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Los sindicalistas festejaron. El ministro de Salud, Héctor Lombardo,
no supo cómo disimular el papelón de que le hayan bochado
su proyecto. Y el vicejefe de Gabinete, Armando Caro Figueroa, explicó
qué va a pasar. “Se enviará un proyecto de ley al Congreso
para abrir un debate profundo con todos los interesados en el tema.”
El tema es la desregulación de las obras sociales, que quedó
suspendida hasta nuevo aviso por un decreto impulsado por Domingo Cavallo,
quien de ese modo logró clausurar el mayor foco de conflicto con
las centrales sindicales. Hugo Moyano, de la CGT disidente, anunció
ayer el levantamiento del paro general convocado para el 5 y 6 de abril
(ver página 7). Previamente, la CGT de los “gordos” había
desactivado otra medida de fuerza, producto de la promesa del ministro
de Economía –en una reunión a solas– de anular
la apertura del negocio de la salud a las empresas de medicina prepaga.
El decreto que dejó sin efecto la desregulación señala
que eso ocurrirá “hasta tanto haya sentencia definitiva con
relación a las medidas cautelares dictadas en los procesos judiciales
actualmente en trámite”. Sin embargo, Cavallo les dijo a los
sindicalistas que se olviden del tema y que eventualmente se girará
al Congreso un proyecto de ley, para lo cual se tendrá en cuenta
su opinión. Pero no fue el ministro de Economía sino sus
pares de Trabajo, Patricia Bullrich, y de Salud, Lombardo, quienes debieron
salir a explicar públicamente por qué el Gobierno canceló
una iniciativa que había defendido férreamente hasta hace
apenas tres semanas. “La filosofía de la desregulación
y que cada trabajador pueda elegir su obra social está absolutamente
vigente”, dijo Bullrich.
Tanto o más que ella, Lombardo dio la pelea contra los sindicalistas
para sostener su proyecto, al punto que casi terminó a los golpes
un antológico debate con Carlos West Ocampo, del sindicato de la
Sanidad, organizado por Cash para que cada uno explicara su posición.
Ayer afirmó que era “imprescindible” dictar el decreto
que paró la desregulación, debido a que su proceso se encontraba
estancado en la Justicia. Desde que a fin de diciembre pasado se publicó
el decreto que establecía el marco de la desregulación,
45 obras sociales sindicales y los sindicatos más importantes acudieron
a la Justicia para evitar su implementación. Lograron una docena
de medidas cautelares en ese sentido, por lo cual el proceso de apertura
quedó en suspenso.
“Siempre acepté y me subordiné a las decisiones de
la Justicia, por ello y hasta tanto se dicte la sentencia definitiva es
imprescindible preservar la atención médica de los once
millones de beneficiarios (del sistema de obras sociales) y que no se
alteren las prestaciones”, señaló Lombardo, quien –contradictoriamente–
especuló con la posibilidad de utilizar las facultades especiales
de la ley de competitividad para resolver el tema con un nuevo decreto.
Por su parte, Bullrich sostuvo que “el Ministerio de Salud buscará
un mecanismo para poner rápidamente en marcha un sistema. No está
decidido si será por ley o si se esperará la decisión
final de la Justicia. Lo que no se podía era seguir en esta situación”.
Armando Caro Figueroa, operador de máxima confianza de Cavallo,
dio una versión más terminante: afirmó que “habrá
un proyecto de ley”.
El titular de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN),
Andrés Rodríguez, celebró la suspensión por
decreto de la desregulación y consideró, en línea
con Caro Figueroa, que “si el Poder Ejecutivo quiere modernizar el
sistema o tratar de mejorarlo, lo mejor es un proyecto de ley que busque
el consenso entre todos”. Desde el sector privado, que siempre se
mostró disconforme con el esquema de apertura diseñado por
Lombardo, el titular de la Confederación Argentina de Clínicas
y Sanatorios Privados, Norberto Larroca, destacó que “es muy
positivo que se haya suspendido el proceso desregulatorio”.
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