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El Gobierno en pleno aclaró ayer que el decreto de reforma previsional
“está vigente” y pidió al Congreso que “ratifique”
en el recinto lo dispuesto por el Presidente. “Constituye un error
de interpretación decir que se lo deja sin efecto para reemplazarlo
por un proyecto legislativo”, destacó el Ejecutivo a través
de un comunicado firmado por el ministro de Salud, Héctor Lombardo,
la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, y el vocero presidencial, Ricardo
Ostuni. De esa forma, los funcionarios negaron que se haya decidido archivar
los decretos 446, 1140 y 1306, que modificaron el sistema jubilatorio
y de obras sociales. Durante la jornada del viernes, las declaraciones
públicas de varios ministros –entre ellos el jefe de Gabinete,
Chrystian Colombo– indicaban que el oficialismo había decidido
dar “marcha atrás” en este tema debido a las numerosas
trabas judiciales que impiden la aplicación de esas normas. Ayer,
por expresa indicación de De la Rúa, Bullrich y Lombardo
subrayaron que el Gobierno “no ha cambiado ni retrocedido”.
La aclaración del Ejecutivo tiene un objetivo claro: presionar
a los legisladores para que no modifiquen el texto de las normativas hasta
ahora paralizadas en la Justicia. En el caso del decreto 1306/00, que
introdujo cambios en el sistema integrado de jubilaciones y pensiones,
la cuestión es de suma importancia. Esa disposición redujo
a 200 pesos la Prestación Básica Universal (PBU) para quienes
se jubilen en el futuro y cobren menos de 800 pesos. También estableció
una quita de hasta el 15 por ciento para las mujeres que dejen de trabajar
antes de los 65 años. Y además creó un monto básico
de 100 pesos para los mayores de 75 años que no perciban ningún
beneficio.
Seguramente fue esto lo que tuvieron en cuenta Lombardo y Bullrich al
comunicar desde Olivos que los “instrumentos legales están
vigentes”. Aunque conocen la larga lista de juicios que impiden su
aplicación, los funcionarios ayer pronosticaron que los tres decretos
“entrarán en inmediata aplicación cuando el obstáculo
judicial desaparezca”. Así revelaron que el Gobierno no quiere
quedar a merced de los legisladores. O sea, quieren que el proyecto de
ley que se apruebe en el Congreso mantenga todos los cambios ordenados
por el Ejecutivo. En especial, la quita del 13 por ciento en las futuras
jubilaciones y la reducción de los haberes de las mujeres de menos
de 65 que pasen a clase pasiva.
En esa misma línea, Bullrich ayer a la mañana aseguró
que el proyecto que se enviará al Parlamento tendrá la “misma
filosofía que tuvo el decreto de necesidad y urgencia” nº
1306, firmado por De la Rúa el 29 de diciembre último. “Puede
haber algunas diferencias respecto de la edad de la mujer, pero en el
fondo va a ser similar”, anunció. Unas horas después
el Presidente ordenó emitir un comunicado en el que instó
al Poder Legislativo que no “afecte” el contenido de la norma.
Estas idas y vueltas tienen su explicación. Los principales puntos
de la reforma previsional formaron parte del acuerdo con el FMI que permitió
obtener el “blindaje”. Para el Gobierno, entonces, aprobar esos
puntos ya es una deuda pendiente. Aunque la llegada de Domingo Cavallo
parece haber aliviado esas urgencias (la propia Bullrich admitió
que ahora “se le resta importancia a lo que pueda plantear el FMI”),
el comunicado difundido ayer reveló que el oficialismo sigue preocupado
por el “compromiso asumido por Argentina”.
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