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Por Victoria Ginzberg
 Un escalofrío corrió
por la espalda de los presentes cuando el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz
tomó el arma con las dos manos y, apuntando hacia el frente, giró
sobre sí mismo. Su mirada casi se cruzó con la de una de
sus víctimas, el diputado Alfredo Bravo, y con las de las Madres
de Plaza de Mayo Taty Almeida, Aurora Morea y Nora Cortiñas. El
comisario, ex mano derecha de Ramón Camps durante la dictadura
militar, mostró de esa manera al juez Omar Facciuto cómo
había empuñado el revólver el 9 de enero de 1999,
cuando amenazó a un grupo de jóvenes en una plaza porteña.
Ayer, durante su declaración en el juicio oral por ese delito,
Etchecolatz se explayó sobre su participación en la represión
ilegal: “estuve bajo proceso por haber combatido a la subversión
marxista. Tuvimos que enfrentarnos a ese enemigo demoníaco”,
afirmó.
El 9 de enero de 1999 Fernando Coppola y Roberto Samar caminaban por la
plaza Monseñor De Andrea de Córdoba y Anchorena cuando vieron
a Etchecolatz, que estaba paseando su perro. “Nos sumamos a un grupo
que lo repudiaba porque estábamos en contra de que estuviera en
la plaza. Pero él seguía con una sonrisa sarcástica
como si nada hubiera pasado”, relató ayer Coppola. El joven,
que está representado por Horacio Ravenna y Ernesto Moreau, de
la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), declaró
que un rato después advirtieron un nuevo disturbio y vieron que
“le tiraron huevos, lo ensuciaron y, sorpresivamente, él sacó
una pistola de una bolsita y nos apuntó”. Coppola aseguró
que en ese momento entró “en pánico” y que atinó
a refugiarse tras un auto. El arma, se supo después, era de plástico,
pero las pericias indicaron que tenía la potencia de una pistola
de aire comprimido.
En el momento de su testimonio, Etchecolatz osciló entre presentarse
como una víctima y reivindicar su labor como segundo jefe de la
policía bonaerense durante la última dictadura. La versión
del represor, que denunció por “privación ilegal de
la libertad” a los jóvenes que lo querellaron, es la siguiente:
estaba paseando a su perro cuando Coppola, Samar y dos amigos, a quienes
llamó “delincuentes” –después de las quejas
de los representantes de la APDH les dijo “niños bien, muy
educaditos”– lo tomaron por detrás, lo inmovilizaron
y lo retuvieron “ilegalmente detenido” durante quince minutos.
“Ellos compraron huevos. Me empezaron a tirar huevos y piedras y
yo parecía un panqueque”, afirmó.
El acusado se quejó varias veces del rechazo que causa su libertad.
“No era la primera vez que era objeto de agresiones y escarnio, como
lo soy hasta el día de la fecha”. “Mi mujer y mi suegra
no pueden salir a la calle a hacer las compras”, dijo, entre otras
cosas. Y agregó, con su tono calmo y burlón que exasperaba:
“recibí agresiones en mi domicilio por los escraches y tuve
que pagar reparaciones en mi edificio. Lo hizo la agrupación HIJOS,
no sé hijos de qué... pero son hijos”.
En relación específica a la amenaza, Etchecolatz relató
que sacó “una pistola plástica” pero afirmó
que consideró esta actitud como “un medio de disuasión,
no de agresión”. El fiscal Sebastián Randle estimó
que las palabras del represor implicaban una confesión y sugirió
la realización de un juicio abreviado, pero no obtuvo eco en ninguna
de las otras partes.
–Después del episodio ¿usted sintió culpa? –le
preguntó el abogado Moreau sobre la amenaza en la plaza.
–¿Culpa de qué? ¿De haber defendido a la patria
de que esa manga de vandálicos pusieran la bandera roja? –fue
la respuesta del represor.
Etchecolatz le debe su libertad a la ley de Obediencia Debida. En 1986
fue condenado a 23 años de prisión por su responsabilidad
en 95 casos de tormentos. En esta oportunidad, aunque reciba una condena
menor, deberá volver a prisión ya que el 3 de noviembre
de 1998 fue sentenciado a tres años en suspenso por haber injuriado
y calumniado al diputado Bravo en sulibro, La Otra Campana del Nunca Más
y en el programa “Hora Clave” del 28 de agosto de 1997. Por
televisión, el represor aseguró que hubiera sido “un
mérito” violar a una mujer. La vuelta a la cárcel se
efectuaría cuando las decisiones judiciales queden firmes.
Etchecolatz también podría ser citado por el juez Rodolfo
Canicoba Corral por su responsabilidad en el plan sistemático para
apropiarse de hijos de desaparecidos y, en La Plata, se está estudiando
el pedido del juez Leopoldo Schiffrin, quien reclamó que se lo
convoque por desapariciones, homicidios y torturas por los que no fue
juzgado en 1986.
El juicio por amenazas continuará el viernes próximo, cuando
comparecerán el resto de los testigos. Ayer, el represor comprobó
nuevamente el repudio que causa su presencia. Fue abucheado e insultado
a la salida del tribunal y tuvo que ser conducido hasta un taxi a través
de un apretado cordón policial.
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“Apesta a ideología”
“Este expediente apesta a ideología”, dijo el
abogado Adolfo Casabal Elia, uno de los abogados del represor Miguel
Osvaldo Etchecolatz. Como réplica, los representantes de
la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos le respondieron
que no tenían problemas con que la defensa se hiciera cargo
de que la ideología de su defendido apestaba. Después
del cruce verbal, el fiscal pidió calma y reclamó
que no haya más expresiones “ideológicas”.
Los abogados de Etchecolatz estuvieron de acuerdo y aprovecharon
para hacer un pedido especial: que las “señoras”
que estaban en primera fila presenciando el debate se quitaran el
pañuelo blanco de sus cabezas. El símbolo de las Madres
de Plaza de Mayo era lo que más perturbaba al represor. Eso,
y la mirada de Alfredo Bravo, víctima directa de Etchecolatz.
“Pareciera que la presencia del señor Bravo es un mensaje
hacia el juez”, dijo el propio acusado. El magistrado Omar
Facciuto no se dejó convencer. “Es un juicio público
–dijo– y no puedo inmiscuirme en la vestimenta de los
presentes.”
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MAS
PRUEBAS CONTRA EL COMISARIO POR ROBO DE BEBES
Las órdenes precisas del policía
Por Adriana Meyer
Miguel Etchecolatz tiene más
de una preocupación judicial. En la causa sobre la sustracción
sistemática de menores durante la dictadura los denunciantes volvieron
a pedir su declaración indagatoria y aportaron nuevas pruebas.
Una copia del legajo de los policías que intervinieron en el procedimiento
en el cual desapareció Clara Anahí Mariani aparece como
irrefutable: el documento expresa que ese operativo fue dispuesto y organizado
por el director general de Investigaciones de la Policía bonaerense,
es decir, el entonces comisario Etchecolatz. De este modo se puede probar
la cadena de mandos en acción.
En agosto, el abogado que representa a parte de los querellantes del caso,
Alberto Pedroncini, le había solicitado al ex juez Adolfo Bagnasco
la indagatoria del represor. Desde entonces hubo novedades en el expediente.
Ana María Di Salvo, María Susana Reyes, Raúl Elizalde,
Gabriela Gooley, Hugo Marini, Nora Rolli y Graciela Marcioni declararon
como testigos y se refirieron a hechos cometidos en centros clandestinos
de detención ubicados en dependencias de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires, área de responsabilidad de Etchecolatz.
En una causa por el delito de privación ilegal de la libertad contra
Jorge Rafael Videla radicada en La Plata declararon los policías
que participaron en el operativo en que fue secuestrada la nieta de María
Isabel de Mariani, y aseguraron que durante ese procedimiento estaban
en la terraza del edificio Ramón Camps y Etchecolatz. Adolfo Sigwald
también declaró y afirmó que llegó al lugar
de los hechos cuando ya habían ocurrido, al igual que Carlos “Pajarito”
Suárez Mason. Es decir que todos reconocieron que estuvieron allí,
lo que demuestra que la operación fue ejecutada por el Ejército
–Suárez Mason era jefe de la zona 1 mientras que Sigwald comandaba
la subzona 13–, en dependencia operacional de la policía bonaerense.
“La Jefatura lo felicita por haber protagonizado un acto destacado
del servicio, ante una profunda y acertada investigación encabezada
por el Director General de Investigaciones (Etchecolatz), quien al frente
de un grupo de hombres de alto nivel funcional ubican una finca donde
se guarnecían varios delincuentes”, escribieron los superiores
de uno de los policías. Según Pedroncini, esto acredita
“la capacidad de decisión del comisario represor en la cadena
de mandos y su condición de autor mediato”.
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