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Por David Cufré
 Domingo Cavallo podrá
modificar las leyes de patentes, entidades financieras, antimonopolio,
de defensa del consumidor, de promoción para las pymes, de tarjetas
de crédito y de concursos y quiebras, entre muchas otras. También
estará legalmente habilitado a entregar al sector privado la recaudación
de impuestos o incorporarlo como socio en ATC, Radio Nacional y Télam.
Nada le impedirá comenzar a cobrar impuestos por la venta de diarios,
revistas y libros, y eliminar cualquier otra exención impositiva.
Y tendrá la potestad de producir una profunda reforma del Estado,
con el cambio de la estructura ministerial incluida. Todo ello si la Cámara
de Senadores ratifica hoy –como se supone– la media sanción
al capítulo de los superpoderes de la ley de competitividad que
dictó anoche la Cámara de Diputados. Desde su misma incorporación
al Gobierno, el ministro de Economía es virtualmente la máxima
autoridad política del país. Con la ley de competitividad,
redactada y negociada directamente por él y sus operadores, añadirá
a su poder político una suculenta dosis de poder legal para hacer
y deshacer a su gusto en una cantidad abrumadora de cuestiones clave en
el manejo del Estado.
El paso de la ley por la Cámara de Diputados terminó tal
como había comenzado el último domingo: plagado de negociaciones
interminables, debates acalorados y la división profunda de los
distintos bloques, con el apoyo de legisladores justicialistas a su sanción,
y la oposición de la mitad de la bancada del Frepaso y varios diputados
del radicalismo. La última novedad fue que se incluyó la
declaración de Emergencia Pública por el término
de un año, prorrogable a dos. Esto fue para evitar que la ley pudiera
ser cuestionada ante la Justicia y que fuera posible acusar a quienes
la votaron de “infames traidores a la patria”. El bloque de
senadores justicialista reclamó ayer por la tarde que la ley incluyera
el paraguas protector de la declaración de Emergencia Pública.
Armando Caro Figueroa negoció rápidamente con los jefes
de la bancada oficialista en Diputados, quienes accedieron a realizar
la incorporación.
El texto definitivo que salió de la Cámara baja difiere
en numerosos aspectos sustanciales del que había enviado el Poder
Ejecutivo. Por caso, se estipuló que la delegación de facultades
excluye “la privatización total o parcial de empresas públicas,
universidades, el Banco Nación y otras entidades financieras oficiales,
la AFIP, entes reguladores de servicios públicos, la participación
del Estado en entes y empresas binacionales, parques nacionales y el PAMI”.
“También se excluye la modificación de la autarquía
del Banco Central y de las universidades nacionales”, completa uno
de los artículos votados.
Otros recortes a los superpoderes estuvieron dados en que se prohibió
“toda derogación, modificación o suspensión
de la ley de Convertibilidad, los Códigos Civil, de Minería
y de Comercio, o en materia penal, tributaria, laboral del sector público
y privado, de la salud, previsional, de las asignaciones familiares, la
ley marco regulatoria del empleo público y el pago de la deuda
previsional con bonos Bocon 3”. Todos estos puntos fueron incorporados
como fruto de las negociaciones. Sin ellos, el oficialismo difícilmente
hubiera conseguido pasar el resto de los superpoderes para el Poder Ejecutivo.
El único artículo agregado por el propio Cavallo al proyecto
original que cosechó un apoyo casi unánime fue la facultad
para cobrar impuestos a las ganancias de capital. El ministro podrá
eliminar la exención del pago del impuesto a las Ganancias a las
utilidades obtenidas por la compraventa de “acciones, títulos,
bonos y demás títulos valores, cualquiera fuera el sujeto
que las obtenga”. Si el ministro resuelve eliminar la exención,
también quedarán alcanzados por el gravamen los empresarios
que vendan sus compañías. Los legisladores del Frepaso fueron
quienes más festejaron la incorporación de esa atribución,
y las autoridades del bloque reclamaran a Cavallo que la utilice de inmediato.
“Si se recaudan mil millones de pesospor ese impuesto, son mil millones
de progresismo impositivo”, ejemplificó en diálogo
con este diario el diputado Alejandro Peyrú. El establishment financiero
ejerció durante años un fuerte lobby para quedar al margen
de tributar Ganancias por las operaciones con acciones y bonos.
Indignados, en cambio, se manifestaron muchos legisladores –aunque
fueron minoría– con la delegación de otros superpoderes.
Los más polémicos resultaron los siguientes:
 Reforma del Estado. Cavallo
tendrá absoluta libertad para fusionar, eliminar o concesionar
al sector privado entes autárquicos y reparticiones descentralizadas,
y convertir a cualquier organismo –salvo los de la administración
pública central, como los ministerios– en esas categorías.
Con ello, podrá realizar cualquier modificación en las estructuras
del Senasa, el INTA, el INTI, los institutos Malbrán, de la Semilla,
del Agua, la Lotería Nacional, ATC, Télam y Radio Nacional,
entre una larguísima lista de casi un centenar de organanismos.
Asimismo, el Poder Ejecutivo podrá reformular la ley de ministerios.
Leyes. Otro punto conflictivo
fueron las facultades que se le otorgaron al Poder Ejecutivo para modificar
las leyes mencionadas al comienzo de este artículo, y de todas
aquellas que “puedan afectar el desarrollo de la economía”.
Bienes del Estado como garantía
de la deuda. El proyecto estipulaba que los activos públicos y
la recaudación de impuestos se podía poner como respaldo
del pago de la deuda. Fue el único que el oficialismo no logró
aprobar (ver nota aparte, página 6).
Comisión bicameral.
Se dispuso que una comisión bicameral controlará las medidas
que tome Cavallo con los poderes que consiguió. Pero no la integrarán,
como se preveía, los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales
y Presupuesto y Hacienda, sino que sus miembros serán elegidos
en un futuro. Con ello, se excluyó a Elisa Carrió, titular
de una de esas comisiones.
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En
las bancas
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Besen a Lamberto. El justicialista Oscar Lamberto finalizó
su encendido discurso sobre los peligros que significaba la cesión
de los activos públicos para garantizar créditos. Un
cerrado aplauso apagó sus últimas palabras. Mientras
sus colegas de bloque lo felicitaban, el santafesino recibió
dos besos inesperados, el de la frepasista Alicia Castro y de la radical
Elisa Carrió. Lamberto sonreía sonrojado.
Frágil Memoria. Alicia Castro argumentaba su rechazo al cuestionado
inciso F. Al finalizar le pidió al Ejecutivo que “no compre
voluntades” para aprobar esta norma. Esta frase le valió
el repudio de radicales y hasta de la justicialista cordobesa Martha
Alarcia. Pero ello no sorprendió tanto como los abucheos de
Rodolfo Rodil. “¿Pero este tipo no se acuerda de que Chacho
presentó una denuncia ante la Justicia sobre los sobornos y
acusó directamente a los senadores de haber recibido coimas
para aprobar la reforma laboral?”, se preguntaron en el entorno
de Castro.
Un diputado, un voto. Esa parece haber sido la consigna de los miembros
de la mesa de conducción del bloque radical, que no dudaron
en hacer volver de Córdoba al diputado Miguel Abella, quien
lució durante toda la sesión las muletas que utiliza
para poder movilizarse, fruto del accidente que sufrió en una
de sus piernas.
Peguen a Liendo. El único integrante del grupo que negoció
las modificaciones al proyecto de ley que resistió la interminable
sesión del martes por la madrugada fue Horacio Tomás
Liendo. La paciencia de buda que demostró no evitó que
los diputados del Frepaso, del radicalismo y del justicialismo que
se oponían a la norma la emprendieran contra él. Le
recordaron su paso por la dictadura militar en más de una oportunidad,
le advirtieron las consecuencias que tendría la ley sobre los
sectores marginados de la población y hasta su responsabilidad
en la redacción de la Ley de Convertibilidad. Pero el hombre
serio, nada, ni una mueca. Se mantuvo quieto y no respondió
uno solo de los ataques. “No le entran balas a este tipo”,
confesó un diputado justicialista. |
Cavallo
también tiene un blanqueo para senadores
Por
Felipe Yapur
Llegó como
una tromba al bloque de los senadores justicialistas, rodeado de colaboradores
y custodios. Los legisladores opositores querían reducir de un
año a seis meses la duración de la cesión de poderes
especiales. Domingo Cavallo se opuso tenazmente, pero no perdió
los estribos. Les recordó el apoyo que ya tiene de los gobernadores.
Antes de irse, endulzó los oídos de los senadores sospechados
de haber recibido sobornos cuestionando la “judicialización
de la política”. Amor con amor se paga: es poco probable que
la Cámara alta modifique hoy una coma del proyecto de Diputados.
Los peronistas promovieron la reunión, lo llamaron telefónicamente
cerca de las 14. “A las cinco estoy por ahí”, respondió
el ministro. No se le movió un músculo de su cara cuando
los senadores le anticiparon la intención de reducir el tiempo
que durarían los poderes especiales. “Mingo, no podemos concederte
un año porque en seis meses nos vamos”, le dijo el titular
del bloque, José Luis Gioja. Cavallo arremetió con un argumento
fuerte: “La gente necesita confianza; los mercados, también.
Además, para salir de un proceso de depresión como el que
vive la Argentina es preciso dar una fuerte imagen de seguridad. Y no
se puede decir que en seis meses saldremos. Para implementar mi plan necesito
un año. ¿Entienden?”, les respondió. No quería
un segundo límite a su exigencia de plenos poderes, luego de que
Diputados retirara el inciso que permitía al Gobierno hacer uso
de los activos públicos para garantizar el pago de la deuda externa
(ver nota aparte).
Apurado, necesitado de apoyo, el ministro de Economía optó
por olvidar aquellos días en que pedía la renuncia de los
senadores sospechados de haber recibido sobornos para aprobar la polémica
reforma laboral. Sin decir agua va, se “solidarizó” con
los legisladores que enfrentan la causa judicial por sobornos, uno de
cuyos principales denunciantes fue el ex vicepresidente Carlos “Chacho”
Alvarez. El senador salteño Emilio Cantarero estaba ayer en la
reunión. Debe haberse sentido reconfortado.
El conflicto se destrabó, lo que dio lugar a una conferencia de
prensa express en el Salón de Lectura: “Hay que desjudicializar
la política”, propuso Cavallo mientras los senadores del PJ
sonreían, pensando en Chacho y en Carrió. Poco después
un integrante del bloque opositor reconoció que, en todo caso,
“podríamos darle seis meses con posibilidad de renovarle seis
meses más”.
No conforme, el ministro volvió a la carga y se comprometió
verbalmente a respetar los fondos que reciben las provincias y no tocarles
un peso: “Es un acuerdo que tengo con sus gobernadores y voy a respetarlo”,
señaló. Senadores presentes aseguraron que no hubo necesidad
de más palabras. Los justicialistas aceptaron la promesa verbal.
Eso sí, tenían otra “preocupación”. Ni
bien comenzaron a detallarla, el ministro –rápido de reflejos–
los interrumpió para garantizarles que no habrá reducción
de salarios ni despidos de empleados estatales.
El presidente del bloque, Augusto Alasino, le expresó que para
aprobar la ley de superpoderes era necesario antes declarar la emergencia
pública: “Así evitamos que se concrete la amenaza de
la Carrió de denunciarnos por infames traidores a la patria”,
le indicó el legislador entrerriano quien desde el mismo momento
que la diputada chaqueña advirtió en el delito que se estaba
incurriendo –ceder la plenitud de los poderes al Ejecutivo sin que
medie una emergencia– comenzó a trabajar para que se incorpore
esa aclaración en el proyecto que debatían los diputados.
Cavallo no perdió tiempo, llamó por teléfono a su
más estrecho colaborador, el vicejefe de Gabinete, Armando Caro
Figueroa, reclámandole “simplemente las medidas necesarias
para cubrir este bache jurídico”. Caro hizo la diligencia
y los diputados agregaron esa aclaración en la norma debatida.
Todo indica que los senadores están prestos a votar esta tarde
la ley que llegará de Diputados. Tan es así que Gioja ya
reservó un par de plateas para presenciar el partido entre Argentina
y Venezuela.
CARRIO
CONTRA LA GARANTIA CON ACTIVOS PUBLICOS
“Es el negocio más grande de la ley”
Por
F. Y.
Cuatro de la mañana
de ayer. Era el turno del inciso F del proyecto de ley de Domingo Cavallo.
Sólo dos líneas tenía el pequeño apartado,
pero inmenso en sus consecuencias: garantizar operaciones de crédito
público mediante la afectación de activos públicos.
Desde su banca, Elisa Carrió bramó: “Este es el gran
negocio de esta ley”.
Comenzaba así el momento más tenso de la sesión:
“El Ejecutivo podrá disponer sin límite de recursos
de recaudación del Estado y de la garantía de activos públicos.
Esto significa renunciar definitivamente a cualquier potestad legislativa,
ya no de hoy sino del mañana, en la Argentina”.
Las risas que brotaron minutos antes cuando Carrió anunció
su renuncia al bloque de la Alianza se disolvieron. “Estamos frente
a la mayor concesión jamás dada por un Poder Legislativo
al Poder Ejecutivo de turno, con consecuencias para las futuras generaciones
del país” denunció Lilita y agregó: “El
jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, fue por mucho tiempo presidente de
Macrovalores; ha manejado papeles de la deuda. En su oportunidad demostraré,
con la correspondiente documentación, de qué manera hay
triangulación entre el Banco Macro, el Federal Bank y Macrovalores”
dijo la chaqueña. Mientras, Jesús Rodríguez salía
como eyectado de su banca y con una seña convocaba al presidente
de la cámara, Rafael Pascual, a una inmediata reunión.
“El señor (Horacio Tomás) Liendo, que es asesor directo
del ministro Cavallo y está presente en este recinto, era director
del Mercobank, que acaba de caer en enero. Por eso no asume cargos públicos.
Quiero aclarar que el Mercobank es, en realidad, la reestructuración
del BCP, cuyos integrantes terminaron procesados por asociación
ilícita. Pero hay más: el BCP absorbió al Banco Baires,
uno de los tres bancos que compraron el oro monetario y que está
implicado en el contrabando de oro que hoy Estados Unidos investiga por
lavado de dinero. Otra persona que puede asesorar en la materia es el
señor De Santibañes, de una larga experiencia financiera.
En estas condiciones no puede haber un cheque de confianza política
a personas con tan honda vinculación con el sistema financiero”
dijo la legisladora.
El justicialista Oscar Lamberto tomó la palabra. Golpeando con
los puños sobre el escritorio propuso, en tono vibrante, la eliminación
lisa y llana del inciso y decía: “Muchos de los que acá
están han estado en cana, han vivido los procesos militares, le
dijeron no a la prepotencia, ¿cómo carajo vamos a decir
que sí a los banqueros, cómo carajo nos vamos a poner de
rodillas?”.
Tras varios cabildeos, reapareció Rodríguez con un papel
en la mano. Se lo pasó a Baglini, quien terminaba una encendida
defensa del inciso advirtiendo a los legisladores: “¿Queremos
vivir el default que vivió Ecuador?”. Sin solución
de continuidad, Jesús Rodríguez planteó la eliminación
del artículo y la incorporación de otro que planteaba otorgarle
fuerza de ley al decreto de necesidad y urgencia que puso en marcha el
Plan de Infraestructura, y que contaba con media sanción de la
Cámara baja. Así se votó. Así, la Alianza
logró aquietar los ánimos levantiscos del PJ que había
amenazado con abandonar el recinto.
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