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Por Victoria Ginzberg
 El telegrama de la empresa decía
que Juan José Martín podía tomarse diez días
libres con goce de haberes para descansar por “todo lo que había
sufrido”. La mujer no entendía nada. Hacía 18 días
que su esposo estaba desaparecido. Preguntó en la planta pero no
le aclararon las cosas. Sin embargo en Mercedes Benz sabían más
de lo que aparentaban. Al día siguiente su marido fue liberado.
Martín y Héctor Aníbal Ratto, únicos dos sobrevivientes
de los empleados de la fábrica de Mercedes Benz que fueron secuestrados
durante la última dictadura, declararon en el consulado alemán
y señalaron la complicidad de la empresa en las desapariciones
de doce compañeros. Estos testimonios, que involucran a un gerente
que todavía trabaja en la firma, se agregaron en el juicio por
las víctimas del terrorismo de Estado de origen alemán que
lleva adelante la fiscalía de Nurenberg.
El 12 de agosto de 1977, luego de una asamblea de personal, la empresa
le avisó a Ratto que lo llamaban de su casa, pero el hombre desconfió:
su familia no tenía el número de la planta. La situación
le pareció extraña y se acordó de que esa mañana
se había comentado el secuestro de un operario. Decidió
permanecer en su puesto de trabajo. Minutos más tarde le informaron
que en la fábrica había un grupo de personas de civil que
se identificaron como “personal de seguridad” y venían
a detenerlo. Ante el gerente Juan Tasselkraut, Ratto se negó a
irse si los hombres no se identificaban. El operario resistió hasta
que a las diez de la noche una patrulla militar de 36 personas se lo llevó
de adentro de la fábrica.
Ratto denunció estos hechos durante el juicio a las Juntas, pero
al declarar en el consulado alemán agregó un detalle significativo:
mientras estaba con Tasselkraut y el personal de civil que lo había
ido a buscar presenció cómo el gerente entregó a
uno de sus compañeros. “Escuché cómo les dio
la dirección de Diego Núñez y Diego Núñez
fue secuestrado ese mismo día”, narró el operario,
quien estuvo desaparecido 19 meses. Tasselkraut aún trabaja para
Mercedes Benz.
El 29 de abril de 1976 una comisión militar entró a la planta
de Mercedes Benz, se abrió paso entre los cuatro mil empleados
y se plantó frente a la máquina de Martín. “Nos
va a tener que acompañar hasta el regimiento de La Tablada para
que le hagamos unas preguntas”, le dijo uno de los sujetos. Martín
fue conducido a su propia casa, que fue saqueada y luego fue alojado en
un calabozo de la comisaría de San Justo. Allí fue torturado
mientras era interrogado sobre la actividad gremial y los miembros de
la comisión interna de la empresa. El día que Martín
fue secuestrado la fábrica de González Catán paró
y sus compañeros se movilizaron hasta el regimiento del Ejército,
donde los militares habían dicho que lo llevarían. Pero
Martín estaba en San Justo; él lo sabía porque su
abuela vivía enfrente y conocía a Rubén Lavallén,
comisario de la Brigada de Investigaciones. Ese policía se apropió
de la hija de los desaparecidos Mónica Grispon y Claudio Logares
–que fue restituida a su familia en 1984– y luego de la dictadura
consiguió un buen puesto como jefe de seguridad de Mercedes Benz.
Martin y Ratto –este último nunca se había presentado
ante la Justicia- declararon ante el cónsul alemán, Sven
Krauspe, en el juicio por la desaparición de su compañero
Esteban Reimer, secuestrado en la madrugada del 5 de enero de 1977. Un
día antes el hombre había concurrido con otros ocho delegados
a la oficina central de Mercedes Benz en Capital para negociar la reincorporación
de más de cien empleados cesanteados. Una de las ocho personas
vestidas de civil con armas largas que lo secuestró esa noche le
dijo: “Es por lo de la fábrica”.
“El paso siguiente debería ser la citación de Tasselkraut
y de otros directivos de Mercedes Benz, porque existe un estado de sospecha
si no evidencia clara de que fueron partícipes necesarios de los
crímenes de lesa humanidad cometidos”, aseguró a Página/12
Juan Carlos Capurro, abogado de la causa. Capurro es miembro del Comité
de Acción Jurídica dela Central de Trabajadores Argentinos,
que forma parte de la federación Internacional de Derechos Humanos
(FIDH) con sede en Francia.
El abogado narró que Mercedes Benz tuvo un extraño comportamiento
con las familias de sus empleados desaparecidos, les continuó abonando
un sueldo y algunos hasta cobraron indemnizaciones por motivos no especificados.
En cambio, los operarios que dejaron de ir a trabajar porque corrían
el riesgo de ser secuestrados fueron despedidos.
“El ministro de Defensa Horacio Jaunarena aseguró que el golpe
de estado de 1976 fue cívico-militar. Eso es cierto y el caso de
Mercedes Benz, como los de Ford, el Ingenio Ledesma o los Astilleros de
la Zona Norte devela la participación activa de sectores de los
grandes grupos económicos en el genocidio”, expresó
Capurro.
EL
“MIAMI HERALD” INFORMO SOBRE LA NULIDAD DE LAS LEYES DE IMPUNIDAD
Una buena noticia, no para todos
Los fallos del juez argentino
Gabriel Cavallo y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que
declararon que las desapariciones de personas detenidas, las torturas
y asesinatos no podían ser amnistiados ni sujetos a un límite
temporal para su persecución penal constituyen una “buena
noticia”, sostuvo el diario estadounidense Miami Herald en una columna
firmada la semana pasada por su periodista estrella, Andrés Oppenheimer.
“Cuando todavía hay periódicos rumores sobre golpes
militares en América latina, esos fallos servirán como advertencia
para los eventuales conspiradores de que, por muchas leyes de amnistía
que consigan, será más difícil para los violadores
de los derechos humanos planear una salida segura del poder”. Las
columnas de Oppenheimer son reproducidas todas las semanas por el matutino
La Nación de Buenos Aires, que en este caso hizo una excepción.
La Nación es el único diario argentino de alcance nacional
que condenó en un editorial el fallo de Cavallo.
Al referirse al vigésimo quinto aniversario del golpe militar de
1976, el columnista norteamericano, de origen argentino, dijo que los
organismos de derechos humanos sentían que tenían algo para
festejar. “En un caso histórico, el juez federal Gabriel Cavallo
declaró ilegales las leyes argentinas de amnistía porque
violan las convenciones internacionales sobre derechos humanos. Cavallo
instruyó una causa contra dos policías sospechosos de torturar
y presuntamente ejecutar a una pareja en 1978 y entregar a la hija de
ambos a un coronel del Ejército”, escribió. El 24 de
marzo Oppenheimer estaba en Buenos Aires, adonde viajó para presentar
su libro Ojos cerrados. Estados Unidos y el negocio de la corrupción
en América Latina, una investigación sobre el papel de IBM
y Citibank en el pago de coimas y su posterior lavado. El libro se refiere
a las operaciones de los banqueros Raúl Moneta y Aldo Ducler. “Los
organismos argentinos de derechos humanos lograron una victoria en su
lucha por invalidar las leyes de amnistía de 1986 y 1987, que fueron
sancionadas luego de la restauración de la democracia, cuando el
primer gobierno elegido todavía se sentía amenazado por
las Fuerzas Armadas”, dijo.
Al referirse a la decisión de la Corte Interamericana del 14 de
marzo en el caso peruano, Oppenheimer dijo que “podría invalidar
las leyes de amnistía sancionadas por países como Chile
y la Argentina para eximir a oficiales de las Fuerzas Armadas de juicios
penales por violaciones a los derechos humanos. Algunos analistas están
estudiando si esta decisión podría afectar futuras leyes
de amnistía en países como Cuba”. El artículo
añade que la Corte Interamericana falló que la ley de amnistía
peruana de 1995 carecía de validez y que Perú debía
investigar a los oficiales de las Fuerzas Armadas acusados por violaciones
a los derechos humanos. “En los últimos días, Perú
arrestó a dos oficiales retirados que se habían beneficiado
con la amnistía. Hora, luego de esos arrestos de la reciente decisión
de Chile de despojar de su inmunidad parlamentaria al ex hombre fuerte,
general Augusto Pinochet”, agregó.
El artículo cita una declaración del periodista Horacio
Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, que presentó
la petición de nulidad de las leyes: “Es un hecho de notable
importancia. Implica que las graves violaciones a los derechos humanos,
como la tortura y las desapariciones fozosas, no prescriben ni pueden
ser amnistiadas”. Según Oppenheimer, si la Corte Suprema de
Justicia argentina confirma el fallo de Cavallo, las leyes argentinas
de amnistía quedarían invalidadas. De lo contrario, el caso
podría seguir camino hasta la Corte Interamericana, “que podría
ordenar a la Argentina la anulación de esas leyes”. El columnista
se pregunta si esto podría provocar una rebelión militar
en la Argentina, que atraviesa una crisis política y financiera.
Su respuesta es negativa. “No lo creo. En primer lugar, los sondeos
de opinión pública muestran que en la actualidad la sociedad
argentina noapoyaría ninguna ‘solución militar’.
Segundo, la vasta mayoría de los oficiales de las Fuerzas Armadas
que prestaron servicio bajo las juntas militares de la década de
1970 hace mucho que han pasado a retiro. Sólo 10 por ciento de
los oficiales actualmente en actividad participaron en el régimen
militar. Tercero, muy pocos oficiales en actividad serían juzgados.
Los organismos de derechos humanos sostienen que sólo tienen pruebas
contra unos diez oficiales en actividad”, dice Oppenheimer.
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