Página/12
en Gran Bretaña

Por Marcelo Justo
Desde Londres

La ley británica que prohíbe indagar el pasado sexual de una mujer en casos de violación estaría vulnerando los derechos del acusado y uno de los pilares de la convención europea sobre la materia: el derecho a un juicio justo. En un caso decisivo para el futuro de la ley, la máxima instancia judicial británica, la Cámara de los Lores, examina hoy la apelación presentada por la defensa, que alega que el pasado de la presunta víctima es fundamental para probar que la mujer consintió al acto sexual. Del fallo de los tres jueces lores que entienden en la causa penden docenas de casos de violación en Gran Bretaña, que han sido suspendidos hasta que la máxima autoridad judicial del reino determine la interpretación precisa de la ley. Atizando más la polémica, una de las organizaciones feministas más antiguas del mundo, la Fawcett Society, cuestionó la autoridad de los mismos lores para dictaminar en el tema por considerarlos “bastiones de los privilegios masculinos”.
El caso concierne a un estudiante de 26 años, que está solicitando refugio por razones políticas, cuyo nombre como el de la víctima forman parte del secreto de sumario. Según el estudiante, la presunta víctima, una profesora de arte un año mayor que él, sostuvo una relación consensual de meses que se extendió hasta la semana previa al hecho. El juez de primera instancia dictaminó que la relación de ambos previa al acto en cuestión era irrelevante porque la sección 41 de la ley de Actos Criminales, que entró en vigencia en diciembre del 2000, prohíbe que se interrogue a la víctima sobre su pasado sexual en casos de violación.
En la Corte de Apelación el dictamen fue el opuesto: si el jurado no era informado de que ambos habían tenido una relación previa consensuada, se distorsionaba “el juicio y las posibilidades de justicia”, y se contravenía la Convención de Derechos Humanos de la Unión Europea, que Gran Bretaña incorporó a su legislación en octubre.
En el caso participan el Ministerio del Interior británico y el grupo feminista “Justice for Women”. El gobierno defenderá la polémica sección 41 que tenía como objetivo impedir la estrategia favorita de la defensa en los casos de violación: sembrar dudas sobre las credibilidad de la acusación. En casos previos a la sección 41, los abogados desenterraban el pasado de la víctima, procurando demostrar que tenía una vida sexual activa para generar sospechas en el jurado: si había tenido relaciones sexuales consensuadas con muchos hombres, ¿por qué suponer que no había consentido también en el caso que se estaba tratando? El interrogante solía tener un peso decisivo en el veredicto del jurado. La serie de prejuicios sobre la mujer quedaron claramente expresados en las palabras de uno de los jueces que atendió el caso en la Corte de apelación, cuando dijo que con la sección 41 “nunca se sabrá si la acusada era una prostituta o alguien tan casto como una monja”.
Según el grupo feminista “Justice for Women”, la situación previa a esta ley era comparable a una verdadera odisea que terminaba en una nueva violación de la víctima, a manos de la Justicia. Una de las consecuencias de esto era que se reportaban muy pocos casos de violación y que el número de condenas era extremadamente bajo. Según la Rape Crisis Federation, una ONG que ofrece atención psicológica a víctimas de violación, unas 50 mil mujeres contactan anualmente la organización, pero sólo un 7 por ciento realiza posteriormente la denuncia policial.
Aunque el objetivo manifiesto de la sección 41 era lidiar con este problema, su alcance despertó recelos entre otros grupos progresistas. La abogada Helen Kennedy, una laborista con larga tradición en defensa de losderechos de la mujer, opina que prohibir de modo absoluto toda pregunta sobre la historia sexual de la víctima podría terminar en una situación de injusticia para los hombres. “Hay circunstancias en las que es necesario contar con esa información. La cuestión es encontrar una fórmula muy precisa que impida los abusos, de modo que sólo pudiera funcionar para un porcentaje muy reducido de casos. Lo que no debemos hacer es reparar la injusticia que se comete con las mujeres cometiendo una injusticia con los hombres”, señaló Kennedy.
La cuestión se complicó aún más con la presentación judicial que hizo la semana pasada la prestigiosa Fawcett Society, fundada en 1860, para que se incorporara a dos mujeres al panel de tres jueces lores que se pronunciarán sobre el tema. El argumento era que había una “parcialidad inconsciente de los jueces a pronunciarse adoptando una visión masculina del tema”. El hecho de que los 12 jueces lores son todos hombres y que nunca esta máxima instancia judicial, equivalente a la Corte Suprema, tuvo una mujer entre sus miembros, abonaba el argumento. La petición fue denegada. “Lo cierto es que la composición del panel que decidirá sobre este caso arroja serias dudas sobre la imparcialidad de su dictamen”, indicó a Página/12 la presidenta de la Fawcett Society, Jenny Watson.

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