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UN BLANQUEO A LA ESPAÑOLA, PERO APLICADO EN LA ARGENTINA
Para reactivar con plata negra

Capitales sin declarar sobran, pero sus dueños pueden temer que si se los prestan a Hacienda tal vez no los vuelvan a ver.

Fernando de la Rúa, Chrystian Colombo y Domingo Cavallo, a la pesca del dinero escondido.

Por Julio Nudler

Los dueños del abundante capital negro argentino –que, según estimaciones de mínima y máxima, fluctuaría entre 110 y 200 mil millones de pesos– enfrentan una vez más el gran dilema: blanquear o no blanquear. Domingo Cavallo les ofrece, de entrada, una oportunidad particular, a través de un mecanismo que funcionó bien en España diez años atrás (ver recuadro al pie), pero que no necesariamente será exitoso en esta Argentina en riesgo de quiebra. Lo que se les propone a los evasores es que le presten al fisco argentino, bajo determinadas condiciones, el capital que deseen blanquear, para recuperarlo dentro de cinco o seis años. Lo lógico es que sólo se decidan a aceptar el convite quienes confíen en que Hacienda les devolverá la plata al vencer el bono que adquirirían, para lo cual será necesario que en estos años el fisco pase del déficit al superávit, o como mínimo que, llegado el momento, tenga crédito suficiente para conseguir el dinero en otra parte. En principio, el Congreso Nacional eliminó de la ley de Competitividad una delegación pretendida por el Ejecutivo: la de garantizar operaciones de crédito público mediante la afectación de recursos o activos estatales, con lo que el bono a crear carecería de un respaldo específico. Como este partido recién empieza, la credibilidad recuperada por Cavallo para el desfalleciente gobierno de Fernando de la Rúa no parece bastar todavía.
En la decisión de las evasores pesarán, además, otros factores. Uno muy importante es el premio que se ganarían blanqueando. Básicamente consiste en el olvido para sus pecados, y el correlativo perdón de multas, actualizaciones, punitorios y todo otro castigo. Pero ese premio sólo será apreciado si el evasor evalúa como alto el riesgo de que los inspectores de la AFIP le echen el guante. Si no, preferirá seguir en las sombras, porque es más barato. Hasta el momento Cavallo no dio con ningún nuevo Carlos Tacchi capaz de infundir real temor entre los negreadores.
También incidirá el costo de blanquear, equivalente a la diferencia entre la renta que ofrecerá el bono especial intransferible y la tasa de mercado que debería pagar el Tesoro por un crédito similar. Si se tratara de un título de renta fija, similar al español, ésta debería tomar en cuenta la posibilidad de que, si el programa de Cavallo tiene éxito, la tasa de mercado que se le carga al país disminuya en los próximos años. Se supone que el rendimiento del bono no debería superar en ningún momento al de otros títulos normales. Otra opción, teóricamente posible, es que la renta sea variable, ajustándose periódicamente por las fluctuaciones en la tasa de mercado. No está claro, por otra parte, si la exteriorización del capital subterráneo, producida al adquirir el bono, obligaría a pagar desde ese mismo momento el impuesto a los Bienes Personales.
Según anunció Cavallo, con la recaudación del blanqueo serán saldadas las deudas ocultas o no documentadas que mantiene el Estado con el sector privado. Como calculó este pasivo en unos 8000 millones de pesos, la deducción es que espera conseguir con la regularización por lo menos esa plata. No parece demasiado dinero en comparación con la masa de capital negro, pero de ésta sólo habría que considerar la generada por evasión aún no prescripta. Históricamente, los blanqueos rindieron alrededor de un punto del Producto Bruto, un nivel que hoy llevaría a esperar unos 3000 millones, o con mucho viento a favor mil o dos mil millones más. “Aún así sería una extraordinaria inyección keynesiana para la economía”, opinaba ayer un experto en política tributaria, pensando en la posibilidad de que el Estado cancele deudas por ese monto con el sector privado.
Como el blanqueo abarcará todo capital no declarado, y buena parte de éste emigró del país, la regularización podría generar un significativo ingreso de dólares. Sin embargo, la anunciada eliminación del impuesto a los intereses de los créditos, que había establecido Roque Fernández para combatir la evasión de Ganancias, volverá a premiar la maniobra de disfrazar de préstamos tomados en entidades financieras los autoaportes decapital propio. Se reducirá así la necesidad de blanquear para invertir, siempre y cuando haya planes de inversión.

 

Solchaga blanquea mejor

Por J.N.
Carlos Solchaga, entonces ministro de Economía del reino, aseguró en 1991 que después de ese blanqueo no habría otro. Y hasta ahora no lo hubo, y tampoco hay perspectivas de otra regularización. Además, lo lanzó junto con una amplia reforma del impuesto a la Renta (Ganancias), vigente desde el primer día de 1992, y luego de haber afinado la administración tributaria para cerrarle los caminos a la evasión. Hecho todo lo cual fueron emitidos unos títulos especiales intransferibles (salvo en caso de muerte del suscriptor), que por tanto carecían de liquidez, con una renta de apenas el 2 por ciento anual, alejada de los rendimientos de mercado, que entonces oscilaban entre 6 y 8 por ciento. Sin embargo, la renta de aquellos bonos estaba exenta, lo cual la hacía mucho más apetitosa en un país como España, donde la tasa marginal del impuesto a la Renta es del 56 por ciento.
Los interesados compraban los bonos en entidades gestoras, que les tomaban el nombre, para luego informárselo, bajo rigurosa confidencialidad, al Banco de España. Si durante los seis años siguientes, hasta el vencimiento del título en 1997, el dueño de los fondos recibía una inspección, podía detener el procedimiento mediante la obtención de un certificado del Banco de España, siempre que el capital irregular detectado por los sabuesos no superase al que hubiese santificado.
Además de una eficacia recaudatoria superior a la conocida hasta hoy en la Argentina, el régimen impositivo hispano es mucho más severo con los réditos. Mientras aquí los dividendos no tributan, en España pagan una tasa del 28 por ciento, pese a que la alícuota de Ganancias para las sociedades es del 35 por ciento, similar a la argentina.

 

LA TASA SOBRE CUENTAS BANCARIAS SERA VARIABLE
El Cavallo tax nace con 2,5

El impuesto a las transacciones financieras, herramienta clave del plan de Domingo Cavallo, debutará el martes 3 de abril con una tasa del 2,5 por mil. Pero no será definitiva, ya que “en el futuro se podrá cambiar de acuerdo con la variación de la recaudación”, según señaló el secretario de Hacienda, Jorge Baldrich, minutos después de haber jurado en el cargo. Ratificó así lo que conceptualmente había definido Cavallo en su discurso ante empresarios en el Banco Nación, el martes: el impuesto a los débitos y créditos bancarios será el instrumento de excelencia de financiación del sector público, incluso para eludir a los mercados de crédito cuando las tasas, como en la actualidad, estén demasiado elevadas.
Baldrich adelantó además que se fijará una tasa diferencial del 0,075 por mil para sectores que operan con fondos de terceros (comisionistas, consignatarios o corredores) o con baja tasa de rentabilidad con respecto al monto de operaciones bancarias (supermercados, expendedores de combustibles, entre otros). La ley votada durante el fin de semana en el Congreso faculta al Ejecutivo a aplicar una tasa de hasta el 6 por mil y contempla la posibilidad de que el tributo pueda ser acreditado como pago a cuenta de Ganancias o IVA, alternativa que fue descartada en una primera etapa.
Toda acreditación o débito en cuenta corriente quedará alcanzado por el impuesto, que será percibido (debitado en cuenta) directamente por la entidad bancaria, que a su vez las liquidará periódicamente al fisco. Fuentes del propio sistema financiero aseguran que mensualmente se realizan movimientos en cuenta corriente por un monto aproximado a los 250 mil millones de pesos (con un saldo promedio de 60 mil millones), pero ese monto incluye las cuentas de los Estados nacional, provinciales y municipales (exentos del pago). Tampoco estarán gravadas las acreditaciones de los sueldos y su retiro, aunque lo tradicional sea que los pagos de remuneraciones se hagan por cajas de ahorro (no alcanzadas por el impuesto). Como, a su vez, tampoco se ha estimado cuál será la incidencia de la baja del monto máximo de los pagos que podrán hacerse en efectivo (de 10.000 pesos pasa a 1000), el cálculo de lo que pueda llegar a recaudarse es azaroso. Las previsiones más cautelosas estiman una recaudación probable en torno a los 200 millones mensuales (de 2 mil a 3 mil millones anuales).
En consonancia con la utilización del nuevo gravamen como mecanismo de financiación de corto plazo del Estado, Baldrich anunció ayer que el Gobierno podría modificar el calendario de licitaciones de Letras y Bonos del Tesoro (Letes y Bontes).

 

La DGI tiene “informante”

Jorge Baldrich, que ayer asumió como secretario de Hacienda, describió al nuevo impuesto a las operaciones en cuenta corriente como “el nudo gordiano de las transacciones financieras, que actúa como el principio del reloj de arena”. La metafórica figura se refiere al rol de “informante” o base de datos en el que oficiará el gravamen, al nutrir a la DGI de los datos sobre los movimientos bancarios de millones de titulares de cuentas corrientes. Por la misma razón, la conducción económica optó por no otorgarle la exención a los agentes cuya baja tasa de rentabilidad (calculada sobre los montos operados) hubieran quedado descolocados con la tasa del impuesto, sino que les concedió una tasa diferencial muy baja (0,75 por mil). Así, sus datos también quedarán cargados en las computadoras de la oficina recaudadora, y permitirán un cruzamiento de información que, inteligentemente utilizado, posibilitaría dar un combate más eficaz contra la evasión.
El secretario de Hacienda admitió que, por un tiempo, el gravamen a las transacciones bancarias no podrá acreditarse a cuenta de otros tributos. “En esta primera etapa, nuestro mayor énfasis estará radicado en la lucha contra la evasión”, indicó. Baldrich justificó el criterio de manejar una tasa “flotante” para el impuesto –arranca en el 2,5 por mil, pero podrá subir o bajar en el futuro– en el esquema de política económica vigente. “No hay política monetaria ni política cambiaria, por la ley de Convertibilidad, y es necesario tener, desde el punto de vista fiscal, una gran flexibilidad, partiendo de una coyuntura tan difícil como la actual”, explicó. Por eso, señaló, “esta tasa del impuesto, y las de otros impuestos, no debe ser vista como una tasa fija desde ahora y hacia el futuro”.

 

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