Economía y silencio

Preocupado frente a la forma que tomaban las nuevas instituciones en su país, Thomas Jefferson –tal vez el político más democrático dentro de la dirigencia norteamericana– alumbró, en los años fundacionales del constitucionalismo, lo que dio en llamar un “test del republicanismo”. Conforme con este test, un gobierno o una institución particular eran evaluados como “más o menos republicanos, de acuerdo con el lugar que le den al elemento popular en su control y composición”. Para ilustrar el citado test con un ejemplo, Jefferson evaluaba a la rama judicial como “seriamente anti-republicana” en razón de que sus miembros no eran elegidos popularmente, ni estaban sujetos a un control público directo.
Si hoy tomáramos en serio dicho saludable test, y lo empleáramos para el análisis de nuestra vida institucional, deberíamos destacar inmediatamente el carácter anti-republicano de las políticas económicas que se nos aplican. Ellas –como pocas otras medidas de gobierno– afectan nuestras vidas de un modo inmediato y contundente, y sin embargo, notablemente, representan las políticas sobre cuyo diseño tenemos menos injerencia. Pero no se trata únicamente de que no se nos consulta a la hora de que se las diseña: ocurre que se nos dice, directamente, que no debemos animarnos siquiera a cuestionarlas.
Hace tiempo que los economistas vienen esforzándose por dotar de plena autonomía a la esfera económica, pero sus reclamos han sido pocas veces tan claros (y temibles) como en los últimos tiempos. Ellos –y junto con ellos muchos editorialistas y políticos de primera línea– se empeñan en enseñarnos que el área que controlan es una sobre la cual nosotros, simples mortales, no debemos opinar (o, en todo caso, no debemos pretender que nuestras opiniones “pesen”). La economía es asunto de expertos, sujeto –como diría Edmund Burke– al juicio de los especialistas, y no a la mera opinión del común de la gente.
La idea del “ruido político” resulta, en este sentido, extraordinariamente ilustrativa: las críticas sobre la orientación de las nuevas medidas económicas son descriptas como “ruidos” que vienen a interrumpir el silencio, el aire limpio y despejado que requieren las reformas económicas para poder desarrollarse. Envalentonados con su prédica, muchos dirigentes y periodistas han ido expandiendo su apocalíptico reclamo hacia otros terrenos. Así, algunos se han animado a decir que las investigaciones de corrupción sobre el presidente del Banco Central debían interrumpirse porque creaban “turbulencias” sobre la economía; o que la insistencia en las acusaciones sobre el narcolavado molestaban la evolución del plan económico; o que la misma sentencia del juez Cavallo –declarando la inconstitucionalidad de las llamadas “leyes de la impunidad”– entorpecía la administración de las cuentas públicas.
El nuevo ministro de Economía es un partícipe entusiasta de esta revitalizada, silenciadora, corriente de pensamiento. Para mostrarnos su fanática adhesión a la misma, ha solicitado al Presidente la asunción de facultades delegadas extraordinarias –única forma, en su opinión, de llevar adelante exitosamente el urgente programa económico requerido por el país: nadie –según nos dice– debe interponerse en su camino.
Frente a quienes adhieren a este credo político de la autoridad poderosa, individual y aislada, Jefferson no podría mostrar sino incredulidad. Para el ex presidente norteamericano, un gobierno auténticamente republicano era “pura y simplemente... el gobierno de los ciudadanos... actuando directa y personalmente, de acuerdo con las reglas establecidas por la mayoría”. Lo que los gurúes económicos y sus aliados llaman “turbulencia” es lo que Jefferson denominaba libertad de crítica. Lo que ellos llaman “ruido” es lo que los republicanos denominamos, sencillamente, debate democrático. Bajo todo punto de vista, debe evitarse que la definición del rumbo económico quede al margen del intercambio de razones, un intercambio que, para ser fructífero, exige de nuestra presencia como partícipes activos y no como meros espectadores.

* Doctor en Derecho, UBA, Universidad de Chicago.