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Por Irina Hauser
 “Esto puede comprometer
seriamente el funcionamiento de la Oficina Anticorrupción (OA)”,
le advirtió el titular de esa área, José Massoni,
al viceministro de Justicia, Melchor Cruchaga, que fue el encargado de
reconfirmar ayer la poda salarial en la cartera. Massoni mide la gravedad
del asunto en función de que 18 de los 40 integrantes de su equipo
de investigadores están a punto de renunciar. Lo cierto es que
el Ministerio de Justicia, que comanda Jorge de la Rúa, está
casi paralizado desde hace diez días por la huelga que sus empleados
emprendieron a raíz de las rebajas de sueldo que sufrieron las
categorías medias y altas. Y según anunciaron los dirigentes
de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), al término
de una manifestación en el edificio de la calle Sarmiento, el paro
continuará.
El tijeretazo del hermano del presidente Fernando de la Rúa fue
notificado a los empleados el 15 de marzo con la aclaración de
que se aplicaba al mes completo. Apuntaba a suprimir los “incentivos”
que unos 300 trabajadores del sector cobran además de su sueldo
básico. Ese plus ha tenido como objetivo mejorar salarios atrasados.
Pero en ciertos casos, acotaron voceros de Justicia, “la suma extra
hacía que algunos sueldos superaran los 10 mil pesos, algo impensable
en otras carteras”.
Según aquel primer anuncio, que perjudicaba a las categorías
A y B, había empleados –como la mayoría de los investigadores
del área anticorrupción– que pasarían de ganar
unos 4000 pesos a percibir 1600 o menos. La OA, un organismo especializado
de control de la Administración Nacional, resultó una de
las áreas del ministerio más golpeadas porque proporcionalmente
concentra la mayor cantidad de integrantes afectados. Además, cuando
fue creada, al asumir el Gobierno, los profesionales contratados –muchos
de los cuales dejaron cargos estables en el Poder Judicial– recibieron
un ofrecimiento salarial que nunca se concretó.
Ayer al mediodía Cruchaga anunció que la máxima negociación
a la que podía acceder el ministerio era no rebajar la totalidad
del incentivo en cuestión sino recortar como mucho 900 pesos de
ese plus. “Los montos de los incentivos de las categorías
A y B no podrán superar los 1700 pesos, que es el importe que reciben
como máximo las categorías siguientes”, le explicó
a Página/12. Eso mismo fue lo que les explicó a Massoni,
al director de Investigaciones de la OA, Manuel Garrido, al director de
Políticas de Transparencia, Roberto de Michele, a la subsecretaria
de Derechos Humanos, Diana Conti, al subsecretario de Coordinación,
Alberto Assisa, y al subsecretario de Justicia, Francisco Fuster.
A la tarde, Fuster y Assisa se reunieron con representantes de ATE y les
transmitieron la propuesta, mientras en la puerta del ministerio sonaban
bombos y cánticos de repudio “a los asesores” y “a
los ñoquis”. Había unos 300 empleados de distintos
sectores dependientes del ministerio como Inspección de Justicia,
Registro de Reincidencias, Registro de Propiedad Automotor, Dirección
de Informática Jurídica, entre otros.
“Vamos a seguir con el paro, porque nos dan la mitad de lo que pedimos
y porque esto implica la amenaza de que se aplique el recorte a rangos
inferiores y que echen a los contratados. Hay que tener en cuenta que
de los 4000 empleados del ministerio sólo 1500 son de planta”,
señaló a este diario Eduardo Rauch, secretario de organización
de ATE Justicia. “Esperamos que nos garanticen que se despedirá
a ñoquis, no a gente que trabaja. Los empleados del ministerio
se sumarán al paro de ATE”, añadió.
Durante los últimos días en la OA funcionaron guardias,
pero ahora todo el plantel se plegará a la huelga. Los 18 investigadores
perjudicados, según pudo saber este diario, analizan la posibilidad
de renunciar. Algunos podrían volver al Poder Judicial, donde tienen
licencia.
En la cúpula del ministerio aseguran que no existe la intención
de desmantelar la OA. Pero hay quienes desconfían de esa versión
ya que coincidentemente la semana pasada a través de la secretaria
del secretarioprivado del Presidente se intentó forzar la renuncia
de Rafael Bielsa, que dirige la Sigen, el otro órgano clave de
control del Estado junto con la OA.
EL
MINISTRO PETRACCHI QUERELLARA A BALAGUER
“Este es un personaje siniestro”
“Este individuo es un personaje
siniestro.” El ministro de la Corte, Enrique Petracchi, definió
así al contador Luis Balaguer, quien lo acusó de haber cobrado
580 mil dólares a través del Federal Bank, una entidad sospechada
de lavar dinero. Petracchi volvió a decir que jamás cobró
ese dinero y anunció que querellará a Balaguer.
Balaguer, quien investigó el lavado de dinero a través de
los bancos de Raúl Moneta, dijo en Canal 9 de Mendoza el lunes
a la noche: “En mis apuntes tengo que Enrique Petracchi cobró
580 mil dólares el día 14 de julio de 1998 a través
de la sucursal del Federal Bank en Montevideo mediante una orden de pago
emitida por el Banco Santander sobre su cuenta número 26007692”.
El contador reiteró ayer esas afirmaciones. Petracchi aseguró
que lo querellará. “Yo no tengo ese dinero, ojalá lo
tuviera”, dijo la semana pasada el ministro de la Corte. A la vez
su primo, Alberto Petracchi, abogado apoderado de Moneta, reconoció
en un escrito que ese dinero le pertenecía a él y que era
producto de sus “actividades particulares” y “negocios”.
Balaguer aseguró que lo que dice el juez Petracchi es “una
burda mentira”. Y puntualizó en declaraciones radiales que
así como el ministro cobró 580 mil el 14 de julio de 1998,
al día siguiente “su primo recibió otra transferencia”
por esa misma cifra “que fue emitida por la misma cuenta del banco
Santander”. “Y dos días después, el 17 de julio
de 1998 -añadió–, Alberto Petracchi cobró la
misma cifra por una orden de cobro del Bankers Trust Company de Nueva
York.” Calculó que entre los dos Petracchi cobraron cerca
de 1,5 millón.
El contador dijo que le llamó la atención que los retiros
de dinero coinciden con la época en que Telecom depositó
1.440.000 dólares en el Federal Bank. Y que “pocos días
antes había salido el fallo de la Corte Suprema aprobando el rebalanceo
que había dispuesto Carlos Menem por un decreto de febrero de 1997”.
Enrique Petracchi dijo que tiene una cuenta en la sucursal neoyorquina
del Citibank, pero por 155.000 dólares.
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