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Por Romina Calderaro
 Alfredo Castañón,
el flamante secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía,
está procesado por supuesta defraudación al Estado durante
su gestión al frente de la empresa estatal de correos en tiempos
en que Domingo Cavallo era ministro de Economía de Carlos Menem.
Cavallo sabe desde hace tiempo del procesamiento por el que Castañón
será sometido a juicio oral y ayer le dijo que no se haga problema,
que la causa fue parte de la “persecución judicial” a
la que dice haber sido sometido el líder de Acción por la
República cuando denunció las “mafias enquistadas en
el poder”. “Seguramente voy a ser absuelto porque soy inocente.
El juez Adolfo Bagnasco llevó la causa tendenciosamente”,
dijo Castañón en diálogo con Página/12. También
habló sobre las ambiciones de Cavallo, del resultado de la negociación
por los superpoderes, del gobierno de Fernando de la Rúa y del
futuro del país.
–¿De qué está acusado puntualmente?
–Bagnasco nos procesó en 1996, cuando yo era titular de Encotesa,
por haber contratado directamente, sin que medie una licitación,
a una empresa para transportar correo y a otra para ensobrar correspondencia
de la Anses.
–¿Y eso fue así?
–Es verdad que no hubo licitación, pero no teníamos
obligación de hacerla porque éramos una sociedad anónima.
Además, contratamos el servicio a un precio más bajo que
el precio testigo que dio la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
–¿Y entonces a partir de qué pruebas avanzó
la causa?
–La causa avanzó porque Bagnasco, para comparar, le pidió
precios a la competencia, que eran cinco o seis empresas vinculadas con
Alfredo Yabrán y los tipos les dieron precios más baratos
a los nuestros. Pero no pagamos precios más altos a los de plaza.
–¿Tiene fecha el juicio oral?
–No, todavía no. La causa ahora la tiene el juez Rodolfo Canicoba
Corral, sobre quien una vez escribí una columna titulada “Un
juez todo terreno”. Canicoba reemplaza a Bagnasco, quien en su momento
llevó la causa tendenciosamente.
–¿Cavallo sabe de esto?
–Yo se lo dije a Mingo antes de asumir. Y él me dijo que no
me haga problema, que medio gabinete tiene este problema. Me recordó
la situación del ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, quien
también está procesado. El sabe que esto es parte de la
persecución judicial que empezó cuando nos metimos con Alfredo
Yabrán.
–Usted estuvo negociando activamente los superpoderes. ¿Cuál
es la facultad que más festejaron y la que más lamentaron
perder?
–Lo mejor es haber obtenido las facultades para reestructurar el
Estado, para eliminar y crear exenciones impositivas y las facultades
para gravar las ganancias producto de compra y venta de acciones. Lo que
no logramos llevar adelante del todo son facultades para resolver el tema
laboral.
–Los estatutos especiales, por ejemplo.
–Pero los estatutos especiales vinculados con el Estado básicamente
y con transformar una mentalidad. El tema es cómo hacer para que
en las áreas en las que el Estado tiene que funcionar como una
empresa, con servicios, para que un empleado no tenga la condición
del empleado público. Ellos saben que no pueden ser despedidos
sin justa causa. Lo que pretendíamos hacer es tener la capacidad
de tener regímenes de empresa donde el Estado tiene que funcionar
como empresa.
–Ustedes podrán modificar la ley de Ministerios. Y tendrán
la facultad de fusionar o cerrar organismos. ¿Puede quedar gente
sin trabajo?
–Sí, pero cuando se transforme un organismo y alguien quede
cesante, por dos años no se lo podrá despedir. La idea es
que si tiene que haber una reestructuración en el Estado sea cuando
haya reactivación.
–Pese a que consiguieron las facultades especiales, hubo muchos discursos
en el Congreso contra Cavallo. Elisa Carrió dijo que es “un
chico malo”. ¿Qué le diría a la gente que cree
lo mismo?
–Se conoce sólo una parte de Cavallo: la del discurso técnico.
Pero también está el tipo que trabaja quince, veinte horas
por días, y cree que va a solucionar los problemas de la gente.
Hay mucha que cree que Cavallo es algo así como el diablo. Eso
es porque básicamente en la Argentina quedaron cosas por hacer.
Cavallo fue ministro de Economía, pero no era presidente. Y hay
también un ideologismo. Es gracioso, porque Cavallo no tiene ideología.
Con Cavallo estamos tipos que somos muy distintos. A mí Cavallo
nunca me preguntó qué pensaba yo del Proceso.
–A Elena Cruz tampoco...
–Bueno, es cierto. Pero yo siempre estuve en contra del Proceso.
Somos muchos. La mayoría de la gente que está con Cavallo,
está en contra del Proceso. No sé por qué le han
colgado el sambenito de procesista.
–Por que fue funcionario de la dictadura.
–Quien lo conozca a Cavallo hoy sabe que él en el ‘82
estaba entre libros y no vinculado con cuestiones de derechos humanos.
–¿Puede decir cuál es la principal virtud y el principal
defecto de Cavallo?
–El principal defecto de Cavallo es que es muy tozudo: no admite
un no. Y sus principales virtudes son dos, inseparables: su enorme inteligencia
y su enorme capacidad de trabajo. Porque se puede ser inteligente y vago.
Para mí, el título del libro del periodista Daniel Santoro,
El hacedor, es toda una definición.
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OPINION
Por Martín Granovsky
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La impunidad distorsiva
Domingo Cavallo acaba de proponer que no se judicialice más
la política. El ministro de Economía tiene una preocupación
variable por la Justicia.
En la primera etapa de Carlos Menem, cuando era el semidiós
que había sacado a la Argentina de la híper, su actitud
fue permisiva. Menem hizo y deshizo en la Corte y en el fuero federal
sin que a su canciller y luego ministro de Economía le llamara
la atención, por ejemplo, el cambio de mayoría de
la Corte, que en los Estados Unidos puede llevar 15 años
y aquí no insumió más de cinco minutos.
La guerra contra Alfredo Yabrán, en 1995 y 1996, cambió
las cosas. Cavallo descubrió que la mayoría de los
jueces federales eran dependientes del Poder Ejecutivo, del dinero
o de ambas cosas a la vez. Incluso acuñó una imagen
brillante, la servilleta, que según Cavallo fue el sitio
donde Carlos Corach le escribió en un bar qué jueces
controlaba el Gobierno. Muy pronto, sobre todo tras renunciar al
Ministerio de Economía, el antiguo hombre fuerte se dio cuenta
de que esa exhibición de control era, en realidad, un pronóstico.
Desde la crisis con Yabrán –que fue su crisis dentro
del menemismo para disputarle a Menem la hegemonía de la
conducción del Estado– Cavallo recorrió Tribunales,
y no precisamente como un turista.
Perseguido por los jueces de la servilleta, denunciante de una parte
mínima de la corrupción del menemismo, un Cavallo
decidido a consolidar su imagen democrática todavía
conservaba algo de aquel impulso cuando el año pasado pidió
la renuncia de los senadores en medio de la sospecha de coimas pagadas
por la reforma laboral.
Ahora otro Cavallo, el Cavallo providencial, el Cavallo superministro,
necesita al Senado para gobernar y opta por el camino más
corto, que en la Argentina suele ser el peor. Si el Senado es una
pieza clave de la gobernabilidad, ¿por qué importunarlo?
Esa es la clave de la crítica a la judicialización
de la política.
La verdad es que judicializar la política destruye a la política
sin mejorar la Justicia. Un caso reciente: Fernando de la Rúa
judicializó la denuncia de coimas. No lideró la limpieza
del Senado y, al concentrar toda solución en los juzgados
mientras el Gobierno criticaba a los fiscales y Carlos Liporaci
era el juez de la causa, no hacía más que condenar
la denuncia al muere. Los tribunales no tienen por qué convertirse
en el lugar donde se resuelven los conflictos, cuando antes la política
no pudo solucionarlos. Tampoco los jueces deben ser un instrumento
de persecución política. Pero Cavallo omitió
un dato: Liporaci, quien perdió un tiempo irrecuperable en
la instrucción de la causa, no fue precisamente un perseguidor
tenaz y sanguinario de los senadores. Disimular esa realidad se
parece bastante a un indulto por anticipado. La impunidad también
es distorsiva.
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