Por David Cufré

Pagar una entrada para ir a ver a la selección puede resultar más caro si Domingo Cavallo utiliza su facultad para eliminar exenciones impositivas. También podría subir la tarifa por viajar en taxi o los alquileres. En nuevas rutas podrían instalarse casillas de peaje o los laboratorios extranjeros estar obligados a producir localmente los medicamentos que pretendan importar. Los superpoderes que ostentará el ministro de Economía cuando el Senado termine de sancionar la ley de competitividad –algo que estaba por ocurrir esta madrugada– son abrumadores.
Igualmente, el Congreso coartó la libertad de accion del superministro en numerosas cuestiones clave. Las más importantes son la imposibilidad de modificar la ley de Convertibilidad, bajar salarios, reformar las leyes laborales y previsionales, privatizar el Banco Nación y disponer activos del Estado como garantía del pago de la deuda externa. Con todo, Cavallo festeja por cómo quedará la ley una vez que salte la valla del Congreso. Las respuestas a las preguntas que siguen ilustran los (escasos) límites a los superpoderes del ministro de Economía.
1 ¿El Gobierno puede aumentar impuestos?
No, si se trata de alícuotas generales. Por ejemplo, llevar la tasa máxima del IVA del 21 al 22 por ciento o la de Ganancias del 35 al 40. Pero sí está autorizado a aumentar las tasas diferenciales. La televisión por cable paga actualmente el 13 por ciento de IVA. Domingo Cavallo quedó facultado a llevar la alícuota al límite de 21 por ciento. Lo mismo con el resto de las tasas de todos los impuestos nacionales que se encuentren por debajo del techo.
2 ¿Puede bajar impuestos?
Sí, durante seis meses o un año, según el plazo que aprobara finalmente el Senado para los poderes especiales.
3 ¿Y crear impuestos? No. Pero sí podrá suprimir exenciones, salvo las que rigen para los productos de la canasta familiar. Actividades que actualmente no pagan IVA o Ganancias podrían ser gravadas. Existe una larga lista de exenciones. En lo referente al IVA, con los superpoderes Cavallo podrá comenzar a aplicarlo a la educación, los alquileres, las entradas para partidos de fútbol, el cine, el teatro y demás espectáculos, la venta de diarios, revistas y libros, el taxi, los remises y el transporte público. En cuanto a Ganancias, están exentos los clubes de fútbol, los sueldos de jueces y diplomáticos, las utilidades de fundaciones y universidades privadas, los intereses que devengan los depósitos en caja de ahorro y plazo fijo, derechos de autor, las ganancias por la tenencia de títulos y acciones, las donaciones y las herencias.
4 ¿Se gravará la renta financiera?
El Gobierno puede empezar a cobrar el impuesto a las Ganancias por las utilidades obtenidas por la compraventa de acciones y bonos. También a los empresarios que vendan sus compañías. El establishment financiero no querrá que Cavallo utilice esa facultad.
5 ¿Puede aumentar peajes?
Sí, puede crear cualquier tipo de tasas y subir los peajes para nuevas obras.
6 ¿Puede bajar sueldos y jubilaciones?
No. El Congreso rechazó el pedido de facultades extraordinarias para nuevas reformas en materia laboral y previsional.
7 ¿Qué leyes podrá modificar?
Todas las que a su juicio “perjudiquen la competitividad de la economía”, excepto las de Convertibilidad, los códigos Civil, de Minería y de Comercio, o en materia penal, tributaria, laboral, previsional, salud, de las asignaciones familiares y del empleo público. Algunos ejemplos de las leyes que podrá cambiar el Poder Ejecutivo son los siguientes: patentes, entidades financieras, antimonopolio, defensa del consumidor, promoción para las pymes, tarjetas de crédito y concursos y quiebras.
8 ¿Habrá despidos de empleados públicos?
La ley autoriza a eliminar o fusionar reparticiones, con lo cual es posible que haya despidos. Además, el Gobierno podrá modificar la Ley de Ministerios. El propósito de ambas medidas es achicar la estructura de la administración pública. Seguramente desaparecerán organismos y se cerrarán secretarías o subsecretarías. Personal de planta transitoria podría quedar en la calle.
9 ¿Qué organismos podrían desaparecer?
Fue uno de los puntos más controvertidos durante el debate de la ley. Legisladores de todos los bloques pidieron precisiones sobre los planes de Cavallo, que nunca llegaron. La redacción de los artículos referidos a la reforma del Estado es ambigua y otorga facultades amplísimas. Tal como fueron aprobados, el Gobierno tiene la potestad de eliminar o fusionar todos los entes autárquicos y descentralizados, que suman más de cien. Algunos de ellos son el INTI, el INTA, los Institutos Malbrán, de la Semilla, el Agua, la Lotería Nacional, la AFIP (DGI más Aduana), ATC, Télam, Radio Nacional, el Conicet y el Senasa. También podría convertirlos en empresas y entregar su explotación al sector privado.
10 ¿Cambiarán las condiciones de trabajo para los empleados públicos?
El Congreso prohibió tocar el estatuto laboral de los agentes del Estado. También rechazó la derogación de los convenios que rigen en los entes autárquicos y descentralizadas, los cuales emplean a 55 mil personas. Sin embargo, autorizó que organismos de la administración central puedan ser convertidos en entes autárquicos. Si eso ocurre, para los trabajadores que presten servicios en los organismos “convertidos” cambiará el régimen laboral. Después de dos años, deberán negociar un nuevo convenio y en caso de no llegar a acuerdo, arbitrará el Ministerio de Trabajo.
11 ¿Se privatizará el Banco Nación?
No. Los legisladores incluyeron un artículo que prohíbe la privatización total o parcial del Banco Nación, otras entidades financieras oficiales, empresas públicas, universidades, la AFIP y el PAMI.
12 ¿Se podrá concesionar la recaudación de impuestos?
Sí. El Gobierno podría encargar a una empresa privada que se encargue de la cobranza de impuestos.
13 ¿El pago de la deuda está garantizado por bienes del Estado?
No. El Congreso eliminó el artículo que permitía respaldar el pago de la deuda con bienes públicos y la recaudación de impuestos.

LAS EMPRESAS PUBLICAS, PALO Y A LA BOLSA
Una vueltita para privatizar

Por Cledis Candelaresi

La reforma del Estado que Domingo Cavallo se apresta a diseñar tendrá dos claves. Una: prevé crear nuevas empresas públicas, aunque con el propósito de venderlas luego, en lo posible en la Bolsa. Otra: busca facilitar el despido de personal pero, al mismo tiempo, su contratación bajo modalidades más flexibles.
Hasta anoche el ministro de Economía no tenía designada la persona que se ocupará, específicamente, de encarar esa transformación ni definidas las metas cuantitativas para achicar el plantel ni los organigramas públicos, reducción que sí está dispuesto a hacer, aunque por un camino distinto al probado hasta ahora.
“Es peligroso idolatrar metas de retiro de personal, rebajas de sueldos o eliminación de ñoquis en el organigrama. Desde 1989, el sector público argentino está en constante racionalización y los retiros voluntarios son cada vez más generosos. El saldo final es que son más los empleados que entran por la ventana, que los que salen por la puerta del retiro voluntario”, asegura en un reciente trabajo el cavallista Osvaldo Giordano, por ahora recluido en la Fundación Novum Milenium.
Una de las reglas básicas de la inminente reforma administrativa será que el Estado se concentre y fortalezca en algunas funciones consideradas decisivas, y que el resto sean eliminadas o delegadas a la actividad de los particulares. El afán de fundir reparticiones que tienen funciones semejantes no es novedoso para el gobierno aliancista. Pocos meses atrás el propio jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, amenazó con cerrar todos los viernes algún organismo público que juzgara innecesario.
Pero la carta fuerte para rediseñar el Estado será la transformación de organismos o funciones de la administración central en tantas sociedades por acciones como sea factible o conveniente. Esto no excluye la posibilidad de crear empresas totalmente nuevas: el ministro estaría soñando con una que se dedique a la transmisión de TV digital, por ejemplo. Luego, esas firmas públicas serán transferidas total o parcialmente a manos privadas, incluyendo su oferta en Bolsa, lo que permitiría al Tesoro recaudar fondos y estimular el mercado doméstico de capitales.
El modelo inspirador será la privatización de la ex empresa estatal de energía Segba, que durante su anterior gestión Cavallo desmembró para vender o concesionar en forma independiente. La tercerización del cobro de impuestos a través de una de las sociedades en que será dividida la AFIP quizás sea otro caso testigo, pero de esta nueva etapa.
El otro gran capítulo de la reforma será la transformación de los regímenes de empleo público, fundamentalmente para facilitar los despidos e instrumentar un sistema de premios y castigos. No porque haya prevista una razzia inmediata y con número cantado sino porque la intención es poder expulsar a los funcionarios considerados “ineficientes”, sin tener que apelar a la Justicia o a retiros voluntarios. La AFIP y la Anses ya tienen regímenes más laxos que los que amparan a otros agentes públicos, y la idea es extender esos convenios al resto de los estatales, quienes en mediano plazo perderán estabilidad y serán funcionalmente móviles.
Pero el proyecto apunta también a contratar nuevos empleados en condiciones diferentes. En esta categoría estarían los futuros “gerentes” públicos, que no tendrían estabilidad y serían juzgados en base a su productividad. La máxima penalización será su despido. Antes, él y sus subordinados podrían ser privados de eventuales estímulos salariales.

Tras el perdón, el Senado fue sólo un parlamento

Luego de que Cavallo amnistiara políticamente a los senadores, laCámara alta se aprestaba esta madrugada a convertir en ley los superpoderes siguiendo un criterio: todos hablarían, pero no se modificaría el texto. Sobre 69 senadores, se anotaron en la lista de oradores nada menos que 45.

Por Felipe Yapur

En el Senado de la Nación no había ánimo ni intención de sorprender. Salvo una catástrofe, política o natural, al cierre de esta edición los senadores se aprestaban a aprobar –sin modificaciones– el texto de la ley que le otorga poderes especiales al superministro Domingo Cavallo y que cuenta ya con media sanción de Diputados.
Largos, monocordes y tediosos discursos para decir prácticamente lo mismo (que aprobarían la ley) fue el denominador común de las primeras horas de sesión. Tal como se había acordado en las reuniones de bloque, cada senador dejaba sentada su posición, e incluso las diferencias, pero nada de ello implicaba modificaciones. El jefe del bloque radical, Jorge Agúndez, se encargó de ratificar el acuerdo: “Es probable que se produzcan algunas disidencias pero sólo se incorporarán en la versión taquigráfica”.
Los justicialistas, conducidos por el sanjuanino José Luis Gioja, dejaron trascender en un momento la posibilidad de que se insista en modificar el plazo de los poderes especiales. Eso provocó el encuentro con Domingo Cavallo durante la tarde del martes. La norma que tiene media sanción de Diputados prevé un año de plazo. El justicialismo decía anoche que el plazo debía ser de seis meses porque se les vencía el mandato, pero el acortamiento era poco probable. Según los radicales, solo se trataba de una finta “para disimular que todo está acordado”.
La sesión comenzó a las 15.40 con 45 senadores anotados para hablar. Sin duda, fue una extraña sucesión de discursos porque el elegido como informante por el radicalismo, el cordobés Luis Molinari Romero, parecía que hablaba en nombre de un pequeño bloque opositor. En cambio el senador que lo hizo por el PJ, Eduardo Menem, habló como un representante del oficialismo.
Molinari Romero leyó su discurso a pesar de que lo prohíbe el reglamento de la Cámara. Se preocupó más en cuestionar las amenazas de una posible denuncia penal por infames traidores a la patria que lanzó el martes la también radical Elisa Carrió contra los legisladores que votaron la cesión de poderes especiales al ministro Cavallo, que en fundamentar el apoyo a la norma que llegó de Diputados. “No necesito de las amenazas de nadie para saber que lo que venimos a votar no es más que el uso de las atribuciones del Congreso”, bramó sin sacar su vista de las páginas que tenía en su pupitre. “Hoy, por la realidad institucional que vivimos y fruto de la reforma constitucional de 1994, podemos conceder las facultades en el marco del artículo 76 y que para nada significa que les estamos entregando la suma del poder público”, justificó mientras los rostros de sus colegas ya mostraban signos de aburrimiento.
“Esta sanción no implica cerrar el Congreso, como se dijo irresponsablemente, porque tendremos una gran tarea de control y con esta sanción el parlamento ratifica su perfil de un órgano legislativo moderno y ágil”, concluyó el radical, acompañado de raquíticos aplausos.
Leopoldo Moreau le otorgó un sesgo opositor a su discurso al recordar a Cavallo. “Desfinanció el sistema previsional por la rebaja de aportes y la privatización del sistema y nos endeudó en diez mil millones al año para cubrir ese déficit”, dijo. Pero votaría a favor.
Menem, antes de desplegar sus conocimientos de derecho constitucional, realizó una confesión: “Esta sanción no tiene nada de novedosa: no vamos hoy a perder la virginidad en materia de delegación de facultades; la venimos perdiendo hace mucho tiempo”. A renglón seguido, la emprendió sin nombrarla contra Carrió: “Hay que ser exagerado, y amenazar con tono melodramático me parece grotesco”, dijo, pero por si acaso se apoyó una cita del constitucionalista Juan Segovia, que justifica la posición del cuerpo porque dice que el artículo 29, el que habla de traición a la patria, es inaplicable ya que “no estamos cediendo facultades extraordinarias. Lo que hacemos es ceder nuestras facultades que son ordinarias”, dijo el senador.
En los pasillos, la actividad no era tan febril como la que se vivió durante los días anteriores en Diputados. Pocos operadores, más el titular del gremio legislativo, Jorge Sablish, quien se mostró “conforme porque se morigeró la ley original”.
En cuanto a los votos negativos, todo indicaba que, salvo algún voto imprevistamente opositor, como el del oficialista Alcides López, el “no” provendría del bloque 17 de octubre, que integran Antonio Cafiero, Jorge Villaverde, Daniel Varizat y Héctor Maya. Sin embargo, a la medianoche la situación no era tan clara. Los bonaerenses habían recibido fuertes presiones del gobernador Carlos Ruckauf para que apoyaran la norma. Los otros dos se mantenían en su tesitura. Con humor, Maya ironizó así su rechazo: “Cavallo conducción, lo demás es traición”.

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