Por Cristian Alarcón

Hace más de tres años los González y los Villar, las familias de las tres chicas asesinadas en un camino solitario de Cipolletti, imaginaban que algún día los homicidas estarían sentados ante un tribunal y que, tras un juicio, el misterio del triple crimen se resolvería. Nada más lejos de lo que hoy a la mañana comenzará a ocurrir. Sí, el juicio llegó. Pero no estarán en él ni los personajes poderosos, ni los policías sospechados por la familia, ni se juzgará en base a una investigación profunda, ni se recuperarán las pruebas perdidas y maltratadas por la policía. Se enjuiciará sólo a dos hombres, un mitómano y un estafador, que podrían llegar a recibir cadena perpetua, pero a quienes los padres de las jóvenes muertas sólo consideran “monigotes” al servicio del encubrimiento que continúa. Al hacer un balance sobre la batalla judicial, Susana González, mamá de dos de las chicas, le dijo a este diario que lamenta “haber confiado tanto”. “Nos mintieron casi todos, desde los investigadores hasta los políticos que se acercaron a ver qué queríamos, pasando por la Policía Federal y la DEA, nadie respondió a nuestros reclamos, en algún momento nos traicionaron”.
Hoy a las 8.30 frente a un salón del sindicato de Luz y Fuerza de Cipolletti, no sólo se reunirán los acusados, el fiscal Alvaro Meynet, los jueces, y una infinita lista de público que quiere presenciar el proceso, sino que en la puerta nuevamente habrá una enorme concentración, como las que ya se han hecho desde aquel 9 de noviembre de 1997. La tarde de ese domingo, María Emilia y María Paula González, con su amiga Verónica Villar, salieron a caminar por la alameda de la calle San Luis. En esa zona donde la ciudad, de unos 80 mil habitantes, se convierte en chacras alimentadas por regadío artificial, rodeadas de álamos que dan sombra a los manzanares y las vides, las tres jóvenes fueron secuestradas. Aparecieron el martes siguiente, cuando la propia gente del pueblo las buscaba, cerca, junto a las vías del tren. Paula, de 24, y Emilia, de 17, habían sido semienterradas entre unos olivillos. Verónica, de 22, se había asfixiado con la sangre de un corte en el cuello. Todas tenían demasiadas marcas en el cuerpo, cortes, hematomas, signos de violencia sexual.
A lo largo de la investigación del triple crimen fueron decenas las hipótesis que se tejieron. Pero la familia siempre avaló la que involucra a la policía local y al narcotráfico creciente en la región. Ayer se lo volvió a decir a Página/12 Susana González: “Para mí ha sido la policía con los malandras acusados porque ya se demostró en un juicio por asociación ilícita que uno de ellos estaba muy relacionado con el que era el jefe de la Brigada, el comisario Torres”. Pero la hipótesis en base a la que el fiscal acusó a Guillermo González Pino y a Claudio Kielmasz es que los dos fueron partícipes del homicidio, en realidad destinado a otras mujeres a quienes pensaban “apretar” para sacarles información sobre tráfico de drogas. Maynet asegura que las muertes fueron un error. Sin embargo, no existen en la requisitoria elementos que expliquen por qué la confusión, quiénes eran las otras tres mujeres, a quienes querían agredir, qué tipo de información sobre drogas buscaban, por qué la saña con que torturaron a sus víctimas. González Pino y Kielmasz, que son quienes serán juzgados a partir de hoy son los únicos acusados de los diez imputados que llegó a haber en la causa.
Para Ofelia Mosconi de Villar, la mamá de Verónica, “en realidad no saben ni lo más mínimo”. “Lo único que sabemos es que las chicas salieron a caminar y no volvieron –dijo en una rueda de prensa–. Desde la última persona que las vio en la calle San Luis hasta que aparecieron muertas no se sabe nada: si subieron voluntariamente con algún conocido, si las interceptaron violentamente, si la policía les pidió documentos, dónde las llevaron, por qué las torturaron”. Cómo se explica semejante cúmulo de dudas. Sucede que el caso es un ejemplo perfecto de encubrimiento policial. Los abogados de las familias de las víctimas señalan desde elcomienzo que las pruebas más importantes fueron destruidas en la primera etapa de investigación, toda una norma en los crímenes en los que la fuerza está involucrada. En éste, los primeros en ser inculpados por la masacre fueron dos lúmpenes que vivían en una tapera de las chacras. A uno de ellos, Hilario Sepúlveda, el comisario Torres le disparó a quemarropa cuando llegó en persona para detenerlo. Luego, el testigo que declaró cómo fue ese hecho, Domingo Aravena, apareció muerto y decapitado en otro descampado del pueblo de las manzanas.

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