento político se vería debilitado. En función de ese análisis, le pidieron que acepte resignar la reforma previsional a cambio de obtener el resto de los poderes. Los legisladores tienen alguna esperanza de que sea posible llegar a un acuerdo. Recuerdan que el propio Cavallo les comentó hace quince días –cuando se negociaba en secreto su incorporación al Gobierno– que “fue una estupidez que el Gobierno se haya comprado tremendo conflicto sólo para dar una señal a los mercados”.
En cuanto a la reforma laboral, Cavallo pretende eliminar ya mismo la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. La ley vigente fija un plazo de dos años para que ello ocurra. La ultraactividad es la renovación automática de los convenios mientras no haya nuevos acuerdos entre empresarios y sindicatos. A ese esquema le quedan dos años de vida, pero Cavallo exige su cese de inmediato. Con la elevadísima tasa de desempleo actual, la apertura de paritarias generalizadas para discutir condiciones de trabajo resultaría altamente desventajosa para los trabajadores. La medida, seguramente, recalentaría al máximo el conflicto entre el Gobierno y los sindicatos. De allí que su aprobación por el Congreso sea poco menos que imposible y que Cavallo demande superpoderes para instrumentarla.
Otra obsesión del ministro es la derogación de los estatutos especiales, que resguardan mejores condiciones laborales a los trabajadores de un puñado de actividades, como viajantes de comercio, periodistas, porteros, docentes y empleados públicos. Las versiones respecto a la anulación de los estatutos docente y de prensa que recogió este diario fueron contradictorias. Mientras algunas fuentes dijeron que caerían en la volteada, otras lo negaron. En cambio, coincidieron que Cavallo irá a la carga contra el estatuto de los empleados públicos. Por esto fue que pusieron el grito en el cielo los diputados de todos los bloques, quienes dijeron que se debe respetar la garantía de la estabilidad laboral.
Para Cavallo la reforma de ese estatuto va acompañada de la reestructuración profunda que pretende introducir en la administración pública, para lo cual también pidió poderes especiales. Respecto, a este último punto, la conducción de los bloques de Diputados de la Alianza y el Gobierno no ponen mayores reparos. Especialmente, cuando Cavallo les aseguró que no habrá una avalancha de despidos como pretendía López Murphy. Igualmente, les dijo que habrá gente que quedará en la calle, aunque indicó que será un número “políticamente sostenible”, y que se mantendrá el esquema de pago de sueldos por un año –como había diseñado López Murphy– para reentrenar a los despedidos. Al Gobierno no es esto lo que más le preocupa, sino que en este momento el único tema que lo desvela es si mañana estallará o no una crisis total.

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