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Por Victoria Ginzberg
 A pesar de su comprobada participación
en las apropiaciones de bebés durante la última dictadura
militar, el ex médico policial Jorge Bergés seguía
en libertad. Pero ayer el juez federal de La Plata Arnaldo Hugo Corazza
detuvo al “Menguele argentino” por su participación en
el robo de la hija de los uruguayos desaparecidos Aída Cecilia
Sanz Fernández y Eduardo Gallo Castro, nacida en el Pozo de Banfield
el 27 de diciembre de 1977. Por este caso también podría
terminar en prisión el comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, ya
que por su posición en la cadena de mandos tuvo responsabilidad
en este hecho.
Bergés fue arrestado el miércoles por la noche en su casa
de Quilmes y ayer por la mañana fue trasladado a La Plata, donde
fue interrogado por el magistrado. En 1977 el ex médico policial
había estampado su firma en la falsa partida de nacimiento de María
de las Mercedes, a quien su mamá había llamado Carmen.
La investigación de este caso comenzó en los primeros años
de democracia, cuando el funcionario de la Subsecretaría de Desarrollo
Humano y Familia de la provincia de Buenos Aires, Enrique de Vedia, dio
a conocer, a partir de una investigación hecha por la Asociación
de Abuelas de Plaza de Mayo, doce partidas de nacimiento firmadas por
el represor Bergés (actualmente se conocen trece). Uno de esos
documentos era el de la hija del matrimonio Sanz Gallo, víctima
del Plan Cóndor. Otro era el de Carlos Rodolfo –o Martín
como le pusieron sus padres– D’Elia, hijo de otra pareja de
desaparecidos uruguayos: Julio César D’Elia Pallares y Yolanda
Iris Casco Ghelpi, secuestrados el 22 de diciembre de 1977 en San Fernando,
cuando la mujer estaba embarazada de ocho meses. El niño fue apropiado
por el marino Carlos de Luccia –fallecido– y Marta Elvira Leiro
y fue el primer caso de robo de hijos de desaparecidos en llegar a juicio
oral, en mayo de 1998.
Dentro del esquema represivo de la última dictadura militar Bergés
no era simplemente un prestador de firmas en falsos certificados de nacimientos.
En 1986 fue condenado a seis años de prisión en la causa
Camps. “Bergés era un torturador implacable. Cuando a mí
me torturaban, él siempre estaba cerca. Su función era controlarme
el corazón para que yo resistiera y no me quedara muerto. Uno lo
veía siempre prolijo, con su guardapolvo blanco y empezaba el miedo”,
relató el periodista Jacobo Timerman en su declaración ante
la Justicia. Cuando Adriana Calvo llegó al Pozo de Banfield después
de haber dado a luz en el auto en el que la trasladaron desde la comisaría
quinta, Bergés le sacó la placenta y le ordenó recogerla
y lavar la camilla, el piso y su vestido. Por último dejó
que limpiara a su beba. Todo ocurrió en medio de insultos y amenazas.
“Creen que soy el doctor Mengele”, expresó ante la Cámara
Federal.
“Estoy encantado de que este hijo de puta vaya en cana. Entiendo
que asistió la tortura de mi hermana y mi madre. Ojalá lo
condenen por unos cuantos años”, dijo a este diario desde
Uruguay Carlos Sanz, tío de María de las Mercedes. Cuando
Aída Sanz fue detenida en diciembre de 1977 con un embarazo de
nueve meses, fue secuestrada también su madre Elsa Fernández,
que había viajado a Buenos Aires para estar presente en el nacimiento
de su nieta.
Bergés, que en abril de 1996 fue baleado por la Organización
Revolucionaria del Pueblo (ORP), estuvo muy poco tiempo en prisión.
Después de su condena en la Causa Camps volvió a las calles
en 1987, al ser beneficiado por la Ley de Obediencia Debida. En los casos
de robo de bebés, siempre logró zafar de la cárcel
y tuvo que estar prófugo durante cuatro meses para cumplir con
ese objetivo. El mismo juez Corazza –que ahora lo detuvo– y
la Cámara Federal de San Martín consideraron en distintos
casos de apropiación de menores que el médico policial sólo
era responsable por haber falsificado las actas de nacimiento y que ese
delito estaba prescripto. Pero el magistrado platense piensa ahora que
Bergés espartícipe necesario del robo de María de
las Mercedes Fernández –o Gallo Sanz–.
La joven de 22 años se crió con un matrimonio ajeno a las
Fuerzas Armadas que aseguró desconocer el origen de la niña.
Cuando María de las Mercedes viajó a Montevideo para conocer
a su familia biológica declaró en el aeropuerto: “Ahora
sé quiénes fueron mis padres, que lucharon por lo que creían
y eso lo respeto mucho”. El represor que la separó de su madre
y utilizó sus conocimientos médicos para controlar las torturas
de los prisioneros durmió ayer en una delegación de la Policía
Federal en La Plata.
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Etchecolatz, el próximo
El comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, director de Investigaciones
de la Policía Bonaerense durante la última dictadura
militar, fue jefe de Jorge Bergés. La lógica de la
cadena de mandos establece que puede ser el próximo detenido
por el juez platense Arnaldo Corazza. Mientras tanto, deberá
sentarse hoy en el banquillo de los acusados, en la segunda jornada
del juicio oral que se le sigue por amenazas de muerte e intimidación
pública a un grupo de vecinos que lo repudió al reconocerlo
en una plaza de Barrio Norte, en enero de 1999. Etchecolatz ya fue
condenado a tres años de prisión en suspenso en una
causa que por el delito de calumnias e injurias le inició
el diputado socialista Alfredo Bravo.
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EL
EX DICTADOR SE EXPRESA POR “LA NACION”
Videla tendrá que hablar
El martes próximo, Jorge
Rafael Videla deberá declarar en Tribunales ante el juez Rodolfo
Canicoba Corral, en la causa que investiga si el ex dictador violó
las condiciones de arresto domiciliario, al saludar a unas 30 personas
que el 24 de marzo último lo vivaban frente a su departamento,
ubicado en Cabildo al 600. Por otro lado, Videla ya ensayó una
defensa mediática: el diario La Nación publicó ayer
una carta de lectores del ex jerarca militar, en la que niega haberse
asomado al balcón para saludar a sus seguidores.
La causa contra Videla fue iniciada a pedido de la Asamblea por los Derechos
Humanos (APDH) que, en base al testimonio del periodista Osvaldo Quiroga,
solicitó la cancelación del beneficio de la prisión
domiciliaria para el ex dictador, quien goza de ese privilegio por tener
más de 70 años. En el caso de que Canicoba Corral le diera
la razón a la APDH, Videla debería ser trasladado a alguna
de esas unidades penitenciarias.
El magistrado ya le tomó declaración a una decena de policías
que custodiaba la entrada del edificio donde vive el ex dictador pero,
según fuentes judiciales, “no aportaron gran cosa”. Es
que desde la ubicación en la que estaban los uniformados, poco
pueden haber visto: durante el “homenaje”, permanecieron en
la puerta del edificio, mirando a los admiradores del ex general.
Para los abogados de la APDH, el diputado Alfredo Bravo, Horacio Ravenna
y Sergio Di Gioia, Videla participó “en un acto político
y reivindicativo de su gesta criminal, y su salida al balcón para
saludar a sus seguidores es una violación inaceptable de las condiciones
del arresto domiciliario”.
Sin embargo, el ex dictador, en la carta que le publicó La Nación,
señaló: “durante todo ese día permanecí
en mi departamento, con las persianas bajas y sin salir al balcón,
firme en mi propósito de no servir de pretexto a ninguna reacción
que contribuya a acentuar la discordia y a postergar la reconciliación
entre los argentinos”. Y, recordando tiempos oscuros, firmó
la esquela como “ex presidente”.
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