Se podría pensar en poner limitaciones al ingreso en Medicina
y, paralelamente, en dar becas para incentivar carreras como Ingeniería.
El ministro de Educación, Andrés Delich, anunció
ayer su intención de que las universidades nacionales planifiquen
la forma de ingreso de los estudiantes. Así, el funcionario radical,
surgido de las filas de Franja Morada, dio un giro radical frente al principio
de ingreso irrestricto que tradicionalmente defendió el radicalismo.
Y desató otra polémica en el ámbito universitario
(ver página 2). También anunció que impulsará
una reforma de la Ley de Educación Superior: Hay que diseñar
una nueva ley que, respetando la autonomía universitaria, construya
un ámbito de planificación de la educación superior.
Tras cerrar el seminario sobre El papel del periodismo en la educación,
organizado por el IIPE-UNESCO, la Organización de Estados Iberoamericanos
(OEI) y Educación, Delich dio una conferencia de prensa: En
los últimos veinte años quedó en evidencia el fracaso
del Estado en generar un espacio donde se planifique la educación
superior. Y, sin anestesia, se refirió al espinoso asunto
del ingreso. Los exámenes de ingreso son instrumentos de
política educativa. Depende de cómo se los use. Es como
un bisturí: puede ser un arma mortal en manos de un loco o un asesino,
o puede estar en manos de un médico para curar a las personas,
explicó, metafórico.
El ministro aclaró que la planificación del ingreso
debe ser una decisión propia de cada universidad. Hay que pensar
políticas de ingreso dentro de las universidades, pero no como
una regla única. La heterogeneidad de las universidades implica
que no se piense en una norma global de ingreso. No puede haber un ingreso
común para todos. Medicina es el típico ejemplo
de carrera en la que, por la restricción que existe para disponer
de preparados y materiales para todos los estudiantes, existen limitaciones
objetivas para la posibilidad de enseñar, dijo.
Después le apuntó directamente a la unidad académica
más grande de América latina, la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Buenos Aires. Tenemos que pensar cuántos
estudiantes tiene que tener una facultad o una universidad para conservar
la condición de tal. Hoy tenemos una facultad con más de
40 mil alumnos acá a siete cuadras. ¿Es razonable?,
se preguntó. Y, a continuación, postuló la posible
instauración de restricciones para el ingreso en carreras muy demandadas
(se refirió a Medicina) y, a la vez, ofrecer becas para fomentar
el estudio de otras disciplinas (Ingeniería fue el ejemplo elegido).
En otro orden, pero en el mismo rumbo que ya había señalado
su antecesor Hugo Juri quien reapareció junto a Delich para
cerrar el seminario de periodistas el ex diputado y ex presidente
de la federación de estudiantes de la UBA dijo que impulsará
una modificación de la Ley de Educación Superior (LES) sancionada
bajo el menemismo en 1995. La ley no se corresponde con este siglo.
Eso no quiere decir que debe derogarse, sino que debe haber una nueva
norma. Con ese objetivo, en los próximos días el ministerio
creará una comisión especial, un ámbito de
consenso con rectores, actores universitarios y especialistas en
educación, que será presidida por el propio Juri. Mediante
la reforma de la ley, el ministro pretende obtener mayores instrumentos
para, desde el Estado, planificar políticas de educación
superior. Cuando Página/12 le recordó que la LES ya prevé
la existencia de los desaprovechados consejos regionales de planificación
universitaria, Delich retrucó: Existen, pero no obligan a
las universidades a participar de ellos. El Consejo Interuniversitario
Nacional (el órgano que reúne a los rectores de las universidades
públicas) debería ser un ámbito de articulación,
pero no se ha mostrado exitoso en ese sentido, como sí lo ha sido
en la defensa de la universidad pública.
Al final, el ministro también confirmó que avanzará
con otros proyectos iniciados durante la anterior gestión de Educación:
seguirán en marcha los proyectos de desarrollar colegios universitarios
y de evaluar la calidadde la educación que brindan las universidades.
Si medimos la calidad de la educación básica, ¿por
qué los universitarios se van a sentir mal si los queremos evaluar?.
Después de dos semanas de incertidumbre, quedó confirmado
que el área del ministerio que se ocupa del sistema universitario
y los institutos terciarios, la Secretaría de Educación
Superior, seguirá encabezada por Juan Carlos Gottifredi, quien
había presentado su renuncia ante el Presidente. Además,
la secretaría mantendrá su rango, mientras que la de Educación
Básica pasará a ser una subsecretaría.
La decisión de que continúe como el único viceministerio
el área de educación superior muestra que el Ejecutivo quiere
meter mano en la reformulación del sistema universitario.
El sostenimiento de la universidad pública implica que el Tesoro
destine 1800 millones de pesos anuales a ese fin. Un monto nada desdeñable
para las sumas y restas de Economía.
Claves
Los estudiantes advirtieron
que como no pudieron arancelar no pueden venir ahora con los
cupos.
Algunos decanos de la
UBA plantearon que analizar el ingreso sin evaluar el contexto al
igual que hablar de planificar se puede confundir con ajustar.
El ex decano de Medicina,
Luis Ferreira, festejó que un ministro joven venga
con esa idea brillante que piensa en la comunidad y no en la facilidad
de los alumnos.
|
�No
pudieron arancelar, no vengan a poner cupos�
Por
Javier Lorca
Autoridades y estudiantes,
en diálogo con Página/12, se opusieron, tajantes, a la posibilidad
de instaurar restricciones al ingreso en la universidad pública,
dejada entrever por el ministro de Educación, Andrés Delich.
No pudieron imponer el arancel, que no intenten ahora poner cupos
al ingreso. Nadie puede estar en contra de planificar. Pero
uno duda porque, durante el gobierno anterior y en lo que va de éste,
siempre se planificó para ajustar o hacer negociados. Ese
fue el tenor de las respuestas de los universitarios. Sin embargo, todos
los consultados se mostraron dispuestos a debatir una transformación
del sistema educativo superior. Uno de los pocos que ayer festejó
las declaraciones del ministro fue el ex decano menemista de Medicina,
Luis Nicolás Ferreira.
¿Es razonable una facultad como la de Ciencias Económicas,
con más de 40 mil alumnos en sus aulas?, se preguntó Delich.
El análisis de si es poca o mucha la cantidad de gente que
estudia en Ciencias Económicas depende de las expectativas que
tengamos para el futuro de nuestro país -retrucó el decano
de esa facultad, Carlos Degrossi. La cantidad de alumnos que tenemos
es incluso insuficiente si la economía del país va a desarrollarse
como esperamos. Por eso, discutir en abstracto es poco serio. Degrossi
dijo que le parece inconveniente poner cupos en las carreras.
Pero el Estado podría orientar la demanda hacia ciertas áreas
mediante elecciones estratégicas de desarrollo. Si somos democráticos,
tenemos que dejar optar y confiar en nuestros ciudadanos. Pero darles
la mayor información posible.
Nadie puede estar en contra de planificar la educación. Si
esto se hace con mayor presupuesto, está muy bien. Pero, con un
gobierno que hace unas semanas nos dijo que iba a recortar y arancelar,
uno debe estar alerta, desconfió el decano de Ciencias Sociales
(UBA), Fortunato Mallimaci. Hablar de cupos no tiene ningún
sentido, si primero no hablamos de que todos los jóvenes tienen
que tener las mismas posibilidades de estudiar en la universidad,
añadió.
Como era previsible, los mayores rechazos se oyeron entre los alumnos.
La universidad pública necesita reformas, pero siempre sobre
la base de los principios reformistas de autonomía, gratuidad y
libertad de ingreso -se plantó el titular de la Federación
Universitaria Argentina, Manuel Terrádez (Franja Morada).
Desaprobamos cualquier idea que tienda a la restricción del ingreso.
No nos parece mal planificar, siempre que no se vaya hacia medidas restrictivas.
Más duros fueron los dirigentes universitarios del Frepaso. No
pudieron imponer el arancel, que no intenten ahora poner cupos al ingreso.
Y que tampoco se quiera encubrir con esto un proyecto de universidad elitista,
avisó Raúl Sánchez, del Movimiento Nacional Reformista
(PSP). Y agregó: Pensar en una Argentina más justa
y solidaria se contrapone a la elitización de la universidad pública.
Secretario general del Frente Grande Universitario, Lucas Nejamkis, también
se opuso a cualquier restricción.
Igual, todos se mostraron dispuestos a aceptar la planificación.
Planificar puede resultar muy bien para salvar la brecha que hay
entre la educación media y la universitaria. Y puede servir como
política de retención, dijo Terrádez. Sánchez
admitió: Queremos debatir la transformación de la
universidad y de la ley, pero el debate sobre la planificación
no se puede limitar a ver cuánta gente tiene cada carrera.
En otro modelo de país, con otro contexto social apuntó
Nejamkis, planificar podría no resultar excluyente, como
sí lo resulta en la Argentina que tenemos hoy.
El que ayer celebró su revancha fue el ex decano de Medicina (UBA),
Luis Ferreira, recordado por sus disputas con el rector Oscar Shuberoff,
justamente, por su afán de restringir el ingreso. No voy
a decir vieron que yo tenía razón. Siempre tuve
esta convicción por mi experiencia docente. Por suerte ahora llegó
un ministro joven que, con esta ideabrillante, está pensando más
en la comunidad que en las ventajas que tienen los malos alumnos,
dijo a este diario. Se explayó: Hoy tenemos una cantidad
excesiva de médicos en la UBA. Así baja la calidad de la
educación, se proletariza la profesión, los médicos
son explotados, necesitan tener varios cargos para poder vivir y, entonces,
también baja el nivel de atención y los únicos perjudicados
son los pacientes. Para el ex titular de la Oficina de Etica Pública
durante el menemismo, el Estado debe orientar a los estudiantes.
La libertad de elección es muy buena, pero deja de serlo cuando
el estudiante se recibe y se encuentra sin posibilidades de inserción.
OPINION
Por Nora Veiras
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Limitaciones objetivas
El ingreso a la universidad no se puede pensar desde una regla
única, dijo el ministro de Educación, el radical
Andrés Delich. La definición, que puede sonar sensata,
evidencia, sin embargo, una decisión política: la
de abrir un debate en un coto donde el radicalismo desde el retorno
a la democracia levantó la bandera del ingreso irrestricto
como sinónimo de democratización. Más aún,
el joven sociólogo que se forjó como dirigente estudiantil
en los 80 al calor de la defensa a ultranza de la autonomía
universitaria remarcó que se hace imprescindible planificar
la educación superior.
Si no fuera porque medió el fallido ajustazo de Ricardo López
Murphy y la posterior entronización de Domingo Cavallo en
Economía, el discurso sonaría a herejía. Pero,
en ese contexto, proponer que las universidades discutan las formas
de acceso de los estudiantes a las aulas se puede entender como
un trueque a cambio de salvar la gratuidad que tanto
ocupa a los economistas del establishment.
Nosotros siempre fuimos reformistas, repiten en Educación.
La Reforma Universitaria que en 1918 lideraron los estudiantes cordobeses
en contra del oscurantismo eclesiástico reivindicó
la libertad de cátedra y la autonomía. Esos fueron
los instrumentos para poder confrontar ideas sin dejarse adoctrinar
por dogmas. Es cierto que ni el ingreso irrestricto ni la gratuidad
formaron parte de esa lucha, pero no lo es menos que desde el retorno
a la democracia la comunidad universitaria incorporó esas
banderas como irrenunciables.
En los 90, en la Universidad de Buenos Aires se podría
decir que bordearon el grotesco si no fuera porque en el medio
de la disputa quedaron miles de estudiantes las discusiones
entre el consejo superior, liderado por el rector Oscar Shuberoff,
y el entonces decano de Medicina, el menemista Luis Ferreira, en
torno al ilimitado Ciclo Básico Común (CBC) y el cupo
del Curso Preuniversitario de Ingreso (CPI). La UBA defendió
el derecho de la universidad a definir un sistema de ingreso común
mientras que la facultad quería establecer sus propias normas.
La puja fue el reflejo del artículo de la ley de Educación
Superior hecho a la medida del pintoresco decano que establece que
en las universidades con más de 50 mil alumnos, las facultades
podrán definir las normas para el ingreso. Con menos torpeza,
en la absoluta mayoría de las facultades de Medicina del
país se definieron criterios de selección. Ahora es
el ministro de Educación el que confiesa su coincidencia
con la necesidad de fijar restricciones en esa carrera producto
de las limitaciones objetivas para dar una formación
adecuada a los estudiantes.
A lo largo de dieciséis años de democracia, las universidades
se resguardaron en la autonomía para, muchas veces, repeler
el debate sobre las evidentes carencias de su organización
y administración. El radicalismo fogoneó en muchos
casos esa lógica defensiva que llevó a cristalizar
en varias casas de estudio los avances de la democratización
sin más crítica. Lo distinto es que un ministro proveniente
de ese riñón ponga sobre la mesa la necesidad de planificar
siempre respetando la autonomía.
Es imposible ordenar, articular, coordinar sin tocar la autonomía.
Es preferible que los cambios los hagamos nosotros a que los
impongan, repiten en Educación, dejando en claro que
llegó la hora de la universidad. El tema es hasta dónde
el debate sobre la restricción no termina legitimando el
economicismo de quienes sólo piensan en recortar
recursos de la costosa educación superior. Y
el riesgo de seguir elitizando la formación superior en un
contexto donde la precariedad del secundario convierte en discriminadora
cualquier selección para seguir estudiando.
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