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¿Crecimiento sin industria?
El fabricante de semáforos descubrió, repentinamente,
que su producto es considerado un bien de capital, y que de ahora
en más puede ser importado desde cualquier lugar del mundo
sin pagar arancel alguno. Su posibilidad de competir contra un exportador
español, por ejemplo, que obtiene financiación a menos
del 3 por ciento anual y está cubierto con un seguro de crédito,
que le garantiza el 70 por ciento de cada operación, parece
evaporarse del todo. ¿Será ésta la política
de crecimiento que prometió Domingo Cavallo? La correspondiente
norma, conocida hace ocho días, precedió a la designación
de Carlos Sánchez como secretario de Industria. Ello significa
que éste, al asumir, encontró ya definido un aspecto
clave de la política para el área. La pregunta que
corre estos días por algunos sectores productivos es si,
más allá de su heterodoxia y su desmarque del ultrafiscalismo
de Ricardo López Murphy, el Cavallo actual es la continuación
del anterior, y si en tal caso las consecuencias de su estrategia
serán para la industria nacional, y por tanto para los trabajadores,
tan duras como lo fueron en su quinquenio menemista.
La del cordobés es la única firma al pie de la resolución
número 8 (Boletín Oficial del viernes 23), que bajó
de 14 por ciento a cero el arancel de importación de todos
los bienes de capital, incluyendo sus partes y piezas, lo cual expande
sus efectos a sectores íntegros, como el metalmecánico,
que ahora se sienten amenazados de extinción. Los afectados
aseguran que, a partir de ahora, bastará aducir que cualquier
producto, desde una válvula hasta un motor eléctrico,
es parte de un bien de capital para ingresarlo por el canal del
derecho cero. En todo caso, lo máximo que podría existir
en el país son armadurías, suponiendo que el rótulo
de “industria nacional” sea de alguna utilidad, como puede
ocurrir en licitaciones del sector público. El original de
esa resolución tiene tres páginas de texto y noventa
de números, con todas las posiciones arancelarias alcanzadas.
La norma también favorece el ingreso de bienes de capital
usados, con el mismo arancel cero de los nuevos. Los usados venían
recibiendo ya un derecho aduanero preferencial por una resolución
anterior que firmara Débora Giorgi, que fue la primera responsable
de Industria en la gestión de José Luis Machinea.
En los últimos años, desde que Alieto Guadagni conducía
Industria, existía un régimen –ahora anulado,
al igual que sus posteriores modificaciones– que permitía,
bajo ciertos requisitos, importar bienes de capital desde fuera
del Mercosur (extrazona) pagando, no el 14 por ciento (que era el
arancel externo común, acordado por los cuatro países
de esta ahora desarticulada unión aduanera) sino el 6, luego
bajado a 3 por ciento. Como ocurre siempre, dado que comprobar la
veracidad de los datos consignados por el solicitante del arancel
preferencial -fundamentalmente, corroborar si nadie fabricaba los
equipos en cuestión en Argentina o Brasil– insume tiempo
y esfuerzo, la Secretaría de Industria creó un llamado
Certificado de Trámite. Este, entregado al solicitante en
el momento mismo de ingresar su pedido, lo habilitaba para efectuar
en la Aduana el despacho a plaza de los bienes involucrados, pagando
el arancel reducido. Mientras tanto, la secretaría giraba
la consulta al sector industrial. Si éste (a través
de las cámaras sectoriales correspondientes) respondía
que los bienes en cuestión sí tenían producción
dentro del Mercosur, Industria evaluaba a quién creerle.
En caso de aceptar el pronunciamiento de las cámaras, enviaba
una comunicación a Aduana para que ésta le cobrase
al importador la diferencia de arancel.
Según los fabricantes locales, este mecanismo abrió
la puerta para que ingresara equipamiento por valor de casi 3000
millones de dólares, gozando indebidamente –según
ellos– del tratamiento arancelario preferencial. En la práctica,
es muy poco lo que un fabricante puede hacer para defenderse.Cuando
descubre en el Boletín Oficial (que lee en el desayuno, antes
aún de abrir el diario) que alguien tramita la importación
de algo que él produce, sabe que puede acudir a su cámara
sectorial para que ésta notifique a Industria de su oposición,
pero también sabe que llegará tarde: la mercancía
ya habrá ingresado a plaza. El, de todas formas, ya no hará
esa venta, y si el importador es cliente suyo, lo perderá
como tal definitivamente. Es improbable, incluso, que la Aduana
llegue a cobrarle al importador el arancel omitido. Aunque el comprador
debe presentar, al momento del despacho, una póliza de caución
por el derecho que está dejando de pagar, ese seguro vale
por seis meses, renovables a doce. La experiencia es que el plazo
expira antes de que Industria llegue a ninguna conclusión.
Y si al día siguiente se repite otra operación idéntica,
la denuncia anterior no será tomada como antecedente. Todo
el papeleo empezará de nuevo y, lo más probable, tampoco
conducirá a nada.
Algunos fabricantes denunciaban, además, que como algunos
grandes importadores se jugaban sumas muy fuertes en estas cuestiones,
porque hay diferencia entre pagar 14 por ciento de arancel o solamente
3, existían lobbistas capaces de lograr que, de manera misteriosa,
se perdiesen algunas carpetas, o desaparecieran algunas hojas al
menos, en las oficinas correspondientes, y así se empantanase
cualquier observación. Pero las imputaciones de corrupción,
incluida una minuciosa lista de funcionarios sospechados, sólo
circulan verbalmente y no integran el expediente que, respecto de
todo este asunto, está en la Justicia.
Los fabricantes de bienes de capital que se sintieron perjudicados
presentaron en su momento una denuncia administrativa contra Industria,
con copias giradas a otros ámbitos oficiales, entre ellos
Economía y la AFIP, por haber “inventado” el Certificado
de Trámite, en base al cual en la práctica se automatizaba
el ingreso con preferencia arancelaria de cualquier bien de capital.
La AFIP le pasó la denuncia a Nicolás Casullo, administrador
de la Aduana (que también había cuestionado ese novedoso
instrumento), y éste la presentó a la Justicia. Hoy
la causa está en manos del juez penal Julio Cruciani. Impulsores
claros de esta acción fueron los fiscales Maximiliano Rusconi
y María Cristina Dellarole, que tienen asiento físico
en la AFIP y se ocupan de investigar delitos tributarios y contrabando.
La fiscalía cuarta de la Justicia penal, que parecía
inclinarse por recomendar que la denuncia fuese enviada a la Justicia
federal, finalmente optó por recomendar que se archivara.
Sin embargo, Cruciani optaría por darle curso.
La apertura a ultranza en bienes de capital, ampliada a partes y
piezas (éstas son identificadas por el número 90 al
final de cada posición en el nomenclador arancelario), es
una excelente noticia para las privatizadas. Antes de que pudiera
ver la luz la reglamentación del Compre Argentino, que, supuestamente,
abarcaría a las prestadoras privadas de servicios públicos,
la resolución de Cavallo les abarata significativamente las
importaciones desde extrazona para sus planes de inversión.
Habrá que ver si contra esta ventaja se negocia desde el
Gobierno una reducción proporcional de tarifas. Por otro
lado, al abaratarse el equipamiento importado, al fabricante argentino
se le tornará más difícil aprovechar el régimen
del Compre Nacional, según fue aprobado por el actual Gobierno,
que le da prioridad en las licitaciones, a igualdad de cotización.
Como paño frío para el desasosiego de los industriales
de bienes de capital, informáticos y telecomunicaciones,
ayer se oficializó la decisión de subsidiarles las
ventas internas con un bono del 10 por ciento del precio, deducido
de éste el valor de los insumos, partes y componentes que
hubiesen importado a cero arancel. Ese título, transferible
una única vez, podrá aplicarse a saldar impuestos
nacionales. Este mecanismo compensador ya existió la vez
pasada. Una vez más, y al igual que el régimen al
quepretende contrabalancear siquiera en parte, plantea dudas sobre
la capacidad de la burocracia para aplicarlo sin desvíos
ni fraudes.
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