Por Claudio Scaletta

A pesar de los graves efectos provocados por la estrategia de ocultamiento del rebrote de la fiebre aftosa en el país, el Senasa continúa negando la existencia de la totalidad de los nuevos focos. Página/12 accedió a información interna del organismo sanitario, que registra entre los meses de agosto del 2000 y el 8 de marzo de 2001 394 focos aftósicos diseminados entre las provincias de Buenos Aires (134), Chaco (1), Córdoba (104), Corrientes (3), Entre Ríos (6), Formosa (13), La Pampa (77), Mendoza (3), Misiones (1), San Luis (28) y Santa Fe (24).
Las cifras contrastan notablemente con el número difundido por el Senasa, que ayer, con el reconocimiento de 14 nuevos focos, elevó la cifra oficial a 92 en total. También con la distribución geográfica y el consecuente plan de regionalización presentado cuando todavía Víctor Machinea estaba al frente del organismo sanitario, pues se han registrado focos de la enfermedad hasta en la provincia de Mendoza, concretamente en la zona de San Rafael, lo que vuelve estéril la hipótesis que centra la lucha en el reforzamiento de la frontera norte con un núcleo en la zona de engorde en el centro del país.
Los protocolos que dan cuenta de los casi 400 focos son documentos oficiales del Senasa completados por los veterinarios actuantes ante cada denuncia de la enfermedad realizada por los propietarios de los establecimientos afectados (ver facsímil). En los 394 protocolos –126 correspondientes al año 2000 y 268 al 2001– intervinieron no menos de 40 profesionales con amplia experiencia en trabajo de campo y el diagnóstico clínico fue siempre aftosa. Luego, los protocolos, junto a las correspondientes muestras obtenidas de los animales enfermos, son enviados al laboratorio del organismo sanitario. Resulta difícil creer que 40 profesionales distintos hayan enviado coincidentemente diagnósticos equivocados.
La estrategia de ocultamiento, de la que al parecer el Senasa no logra desprenderse, no resultó sólo en el bochorno y la pérdida de credibilidad internacional, sino en ingentes pérdidas económicas para el país, las que en parte deberán ser afrontadas por el Estado nacional, es decir, por la totalidad de los contribuyentes. Sin embargo, los responsables de la estrategia fueron premiados con el ascenso. Solo para citar a los actores más representativos, Eduardo Greco pasó de la dirección de Epidemiología a la vicepresidencia del Senasa y Marcelo de la Sota subió un nivel desde la dirección de Lucha Sanitaria a la Dirección Nacional de Sanidad. Si bien estos funcionarios ya no ocupan estos cargos, todavía permanecen en puestos relevantes de la institución.
No obstante, la responsabilidad por la propagación descontrolada de la enfermedad no es exclusiva del Senasa. Del ocultamiento participaron la totalidad de las asociaciones de productores, como la Sociedad Rural, Coninagro, Federación Agraria y Confederaciones Rurales –todas ellas con participación en el Senasa–, los consejos profesionales de veterinarios, las autoridades provinciales y la industria frigorífica. Todos estaban al tanto de la magnitud de la presencia de la enfermedad. Y todos callaron. Según justificó el ex secretario de Agricultura Antonio Berhongaray, se trató de una “razón de Estado”.
La ayer anunciada reestructuración del Senasa (ver aparte) incluye en la conducción del organismo a Bernardo Cané, quien en recientes declaraciones consideró que todo el rodeo vacuno del país “corre riesgo de contagio”. La sugerencia de Cané fue que la totalidad del ganado vacuno debería ser vacunado. Según el último Censo Nacional Agropecuario realizado por el Indec, el país cuenta con alrededor de 49 millones de bovinos. La cifra supone que las dosis de vacunas deberán superar con creces los 35 millones anunciados por la actual intervención del organismo. La potenciación de la demanda profundizará los ya adelantados problemas de abastecimiento. Durante la fallida y efímera etapa con status sanitario de “libre deaftosa sin vacunación”, la producción de vacunas se redujo a un mínimo banco de emergencia abastecido por un solo laboratorio (Biosidus).
En tanto, el cierre de los mercados de exportación comenzó a generar los previsibles efectos sobre el mercado de trabajo. Desde el pasado lunes 26 y hasta el próximo 2 de abril inclusive, el frigorífico estadounidense Swift adelantó las vacaciones de 1154 operarios sobre una planta de 1630. La medida de Swift ayudó para que el Gobierno apurara un subsidio a los frigoríficos de 300 pesos por trabajador, los que tienen un ingreso promedio de 600 pesos. El anuncio del subsidio fue hecho por el secretario de Trabajo, Anselmo Rivas. El acuerdo, alcanzado con sindicalistas y empresas del sector, supone que los frigoríficos se comprometen a “no extinguir la relación laboral”. Rivas se ocupó de aclarar que el subsidio era una excepción que sólo se extendería por 6 meses, hasta que el país consiga recuperar los mercados de exportación. Ciertamente, una previsión temporal optimista.

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