Lejos de diluirse, las dudas sobre el alcance del nuevo impuesto a las
transacciones financieras ayer se multiplicaron. Los bancos siguieron
recibiendo miles de consultas y el propio Banco Central tuvo que aclarar
que no había sacado ninguna resolución referida al cobro
del impuesto a las operaciones con caja de ahorro. Sin embargo, muchos
usuarios se sorprendieron cuando los bancos les aplicaron descuentos por
el cobro de cheques a través de la caja de ahorro. La confusión
surgió por la intrincada redacción del decreto reglamentario
de la ley que creó el impuesto. Ahora que comenzó a aplicarse,
se comprueba que son muy pocas las operaciones exentas. Y que incluso
hay varias por caja de ahorro que están alcanzadas por el gravamen.
Una de ellas, justamente, es el cobro de cheques. Si una persona recibe
un cheque del banco X y lo deposita en su cuenta en el banco Y, debe pagar
el impuesto. Y la tasa es del 0,5 por ciento, mayor a la general del 0,25
por ciento. Por ejemplo, por un cheque de mil pesos, debe tributar 5 pesos.
Sólo quedará librado de pagar el impuesto quien reciba un
cheque del mismo banco en que tiene su caja de ahorro. El Banco Galicia
incluyó en su página en Internet una detallada explicación
sobre cuáles son las operaciones gravadas, a fin de despejar las
dudas de sus clientes. El instructivo explica lo siguiente:
El impuesto se aplica a los
débitos automáticos en caja de ahorro de personas jurídicas,
no de personas físicas. Esto implica que las empresas, asociaciones,
entidades civiles y cualquier otra persona jurídica debe pagar
el impuesto si utiliza el sistema de débito automático.
Por ejemplo, una empresa que paga los servicios públicos por esa
vía se encuentra alcanzada por el tributo, a una tasa del 0,5 por
ciento. En cambio, los particulares que utilicen el débito automático
en caja de ahorro están exentos.
Créditos por gestión
de cobranza. Los bancos aplican el impuesto por el depósito en
caja de ahorro de cheques emitidos en otras entidades, el descuento de
facturas y el pago a los comerciantes de los cupones de ventas con tarjeta
de crédito. La tasa también es el 0,5 por ciento.
El gravamen alcanza a los débitos
en caja de ahorro por órdenes de giro y transferencias, con una
tasa del 0,5 por ciento.
Otra duda, aún no aclarada por el Banco Central, es qué
pasará con los cheques con múltiples endosos emitidos antes
de la promulgación de la ley. La autoridad monetaria debe sacar
una resolución determinando si los bancos deben aceptar o no esos
cheques. Esto es porque la ley dictaminó que los cheques comunes
pueden tener un solo endoso, y dos en el caso de los cheques diferidos.
AEROPUERTOS
Y CORREO, EN REVISION
Bastos muestra el ancho
El ministro de Infraestructura,
Carlos Bastos, se dispone a renegociar los contratos de aeropuertos y
el Correo, dos privatizaciones conflictivas que dieron lugar a reclamos
cruzados entre los adjudicatarios y el Gobierno. En el caso de las estaciones
aéreas, el Gobierno planea sentar al consorcio presidido por Eduardo
Eurnekian con la intención de forzar una baja de tarifas y, al
mismo tiempo, revisar el monto del canon.
El criterio para sentarse con los grupos que lideran Socma, en el caso
de la empresa postal, y la Corporación América, en el caso
de las estaciones aéreas, será reemplazar la obligación
de cumplir un plan de inversiones por la de honrar ciertas metas de calidad
del servicio. Naturalmente, esta revisión incluiría también
el recálculo de cuánto deben pagar los concesionarios por
canon, compromiso anual por el que ambos acumulan abultadas deudas a favor
del Estado.
Estamos en el peor de los mundos, aseguró Bastos en
relación con la concesión de los aeropuertos, cuyo programa
de obras está muy demorado. A juicio del ministro, las aerolíneas
están en una situación económica crítica,
las tasas (algunas las cobran el concesionario, otras la Fuerza Aérea)
son muy altas y el canon comprometido puede resultar inviable.
Al menos por ahora, Bastos trabajará con los mismos secreta- rios
de Comunicaciones (Henoch Aguiar), Transporte (Jorge Kogan) y Obras Públicas
(Aníbal Rothamel), heredados de la gestión anterior. La
novedad es el secretario de Energía, área que se transfirió
a Infraestructura y que comandará Alejandro Sbruga, hombre de confianza
del ministro.
Sbruga trabajó junto a Bastos en la privatización de Segba,
realizada en 1992. Ahora, el nuevo secretario tendrá entre sus
misiones prioritarias la de reformular el sistema de comercialización
de la energía eléctrica y gas, introduciendo más
competencia. Bastos aseguró ayer que, a mediano plazo, estas
actividades introducirán la figura de los comercializadores, que
podrán comprar luz o gas para venderlo en grandes cantidades o
al menudeo, también a usuarios domiciliarios. Se trata de una versión
remozada de los actuales brokers, previstos en los marcos regulatorios,
pero que hasta ahora sólo venden energía a los grandes usuarios.
Este nuevo esquema promete sumar otros actores a un negocio que en Gran
Buenos Aires y Capital Federal hoy manejan sólo Edenor y Edesur,
aunque esto no ocurriría antes de dos o tres años.
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