Por Adriana Meyer
Antonio Erman González,
Guido Di Tella y Oscar Camilión, los tres ex ministros de Carlos
Menem, además del general Martín Balza y otros ex funcionarios
están muy cerca del juicio oral y público por su responsabilidad
en el escándalo de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador.
La Cámara Federal confirmó ayer los procesamientos que había
dictado el juez federal Jorge Urso. Pero además agravó la
situación de Balza y, debido a que le dictó falta de mérito,
el juez deberá seguir investigándolo como presunto jefe
de una asociación ilícita. También empeoró
la posición de Camilión y Di Tella. Los camaristas de la
sala II afirmaron que el origen de las maniobras en cuestión
no habría sido Fabricaciones Militares (FM) sino que las decisiones
habrían partido desde niveles superiores del Estado y ordenaron
al juez Jorge Urso que llame a declaración indagatoria a los
funcionarios responsables de tomar tales determinaciones bajo el
cargo de asociación ilícita. Menem y Domingo Cavallo, también
firmantes de los decretos secretos que posibilitaron la maniobra, habían
quedado afuera del caso, hasta ahora.
Como lo habían hecho en 1998, los camaristas insistieron en que
la investigación debe encaminarse hacia aquellos sujetos
con nivel decisorio capaz para organizar y ejecutar cuestiones de esta
trascendencia, ya que resulta difícil aceptar que hayan
ocurrido merced a la grosera impericia de ciertos funcionarios públicos.
Y sugirieron que Urso profundice la pesquisa en torno del empresario Emir
Yoma y del traficante de armas sirio Monzer Al Kassar. Consultado por
Página/12, Ricardo Monner Sans, autor de la denuncia que originó
el caso, opinó que los camaristas Horacio Cattani, Martín
Irurzun y Eduardo Luraschi volvieron a darle aire a esta causa que parecía
terminar en personajes menores, y abren la esperanza de profundizar la
investigación y llegar a la indagatoria de Menem y Cavallo.
El abogado consideró que la resolución tiene una lectura
política muy dura que agravó la situación de los
imputados.
Según el fiscal Carlos Stornelli, el general Martín Balza
encabezó una asociación ilícita entre miembros del
Ejército y del gobierno de Carlos Menem para permitir la salida
de 6500 toneladas de armas y municiones a Ecuador y Croacia entre 1991
y 1995. En la banda estarían incluidos el ex interventor de Fabricaciones
Militares Luis Sarlenga y su mano derecha, el coronel Edberto González
de la Vega. Ayer la sala II los procesó por ese delito junto a
los ex funcionarios de FM Teresa Irañeta de Canterino, Carlos Franke
y Jorge Cornejo Torino. Pero a Balza le dictó la falta de mérito.
No puede sostenerse que tanto Balza como (el ex jefe del Estado
Mayor del Ejército Raúl) Gómez Sabaini ignoraran
las gestiones que se estaban llevando a cabo en el ministerio del cual
dependían, más aún teniendo en cuenta que el Ejército
había ya tenido noticias sobre la presencia de armas argentinas
en Croacia, indicaron los camaristas. Según ellos, Balza
también participó en la falsificación del convenio
entre FM y el Ejército para intercambio de material bélico
porque, si bien no lo firmó, su intervención se encuentra
probada a partir de las declaraciones de Camilión. Lo suscribieron
Sarlenga y Gómez Sabaini y yo le presté conformidad a solicitud
del general Balza, declaró el ex ministro.
Di Tella estaba procesado por ocultar a la Justicia un cable del embajador
argentino en Perú quien, en febrero de 1995, había recibido
una advertencia peruana sobre el desvío de armas a Ecuador. La
Cámara complicó su situación al procesarlo por su
participación en la falsedad ideológica de los decretos
1697/91, 2283/91, 103/95, que sirvieron de cobertura para las ilegales
exportaciones de material bélico y autorizaron envíos
a Panamá y Venezuela cuando el verdadero destino fue Croacia y
Ecuador. Ninguna explicación ha logrado esclarecer por qué,
en un período de tres meses, Di Tella avaló las ventas de
armamento a un país ocupado militarmente por los Estados Unidos
desde 1989, indicó el tribunal enreferencia al caso Panamá.
Destacó, además, la trascendencia internacional que
las ventas de armas implicaban, ya que fueron enviadas a Ecuador
y Croacia, en abierta violación a los embargos dispuestos por la
ONU.
Erman González estaba procesado por falsear el contenido de los
decretos que en 1991 pusieron en marcha la maniobra. Para la Cámara
es inadmisible que el ex ministro haya permanecido ajeno a todos
los detalles de los trámites que se fueron gestando. Sin
embargo, el ex funcionario se mostró feliz porque consideró
que el fallo mejora su situación al dictarle la falta de mérito
respecto al decreto de venta de armas a Bolivia. Su sucesor, Oscar Camilión,
ya estaba procesado por incumplimientos de los deberes de funcionario
y ahora lo está por falsedad ideológica.
Urso deberá analizar con más detalle el aspecto económico
del caso. En la resolución los camaristas ordenaron profundizar
la pesquisa en torno de la vinculación existente entre
(la empresa fantasma) Daforel y Elthan Trading Co, especialmente
porque Muhammad Yalal Nacrach, sobrino de Emir Yoma era el presidente
y único director de la sociedad durante el período
en que se produjeron los envíos de armamento. Por eso, pidieron
una ampliación de la declaración de Nacrach. Y encomendaron
a Urso extremar recaudos para corroborar, a través
de su colega suizo Laurent Kasper Asserment, la afirmación de un
testigo que sindicó al sirio Monzer Al Kassar como eslabón
principal de la venta ilegal de armamentos. Y dispuso intimar al
Banco Central a aportar información vinculada a los movimientos
de dinero detectados en las operaciones.
Claves
La Cámara Federal
confirmó los procesamientos de tres ex ministros de Carlos
Menem por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.
Son Guido Di Tella, Erman
González y Oscar Camilión. También procesó
al ex jefe del Ejército Martín Balza, aunque le dictó
la falta de mérito al cargo de asociación ilícita
solicitada por el fiscal Stornelli.
Además de confirmar
el procesamiento de otros ex funcionarios, los camaristas ordenaron
investigar a los niveles superiores del Estado, en ese
momento, y profundizar la pesquisa en relación a Emir Yoma
y a Monzer Al Kassar.
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La causa, uno por
uno
Antonio Erman González,
procesado por falsedad ideológica (ya lo estaba por incumplimiento
de los deberes de funcionario público).
Guido Di Tella, procesado
por falsedad ideológica (ya lo estaba por encubrimiento).
Martín Balza,
procesado por malversación de caudales públicos y
falsedad ideológica de documento público, con falta
de mérito respecto de la asociación ilícita,
embargado en 1 millón de pesos.
Oscar Camilion, procesado
por falsedad ideológica (ya lo estaba por encubrimiento y
omisión de denuncia).
Juan Carlos Olima, falta
de mérito por falsedad ideológica.
Raúl Gómez
Sabaini, procesado por malversación de caudales públicos
y falsedad ideológica de documento público, falta
de mérito como miembro de una asociación ilícita,
embargo en 1 millón de pesos.
Antolín Mosquera,
falta de mérito por malversación y falsedad ideológica.
Daniel Quatrocchi, falta
de mérito por malversación de caudales.
Mario Bertotto, falta
de mérito por malversación de caudales.
Luis Sarlenga, procesado
sin prisión preventiva por asociación ilícita,
malversación y falsedad ideológica, embargado en 1
millón de pesos.
Edberto González
de la Vega, procesado sin prisión preventiva por asociación
ilícita, malversación y falsedad ideológica.
Carlos Franke, procesado
sin prisión preventiva por asociación ilícita,
malversación y falsedad ideológica, embargado en 1
millón de pesos.
Teresa Irañeta
de Canterino, procesada por asociación ilícita.
Jorge Cornejo Torino,
procesado por asociación ilícita y malversación.
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OPINION
Por Eduardo Tagliaferro
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El país del
escándalo
Pocas sociedades pierden su capacidad de sorprenderse. Sin sorpresa
quedan quienes de un escándalo pasan al otro ininterrumpidamente,
tal como ocurrió en la Argentina de la década del
90. La venta ilegal de armas incluyó una saga que hubiera
conmovido a cualquier país sensato del mundo. Cuando en el
95 se interceptó en Ezeiza un cargamento de armas argentinas
con rumbo a Quito, la lista de denuncias por corrupción era
más que extensa. En este caso había agravantes: la
Argentina era garante de paz en la ancestral guerra que mantenían
Perú y Ecuador, las armas provenían de Fabricaciones
Militares, los fusiles tenían el escudo del Ejército
Argentino, se habían vendido como nuevos y eran obsoletos.
Dos vuelos ya habían partido anteriormente con fusiles Fal.
Las investigaciones judiciales permitieron conocer que, aunque diferían
los destinos (Croacia en vez de Ecuador) y el medio de transporte
(barco en lugar de aviones), maniobras similares se venían
concretando desde el año 91.
Antes de que el escándalo creciera, se sospechó de
los desconocidos de siempre. Ignotos traficantes, el cuñado
Emir, funcionarios de segunda línea de la fábrica
estatal de armamentos y despachantes de aduana. Tres causas judiciales
dos a cargo de los jueces del fuero penal económico,
Julio Speroni y Marcelo Aguinsky, y otra en el despacho del juez
federal Jorge Urso echaron cierta luz sobre una ingeniería
en la que aparecían los altos mandos del Ejército,
varios ministros del gabinete nacional y hasta el por entonces presidente
Carlos Menem. Incluso hubo indicios de que el virtual bombardeo
de Río Tercero se debió a maniobras que buscaban borrar
las huellas del lugar del crimen: la fábrica militar desde
la que se despachaba el material bélico.
Ningún país hubiera tolerado el bochorno si no fuera
porque existían otros tanto o más groseros. A plena
luz del día, se embarcaron armas, se ocultaron cables diplomáticos,
se fugó Diego Palleros cuando estaba a punto de ser detenido
en una de las causas por contrabando, mientras tanto la SIDE jugaba
al juego que mejor juega: espiar a opositores y visitar despachos
judiciales. Durante casi seis años, y con más paciencia
que la necesaria, el magistrado acumuló pruebas y escuchó
testimonios. Aun así, la instrucción está inconclusa
y dos nombres de quienes firmaron los decretos que enmascararon
la maniobra no han sido investigados: Domingo Cavallo y Carlos Menem.
El fallo de la Sala II de la Cámara Federal porteña
otorga un nuevo crédito a la Justicia al considerar que la
venta ilegal fue una cuestión de Estado de la que participaron
personajes más relevantes que los acusados hasta este momento.
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