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Por Diego Schurman
 El programa de subsidios destinados
a erradicar la indigencia se implementará por decreto a partir
de julio. Así lo informó el Gobierno luego de un encuentro
con representantes provinciales y sindicales, con los que buscará
consensuar en las próximas semanas las características del
plan.
Patricia Bullrich y Héctor Lombardo dieron a conocer la decisión
ante los técnicos de la CGT oficial y la rebelde, y también
ante los responsables de las áreas de trabajo y acción social
provinciales, a quienes les pidieron aportes y sugerencias para mejorar
el programa.
Los ministros de Trabajo y Salud –Lombardo además está
a cargo de Desarrollo Social– buscaron aprovechar el período
de “paz social” que se logró tras la asunción
de Domingo Cavallo para sumar consenso y transformarlo en un “compromiso
federal”.
Las palabras de aliento al “Ingreso social”, como ayer bautizaron
el programa de subsidios, provinieron de Alberto Tomasone y Héctor
Recalde, representantes legales de la centrales de Rodolfo Daer y Hugo
Moyano. No era para menos: el camionero se valió de esta iniciativa
para dar marcha atrás con el paro general que debía iniciarse
mañana. Aun así, existieron llamados de atención
ya que la propuesta no contempla, en principio, la cobertura de salud
de los beneficiados.
De todos modos, la postura más crítica la asumió
la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Esta organización,
que no fue invitada a las deliberaciones, aseguró que el “Ingreso
social” es de carácter “eficientista” –que
sólo busca unificar los programas sociales existentes– pero
de ninguna manera soluciona la cuestión de fondo: la redistribución
de la riqueza (ver aparte).
Durante la reunión del Consejo Federal, que se realizará
el jueves 19, se ultimarán los detalles del programa, que por ahora,
mientras no exista la promocionada Agencia Social, será monitoreado
exclusivamente por Bullrich y Lombardo.
Las principales características del Ingreso social, de acuerdo
a lo conversado en la reunión de ayer, son:
 El subsidio será para
jefes y jefas de hogares indigentes con hijos menores de 15 años.
Se entregarán 160 pesos
mensuales por jefe o jefa más 20 pesos por cada uno de los hijos.
Los montos podrán variar en cada provincia.
El beneficio será anual
y tendrá posibilidades de renovarse por un período similar.
Aquellos interesados en recibir
el beneficio deberán inscribirse en las oficinas de empleo provinciales
que conforman la red nacional (padrón único).
El beneficio no será
un subsidio propiamente dicho sino un plan de ingreso con contraprestación.
Es decir, que el dinero entregado mensualmente a través de un cheque
personal en el Banco Nación será a cambio de acciones comunitarias.
De todos modos, las tareas específicas a desarrollar se detallarán
en la reglamentación del decreto.
Durante el 2001 el subsidio
alcanzará a 213.606 hogares –y no 206.000 como se dijo originalmente–,
los que representan, aproximadamente, 971.000 personas.
Se estima que la inversión
anual será de 475 millones de pesos. El dinero se extraerá
de otros programas, los que caducarán o serán modificados.
Entre ellos el Plan Trabajar, planes sociales o educativos. “La idea
es unificar los programas para que no se superpongan”, señaló
a Página/12 el secretario de Empleo, Horacio Viqueira. No se alterará,
en cambio, el actual seguro de desempleo, que beneficia a 140 mil personas.
El funcionario dijo que la
posibilidad de ampliar el número de beneficiados durante el 2002
estará supeditada a la situación fiscal.
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La CTA, en contra
Por D. S.
El economista de la Central de los Trabajadores Argentinos
(CTA), Claudio Lozano, consideró que el programa de subsidios
que piensa implementar el Gobierno “no sólo no erradica
la indigencia, sino que además instala el salario chino en
el país”.
“La CTA propone un seguro de empleo de 380 pesos, más
60 por hijo, para todos los jefes y jefas de hogares desocupados.
En cambio, el Gobierno habla de 160 pesos, más 20 por hijo,
para un grupo determinado de indigentes. Este monto no resuelve
el problema, ya que no se superan los 290 pesos mensuales, que es
el umbral de la indigencia.”
Para Lozano existe un problema extra: “Es muy factible que
se incurra en el clientelismo a la hora de determinar quién
es indigente y, luego, quién de ellos percibe el dinero y
quién no”. “Para hacer este trabajo -concluyó–
el Gobierno seguramente va a tener que trabajar en consultorías;
es decir, va a perder parte de los fondos en la identificación
de los beneficiarios. En fin, el Gobierno reconoce que los instrumentos
de la CTA son los más adecuados, pero su propuesta se limita
a los criterios de eficiencia en la asignación de recursos
y no en la redistribución del ingreso como decimos nosotros.”
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Un réquiem
de Lombardo
El ministro de Salud, Héctor Lombardo, demostró
ayer que la decisión de desregular el sistema de salud sigue
más firme que nunca. Lo hizo al asegurar que el 50 por ciento
de las obras sociales deberían desaparecer en el curso de
este año.
La semana pasada el Gobierno anunció una marcha atrás
de la desregulación, lo que se interpretó como una
señal hacia los gremios para que levanten el paro general
convocado para esta semana. Sin embargo, la verdadera razón
de la medida respondió a las trabas judiciales que se le
presentó al Ejecutivo para implementar el cambio del sistema.
No obstante, Lombardo dejó en claro que, cualquiera sea la
vía alternativa que el Gobierno opte, se avanzará
en la misma dirección ya que “el actual sistema tiene
enormes dificultades y hay que cambiarlo”.
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