Por Adriana Meyer

El dictador Jorge Rafael Videla podría ir a la cárcel si la Justicia comprueba que violó las normas del arresto domiciliario. En junio de 1998 fue procesado por la sustracción sistemática de menores durante la dictadura, pero el juez Adolfo Bagnasco le concedió ese beneficio que ahora podría perder. Según el periodista Osvaldo Quiroga, el sábado 24, día del 25 aniversario del golpe de Estado de 1976, Videla salió al balcón de su departamento para ser vitoreado por un grupo de manifestantes que cantaban el Himno Nacional. La APDH solicitó que fuera enviado a una verdadera prisión.
El juez Rodolfo Canicoba Corral, quien reemplaza a Bagnasco, citó a declarar a testigos para determinar si es cierto que Videla salió al balcón. Su abogado, Alberto Rodríguez Varela, presentó un recorte del diario Clarín que refiere que “los simpatizantes de Videla no pudieron ni siquiera llevarse un saludo del ex dictador”. El objetivo es tratar de probar que el hecho denunciado no ocurrió. Canicoba Corral también convocó al propio Videla para pedirle explicaciones y a los agentes que lo custodian. Página/12 pudo saber que, si el magistrado corrobora que el hecho ocurrió, revocará el permiso que le otorgó Bagnasco para que pueda cumplir la prisión preventiva en la comodidad de su hogar en lugar de una celda. La ley establece ese beneficio para los mayores de 70 años o para las personas que padezcan una enfermedad incurable en período terminal.
El sábado 24 una treinta personas se acercaron al edificio donde vive el ex represor, en Cabildo 648. Dos carros de asalto de la Policía Federal habían estacionado en el lugar. El periodista Osvaldo Quiroga, que también vive en Belgrano, contó a este diario: “Vi en la esquina a un montón de gente mayor, entre ellos (el actor) Fernando Siro y su mujer, Elena Cruz, que cantaban el Himno. Cruz los dirigía como un director de orquesta”. En ese momento en la ventana del quinto piso apareció la delgada figura de Videla. “El genocida salió al balcón que da a la calle mientras su mujer y su hijo salieron por la puerta de la planta baja. Saludaron a la gente y agradecieron especialmente a Cruz y a Siro”, completó Quiroga. La Asociación Argentina de Actores repudió la actitud de Siro y Cruz.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) reclamó el lunes que Videla fuera enviado a una verdadera prisión y que fueran sancionados los responsables del incumplimiento de los requisitos del arresto domiciliario. “Su participación en un acto de claro corte político y reivindicativo de su gesta criminal y su saludo a sus seguidores constituyen una inaceptable violación de las condiciones del arresto domiciliario”, dice el escrito que Sergio di Gioioia, Horacio Ravenna y Alfredo Bravo presentaron en el juzgado.

HEBE DE BONAFINI HABLO FRENTE AL COMITE RADICAL
“No tenemos ningún grupo violento”

“Nosotras no tenemos ningún grupo violento. Las Madres sabemos cuidarnos solas”, dijo Hebe de Bonafini, titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, frente al Comité Capital de la UCR, en Tucumán 1660. Bordeándola en forma de medialuna, cien militantes radicales, taponando la puerta del edificio, la escuchaban a regañadientes en silencio, mientras desplegaban una bandera que decía “No a la violencia. Juventud Radical”. Así empezó la conferencia de prensa en la que Bonafini, acompañada por diez Madres, desmintió cualquier relación con los grupos que el sábado pasado agredieron a 46 militantes de la Federación Universitaria Argentina, de Franja Morada y de la Juventud Radical, que se dirigían al acto de repudio al golpe que se hizo en Plaza de Mayo.
“Los radicales tienen una triste historia con los fusilamientos de la Patagonia rebelde, las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, y con este Gobierno”, afirmó Bonafini, irritando a los militantes de la UCR, quienes empezaron a cantar: “Somos la vida, somos la paz, a la violencia le decimos nunca más”, tapando la voz de la titular de las Madres. “Me dan tristeza estos jóvenes, vagos, nenes de mamá y acomodados en puestos del Gobierno”, gritó Bonafini, aunque los radicales ya no la escuchaban, dedicados a cantar sus consignas.
El problema surgió el sábado, cuando las columnas de la Asociación Madres de Plaza de Mayo regresaban del acto propio que hicieron en repudio al golpe, y se toparon con la gente de la FUA, engrosada con militantes de la Juventud Radical y de Franja, que se dirigían al otro acto, convocado por el Encuentro “Memoria, Verdad y Justicia”. Según juran los radicales, cuando estaban en Congreso, un centenar de personas que escoltaba al grupo de las Madres los agredió con palos y botellas. “Bonafini y Sergio Schoklender fueron los responsables; si no tienen grupos especiales, ¿qué hacían esos tipos con ellas?”, se preguntó Marcelo D’Ambrosio, presidente de la JR porteña.
Cuando las Madres se retiraron del frente del Comité, aparecieron ocho jóvenes autoidentificados como “HIJOS”, aunque en realidad son un pequeño grupo que se fue de la agrupación original que usa ese nombre. Los radicales se enardecieron al verlos, y de no haber sido por la veintena de policías presentes, los hubieran arrasado, ya que la relación de fuerzas los favorecía 10 a 1.
El clima, tenso durante varios minutos, sólo se enfrió cuando los autoidentificados como “HIJOS” decidieron irse del lugar. Una lluvia de chiflidos cubrió su salida, mientras los militantes de la JR aclaraban: “No tenemos problemas con los otros ‘HIJOS’, ni con Madres Línea Fundadora. Pero el sábado nos agredieron y ahora encima vienen a provocar”.

Para los niños nacidos en cautiverio

Dos proyectos destinados a indemnizar a los niños nacidos en cautiverio o que fueron apropiados durante la última dictadura militar ingresaron ayer en la Cámara de Diputados. “La infancia tiene derecho a asistencias especiales. Dichos principios, como tantos otros, no fueron respetados por el proceso militar. Es nuestro deber como legisladores que lo sucedido con estos niños y las profundas secuelas que hasta el presente deben sobrellevar no queden en el olvido y sin reparación, máxime cuando existen en nuestra legislación suficientes antecedentes sobre el tema”, se afirma entre los fundamentos de las normas.
Se trata de dos iniciativas frepasistas –de Marcela Bordenave y Atilio Tazzioli– que consiguieron el apoyo de, entre otros, los diputados Humberto Roggero, del PJ; Franco Caviglia, de Acción por la República; Margarita Stolbizer, de la UCR y el socialista Alfredo Bravo.
El primer proyecto contempla una reparación para “las personas que hayan sido víctimas de sustitución de identidad como consecuencia de la privación ilegal de la libertad de sus madres o la propia por actos emanados del terrorismo de Estado instaurado en nuestro país”. El segundo beneficia a quienes “hubieran nacido encontrándose al momento del parto de su madre en situación de detenidas por razones políticas, ya sea a disposición del Poder Ejecutivo nacional y/o tribunales militares y/o áreas militares”.
El Congreso ya sancionó dos leyes de reparación a las víctimas directas de la última dictadura militar: una que beneficia a los ex detenidos y otra a los familiares de los desaparecidos. “El Estado no sólo violentó los derechos fundamentales de la madre, sino que también transformó en víctima al recién nacido”, dicen los diputados en los fundamentos. La indemnización propuesta para los casos de sustitución de identidad es igual a la establecida para los casos de desaparecidos y para quienes nacieron en cautiverio se prevé el pago por única vez de una suma equivalente a veinte veces la remuneración mensual de los agentes nivel A del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional.

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