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Por Mariana Carbajal
 El presidente De la Rúa
podrá realizar mañana su visita al Papa sin sorpresas. La
Alianza aceptó, finalmente, postergar el tratamiento en Diputados
del proyecto de ley de salud sexual y procreación responsable,
hasta el regreso del mandatario al país, para evitar que una norma
tan resistida por la jerarquía católica empañe la
visita al Vaticano. Un fuerte lobby del canciller Rodríguez Giavarini
sumado a la urgencia por sancionar los “superpoderes” para Cavallo
y la Ley de Competitividad consiguieron cajonear unos días más
su inminente aprobación en la Cámara baja. La ley, que prevé
la entrega gratuita de anticonceptivos en hospitales y su cobertura por
obras sociales, tenía preferencia para ser tratada como primer
tema de la sesión del 21 de marzo. Pero el presidente del cuerpo,
Rafael Pascual, se encargó de persuadir a un grupo de legisladores
radicales que estaban empecinados en aprobarla cuanto antes, de esperar
a la vuelta del jefe de Estado.
En una respuesta muy confusa, De la Rúa dejó trascender
en Roma que no vetará la polémica ley, una vez que pase
el examen del Congreso. “Eso no tiene fundamento”, respondió
cuando un periodista le preguntó si complacerá a la Santa
Sede con una medida de esa naturaleza.
Hoy a la mañana las radicales Cristina Guevara y Marta Milesi se
reunirán con Pascual para fijar, sin más dilaciones, la
fecha del tratamiento. “Será en abril”, adelantó
Milesi. Las sesiones de la semana próxima y de la siguiente quedaron
descartadas porque la Cámara no trabajará en Semana Santa
y el 18 escuchará el informe del jefe de Gabinete. La postergación
del debate hasta el regreso de De la Rúa del Vaticano se acordó
con Pascual en la noche del sábado 24 de marzo, durante una cena
con el subloque radical. Pascual cumplió así con un pedido
del canciller Rodríguez Giavarini que, como informó oportunamente
Página/12, le rogó expresamente que frenara la sanción
de la norma. El lobby de la Iglesia ha conseguido que se cajonee el proyecto
en los últimos tres años.
A pesar de que persisten disidencias entre la Alianza y el justicialismo
en Diputados, hay acuerdo para que la ley se apruebe en general. Un amplio
sector del PJ, que encarna la voz de la Iglesia y encabezan las diputadas
Hilda “Chiche” de Duhalde y Silvia Martínez, se opone
a que los adolescentes reciban anticonceptivos sin la autorización
de sus padres, una condición que, según adelantó
Guevara, la Alianza no está dispuesta a tranzar. “Lo ideal
sería que se les exija permiso paterno hasta los 16 años.
Es el punto que más nos separa (del oficialismo), pero creo que
vamos a llegar a un acuerdo”, dijo ayer Duhalde a este diario. El
tema continuará discutiéndose el martes en una reunión
especial con representantes de las comisiones del Menor y la Familia,
Salud y Legislación General.
Los puntos reclamados por la jerarquía católica que sí
cederá el oficialismo son: que se aclare en el texto que los contraceptivos
que podrán prescribirse deben ser “transitorios” y “no
abortivos”; y que la adhesión a la norma no sea obligatoria
para los centros de salud y colegios confesionales. El acuerdo alcanzado
hasta ahora con la oposición incluye además, la incorporación
a la Ley 17.132, que rige el ejercicio de la Medicina, de una cláusula
de objeción de conciencia, de forma tal que los profesionales que
no compartan la prescripción de anticonceptivos “no naturales”
–rechazados por el catolicismo– puedan abstenerse de hacerlo.
Que
los chicos no trabajen
El Poder Ejecutivo
envió a diputados un proyecto de ley destinado a fijar en 15 años
la edad mínima de admisión al empleo y establecer un principio
de progresividad tendiente a la eliminación del trabajo infantil,
un problema que, según estimaciones de Unicef, afecta a por lo
menos 320 mil chicos en todo el país.
La propuesta remitida por el Ejecutivo está en sintonía
con lo establecido en la Conferencia Internacional del Trabajo, que se
comprometió a elevar progresivamente la edad de admisión
al empleo hasta una edad no inferior a la del cese de la obligación
escolar, que por la Ley Federal de Educación, en la Argentina se
extiende hasta los 15 años de edad.
Por otro lado, la Comisión Nacional de Erradicación del
Trabajo Infantil anunció un plan nacional contra este problema,
del que participarán sindicatos, cámaras empresariales y
organismos internacionales.
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