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Por E. V.
 La cárcel de Caseros,
ese fantasma de cemento que aflige a los vecinos de Parque de los Patricios,
todavía sigue en pie. Pese a eso, la Legislatura autorizará
la construcción, en ese predio, de torres residenciales de no más
de ocho pisos. Como suponen que la venta del predio –una hectárea–
generará un ingreso importante para el Estado nacional, los legisladores
reclaman la cesión de 4500 metros cuadrados para la construcción
de una escuela, un centro cultural y un parque de uso público.
De la cárcel vieja –construida a fines del siglo XIX–,
ubicada sobre la avenida Caseros, se conservará sólo una
cuarta parte, como preservación de su valor histórico. El
resto desaparecerá.
El proyecto, que ya tiene el visto bueno de la Comisión de Planeamiento,
será aprobado en la sesión del 5 de abril, según
adelantó a Página/12 el titular de la comisión, Marcelo
Vensentini (Alianza). Se trata de una iniciativa presentada por el secretario
de Planeamiento Urbano, Enrique García Espil, a partir de las propuestas
elevadas por los vecinos de Parque de los Patricios, a través del
Centro de Gestión y Participación Nº 4.
La aprobación de la norma sería una buena noticia para la
gente del barrio, si no fuera porque la anunciada demolición de
la “cárcel nueva” aún está demorada y porque
el Ministerio de Justicia –que administró las cárceles
hasta su desactivación– tiene otros planes para el sector
“viejo”: la creación de un centro de capacitación
para el Servicio Penitenciario Federal. Sin embargo, el predio fue transferido
al Ministerio de Economía, por lo que será Domingo Cavallo
quien decida sobre su futuro.
La posibilidad de demoler los 19 pisos por el método de implosión
–al estilo de Fuerte Apache– está siendo debatida por
los sectores involucrados: los médicos de los hospitales Garrahan,
Udaondo y Muñiz quieren saber si el estallido afectará a
los equipos o a los pacientes internados; también temen por el
efecto nocivo del polvillo producido por la demolición; la mayoría
de los vecinos, en cambio, está a favor de la implosión.
El proyecto para Caseros que sancionará la Legislatura comprende
las dos manzanas delimitas por Pichincha, Caseros, Pasco y 15 de Noviembre
de 1889, donde hasta fines de 2000 funcionaron las unidades 1 y 16. La
norma dispondrá la apertura de la calle Rondeau, hoy cortada por
los edificios deshabitados, con lo cual, el predio quedará dividido
en dos.
Al primero, ubicado entre Rondeau y 15 de Noviembre, donde está
la “cárcel nueva”, se lo zonificó como distrito
residencial, donde las construcciones “no podrán superar una
altura máxima de 24 metros”. En el otro sector, entre Caseros
y Rondeau, se prevé el reciclaje de la ex U 16, donde “deberán
preservarse los muros exteriores, almenas superiores y tortea de esquina
en una proporción no mayor al 25 por ciento de su desarrollo actual”.
La norma establece que el Estado nacional “deberá ceder una
parcela no inferior a 2000 metros cuadrados”, en esta manzana, y
construir allí una escuela pública. Y otros 2500 metros
cuadrados, “con destino a la construcción de un centro cultural,
cívico, vecinal y espacio parquizado de uso público”.
Ambas cesiones deberán ser refrendadas mediante un convenio entre
la Nación y la Ciudad.
–Una ley de la ciudad no puede obligar a la nación a ceder
una propiedad –observó Página/12.
–No. Pero si la Nación quiere vender ese predio para construir
viviendas, necesita de una ley de la ciudad. Es lógico que la ciudad
reciba, a cambio, un beneficio –argumentó Vensentini.
VIOLENTO
ASALTO EN TELEFONICA
Un custodio acribillado
Un custodio privado fue asesinado
de cuatro disparos y un suboficial de la Policía Federal recibió
varios golpes en la cabeza durante un asalto a una oficina comercial de
la empresa Telefónica de Argentina, ubicada en el barrio porteño
de Floresta. Tras un intenso tiroteo, los ladrones huyeron llevándose
la recaudación total de la sucursal. Aunque los empleados sólo
vieron a dos hombres, los investigadores sospechan que habría,
por lo menos, otros dos delincuentes: es la única explicación
para que hayan podido escapar tan rápido, y esfumarse.
Los asaltantes ingresaron a la sucursal, ubicada en el cruce de Alvarez
Jonte y Sanabria, por el sector destinado a los empleados de limpieza
y mantenimiento del local. El robo se produjo poco después de las
17, cuando la oficina ya había cerrado sus puertas al público.
Tras amenazar a los empleados con armas de fuego, los dos hombres exigieron
que les entregaran el dinero de las cajas: cerca de seis mil pesos.
Carlos Díaz, un vigilador de 30 años que trabajaba para
la empresa de seguridad Servin, intentó frustrar el asalto, apoyado
por un suboficial de la comisaría 43ª que también custodiaba
la oficina. En ese momento se inició un tiroteo tan violento como
breve: en apenas unos minutos, Díaz recibió cuatro disparos.
El policía fue golpeado en la cara y en la cabeza, con la culata
de un arma. Los ladrones huyeron minutos antes de que llegaran los patrulleros
y la ambulancia.
El custodio murió mientras era atendido en el lugar por un equipo
de emergencias. El policía corrió con mejor suerte: fue
trasladado al Hospital Churruca, donde permanece internado, aunque fuentes
médicas indicaron que se encuentra fuera de peligro. Los investigadores
aún no han podido determinar de qué modo escaparon los ladrones,
pero suponen que fuera del edificio había, por lo menos, dos cómplices,
que luego facilitaron la fuga. Fuentes de la comisaría 43ª
señalaron que se busca determinar si se trata de la misma banda
que cometió varios asaltos durante la mañana y las primeras
horas de la tarde de ayer, en los barrios de San Telmo, Mataderos y Villa
Lugano.
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