Por Mariana Carbajal

“Si los dos disfrutan de la sexualidad, el hombre debe tener igual responsabilidad que la mujer en el control de la natalidad. Hasta ahora han sido ellas las que han puesto su cuerpo. Llegó nuestro turno.” Así explicó a Página/12 Ricardo Mena su decisión de presentarse en la Justicia para reclamar que le realicen en un hospital público una vasectomía para no tener más chicos. Mena, de 46 años y padre de cuatro hijos, no está solo en esta iniciativa inédita en el país. Lo acompañan otros tres varones, como él, movidos porque su ajustada situación económica no les permitiría criar más niños. Son todos de Río Negro, donde cinco meses atrás se aprobó una ley que convirtió a la vasectomía y a la ligadura de trompas de Falopio en métodos anticonceptivos legales. Sin embargo, como la norma todavía no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo provincial, no entró en vigencia.
Mena vive en la ciudad de General Roca. Es letrista y tiene dos hijos de 25 y 21 años de su primer matrimonio, y otros dos, de 5 años y 8 meses, con su actual pareja, Marcela D’Alessandro, una “sufrida” maestra, de 36 años. “Con el último embarazo decidimos no tener más hijos por una combinación de factores; pero en principio, por una cuestión económica”, contó Mena. “Mi mujer tiene la obra social estatal, que le cubría la atención del parto en una clínica privada, pero sólo por una cesárea y la ligadura de trompas nos pedían 500 pesos, sin contar otros honorarios médicos como el del anestesista. Finalmente, resolvimos que se atendiera en el hospital público, pero nos dijeron que no realizan la ligadura si no está en riesgo la vida de la mujer, algo que no estaba en juego en el caso de mi esposa. Pese a ello, creemos que tenemos el derecho a decidir si no queremos tener más hijos”, consideró Mena. Si hubiesen tenido el dinero necesario –aseguró–, hubieran resuelto el problema en el sector privado.
“Ahora acordamos que me haga la vasectomía, porque la operación es más sencilla y menos agresiva que para la mujer. Además, yo tengo cuatro hijos y mi mujer, dos. Si los dos disfrutamos de la sexualidad, debemos compartir la responsabilidad en el control de la natalidad. Las mujeres siempre se hicieron cargo de tomar pastillas, ponerse un DIU, criar a los chicos. Siempre pusieron el cuerpo. Ahora llegó nuestro turno”, opinó.
Los otros tres interesados en la operación son de Villa Regina, una pequeña localidad frutihortícola del Alto Valle de Río Negro. “Ya tenemos cuatro nenas, de entre 13 años y 4 meses, y la situación económica no está como para criar más. Tengo trabajo en los meses de la cosecha, que son cuatro, y el resto del año tenemos que tratar de sobrevivir”, dijo a este diario Miguel Angel Bermejo, un camionero de 46 años. “Supongamos que nuestra pareja se rompa... de todas formas con las cuatro hijas que tengo estoy hecho. Ya no quiero hacer más hijos”, agregó.
“Siempre le tocó asumir la decisión de la anticoncepción a la mujer. No sé si es por machismo que uno le dice que tome pastillas, pero esta vez la decisión la tomé yo. No quiero tener más hijos. Con los que tengo está bien porque puedo alimentarlos”, precisó Daniel Lescano, changarín, de 31 años. Tiene un hijo de 4 años con una discapacidad motriz, otro de un año y medio y el tercero en camino. “Queríamos tener dos, pero el año pasado a pesar de tomar píldoras mi mujer quedó embarazada”, describió.
El 19 de marzo Mena, Bermejo, Lescano y otro varón de 35 años que prefirió mantenerse en el anonimato solicitaron la realización de la vasectomía en el Hospital de Villa Regina. Pero el director del centro de salud, Héctor De Feo, rechazó inmediatamente la petición. Por esa razón, los cuatro resolvieron presentar en los próximos días un recurso de amparo en la Justicia para reclamar su derecho a practicarse la intervención. En su negativa, De Feo alegó que todavía no es legal la operación sin una autorización judicial. En octubre, Río Negro se convirtió en la primera y única provincia del país en modificar una ley local que regula el ejercicio de la medicina, a fin de permitir que las intervencionesquirúrgicas de infertilidad, tanto masculinas como femeninas, sean legales y en el sector público no se exija más que el consentimiento del interesado. Sin embargo, como todavía no fue reglamentada por el Ejecutivo provincial, la norma no entró en vigencia.
Precisamente fue en el Hospital de Villa Regina, donde de la mano del jefe de Tocoginecología, Mario Mas, surgió la movilización popular que terminó con la sanción de la ley (ver aparte). “Estamos trabajando en la reglamentación. Esperamos tenerla lista antes de treinta días”, informó a Página/12 Claudio Di Tella, subsecretario del Ministerio de Salud de la provincia.
Se sabe que en el sector privado, tanto la ligadura de trompas como la vasectomía se realiza sin otra condición que el pago de la cirugía. En cambio, en la mayoría de los hospitales los médicos se oponen a realizar cualquiera de las dos operaciones sin autorización judicial porque la ley nacional 17.132 prohíbe a los profesionales “practicar intervenciones que provoquen la esterilización sin que exista indicación terapéutica perfectamente determinada”.

LA BATALLA POR LA LIGADURA DE TROMPAS
Primero fueron las mujeres

La lucha por los derechos reproductivos en Villa Regina lleva nombre de mujer: en marzo del año pasado, 70 madres de familia numerosa se presentaron en el hospital local para solicitar la ligadura de sus trompas de Falopio, en respuesta a una convocatoria abierta por el doctor Mario Mas, jefe del servicio de Tocoginecología. La movida desembocó, seis meses después, en la sanción de una ley provincial que contempla la ligadura y la vasectomía como métodos anticonceptivos legales, eliminando la autorización judicial que se requería en esos casos.
“No quiero tener más hijos; tengo el deber de no tener más hijos. Quiero ejercer un derecho personalísimo, en orden a una procreación responsable, priorizando sobre todas las cosas de este mundo mi propia salud y el bienestar de mi actual grupo familiar”, señaló Stella Maris Passamonti en el recurso de amparo presentado por el abogado Luciano Garrido. Stella fue una de las primeras 20 mujeres que recurrieron a la Justicia rionegrina para que autorizara la ligadura. Entre todas sumaban 128 hijos. La jueza María Evelina García autorizó las cirugías, amparándose en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que consagra la voluntad procreacional como un derecho personalísimo.
Poco después llegaron a los tribunales de Río Negro otros 40 recursos de amparo por el mismo tema. El 27 de septiembre, la Legislatura provincial aprobó con 42 votos a favor –y sólo uno en contra– la nueva ley de Salud Reproductiva. “El requisito de la autorización judicial sólo pone en peligro la salud de los pacientes y entorpece innecesariamente el proceso, cuyo fin es la intervención quirúrgica. Esta situación se ve agravada por las dificultades que enfrentan las mujeres para el ejercicio del derecho de acceso a la Justicia”, reflexionó Mas en aquel momento.
La ligadura de trompas es un método de infertilización femenina: la obstrucción de los conductos impide que el óvulo y los espermatozoides se encuentren. Los médicos reconocen que los hospitales públicos están “en desventaja”: en las instituciones privadas, la ligadura se realiza sin necesidad de recurrir a la Justicia. “Quisimos consagrar la igualdad de oportunidades, ya que esta práctica se realizaba en función de que las mujeres tuvieran plata para pagarla, discriminando a las mujeres de bajos recursos”, señaló la legisladora rionegrina Amanda Isidori, una de las autoras de la reforma de la ley provincial de Salud Reproductiva.

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