Por Raúl Kollmann

”Lo que denunciamos es una sociedad entre un grupo de pseudoempresarios y un grupo de funcionarios del Gobierno de la Ciudad con el objeto de arreglar licitaciones para hacer obras de limpieza y ampliación de la red pluvial que no se hicieron. Sin embargo, se firmaron certificados de que se cumplieron esos trabajos, con la consecuencia final de que la Ciudad pagó y habría que estudiar quién se quedó con parte del dinero. No se puede decir ahora que estas obras y trabajos de limpieza no hubieran salvado la vida de las ancianas que murieron en el geriátrico. Primero, porque no lo sabemos. Sería como decir que estas obras eran inservibles y en ese caso uno se preguntará para qué las contrataron. Segundo, porque las obras eran justo ahí, en Blanco Encalada y Crámer, en Superí al 2200”. Con esta argumentación, Ricardo Borda, un supervisor de una de las empresas que debía hacer los trabajos, y su abogado, Luis Alén, explicaron a Página/12 los fundamentos de la denuncia que presentaron hace una semana ante la Justicia y que se dirige contra 12 empresarios de las compañías que debían hacer los trabajos y cinco funcionarios de la Ciudad que firmaron certificados de obras que no se hicieron. A fines de febrero, el secretario de Obras Públicas Abel Fatala había presentado una denuncia ante la Procuración sobre el tema. La semana pasada fueron separados de sus cargos dos funcionarios involucrados (ver aparte). Ayer se supo que la defensora de la Ciudad, Alicia Oliveira, se presentará como parte querellante en esa causa.
El origen de la denuncia de Borda es una durísima interna en la empresa en la que trabajaba, Bachelor S. A. En verdad Borda había sido colocado, en los papeles, como presidente de esa empresa, como una forma de tapar a sus verdaderos dueños: según Borda, ellos son Pedro Fischer, Fernando García Tuñón y Sebastián Bottaro. “Acá están mis recibos de sueldo. Yo ganaba 1300 pesos, de manera que es evidente que yo no era presidente de una compañía que facturaba 1.500.000 pesos. Obviamente no podía sacar dinero de las cuentas ni nada. Yo acepté prestar mi nombre porque estaba trabajando ahí”, dice Borda. Hubo una pelea muy fuerte y acusaciones cruzadas, pero lo importante es que a raíz de ello salió a la luz una trama sórdida.
–¿Cómo es que las empresas ganan las licitaciones para limpiar sumideros y ampliar la red pluvial?
–Saque usted mismo sus conclusiones. La primera empresa era Case S. A. Esa ganó una licitación en 1993 y en el ‘98 le renovaron el contrato. Case quebró, había orden de que el dinero de los trabajos –unos 150.000 pesos mensuales-. se depositaran en el juzgado, pero igual hubo 500.000 pesos que se les dieron a los directivos de Case y no al juzgado. Después fundaron Bachelor, que tenía un capital de 12.000 pesos. Sin embargo, le adjudicaron una capacidad de obra –se llama referencial– de 1.500.000 pesos, cuando la lógica es que fuera por unos 100.000 pesos: habría que ver si el certificado de esa capacidad es auténtico. Le dan por ganada una licitación en la que Bachelor presenta como antecedentes obras realizadas por Case. Además todo se hace con la misma maquinaria y el mismo personal. Siga sacando conclusiones. Después se fundaron otras empresas, Superpipe, Concret, Sanitra, por ejemplo. En esta última figura como accionista Sabrina Salazar, sobrina de Claudio Palmerio, jefe de Gestión de Mantenimiento de la Dirección de Hidráulica de la Ciudad. También está Verónica Figueira, hija de José Figueira, director del mismo área de Hidráulica.
–En la denuncia judicial ustedes mencionan que Figueira se compró una casa lujosa.
–Efectivamente, en Nueva Pompeya. Tiene características suntuosas que no podrían afrontarse con lo que gana el funcionario en la Ciudad.Incluso camiones de Bachelor fueron vistos descargando materiales en las propiedades de los Figueira. Siga con las conclusiones.
–Ustedes no sólo denunciaron a Palmerio y Figueira sino a otros tres funcionarios más y a doce empresarios.
–Sí, los otros funcionarios son José Rodríguez, Juan Della Palma y Guillermo Capella, todos firmantes de certificados de obra. Mire, esto es muy importante: en la zona del geriátrico donde murieron las ancianas figuran obras con caños de 1200 milímetros de diámetro que nosotros sabemos que la empresa no los tenía ni los colocó. Es muy grave. También ponemos en nuestro escrito que los pagos de esas obras presuntamente no hechas fueron autorizados por Nicolás Gallo. No sabemos qué conocimiento tenía Gallo de todo esto.
–Me imagino que ellos dirán que usted también tuvo la culpa porque usted era presidente de Bachelor.
–Yo jamás estuve en obra y esto empezó cuando yo me negué a firmar papeles para conseguir un crédito y despedir gente con el objetivo seguramente de formar otra empresa más. El mecanismo era el siguiente: Bachelor le facturaba a Concret, ésta a Sanitra, ésta a Aguas Argentinas y ésta al Gobierno de la Ciudad. Todo por la misma obra. La factura inicial era de 20.000 y a la Ciudad le llegaba una factura de 35.000.
–¿Y usted por qué no denunció todo esto antes?
–A partir del momento que me obligan a renunciar y me empiezan a hacer la vida imposible, a principios del 2000, yo empecé a juntar documentación para hacer la denuncia. Piense que yo perdí mi trabajo. Las inundaciones de enero, la muerte de las ancianas hicieron que presentara todo ahora ante la Justicia. Porque la realidad es que los trabajos cobrados pero que no habrían sido efectuados corresponden a las zonas donde se produjeron las inundaciones y las muertes.

DECLARARON LOS PADRES EN EL JUICIO DE CIPOLLETTI
“El gobierno también encubrió”

En el juicio por el triple crimen de Cipolletti, los familiares de las víctimas desecharon la hipótesis que se sostiene hasta hoy. Ulises González, padre de María Emilia y Paula, hizo un relato pormenorizado de la forma irregular en la que se produjeron algunas pruebas que incriminan a Claudio Kielmasz, uno de los acusados. El supuesto croquis del lugar del crimen, confeccionado por el imputado, fue obtenido por iniciativa del gobernador de Río Negro, Pablo Verani, sin consultar antes al juez de la causa, Pablo Iribarren, y el hallazgo del arma homicida, propiedad de Kielmasz, se produjo también en forma colateral al expediente. González cuestionó la actitud del gobierno y también el accionar policial. Pero fue todavía más contundente Juan Villar, padre de Verónica Villar, la tercera víctima: “La Justicia está obsoleta”, concluyó de cara al tribunal y llamó “perejiles” a los dos acusados, Kielmasz y Guillermo González Pino.
Todo se hizo tan mal, según Villar, que “parece ser que a las chicas las mataron los marcianos”. En su testimonio, el papá de Verónica se preguntó: “¿Cómo es posible que hoy no se sepa nada? ¿Quiénes, dónde y por qué la mataron? Por eso –sostuvo–, cada vez que escucho que hubo un crimen pienso de inmediato en la policía”. Siguiendo con su línea de razonamiento interpretó que “el encubrimiento policial se gestó desde un principio y contó para ello con la protección del gobierno de la provincia”.
El juicio oral se reanudó ayer, luego que los miembros del tribunal rechazaran el pedido de nulidad del proceso que había sido planteado, la semana anterior, por los abogados de Kielmasz y González Pino, quienes argumentaron que hasta hoy “no existe una sola prueba que incrimine” a los acusados. En cierto modo, los testimonios de González y Villar abonaron indirectamente esa interpretación de las defensas.
Ulises González recordó que luego de la separación de la causa de la policía provincial, era la Federal la responsable de la investigación. No obstante fue un grupo provincial, la llamada Comisión Marchetti, el que obtuvo el supuesto plano del lugar del hecho, confeccionado por Kielmasz cuando ya estaba preso en la Alcaidía de General Roca. Un policía “infiltrado”, que se hizo pasar por detenido, trabó amistad con el imputado y le hizo hacer el croquis.
Esa fue la versión que le contó a González el gobernador Verani en persona, durante una reunión realizada en la casa de la familia, en febrero de 1998. En el encuentro, el mandatario venía recibiendo quejas y reproches por la falta de novedades en el caso, hasta que de repente, de un bolsillo, sacó el croquis como un mago saca un conejo de la galera. Era una fotocopia del plano original y cuando González se los mostró a la gente de la Federal, los investigadores le dijeron que la prueba “nunca había sido incorporada a la causa”.
Según Kielmasz, la comisión encabezada por el comisario Néstor Marchetti “lo obligó” a realizar el croquis, y para ello lo sacaron ilegalmente de la prisión. El arma homicida, otra de las pruebas, fue aportada por el propio Kielmasz, quien fue hasta el lugar donde estaba escondida, acompañado por González y un abogado, sin intervención del juez. La legalidad de las pruebas así obtenidas seguramente será motivo de controversia. El marco fortaleció el escepticismo de Juan Villar: “Cuando hay un crimen no hay que pensar en los criminales, sino en la policía”.

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