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Por Adriana Meyer
 “Se trata de una discriminación
porque en principio sólo me afectó a mí, luego se
extendió al ex canciller (Guido) Di Tella y a Erman González,
pero nunca tocó al ministro de Economía”, se quejó
Oscar Camilión, ex ministro de Defensa, en alusión a Domingo
Cavallo. Y completó la idea argumentando que “cuando se firma
un decreto como ministro sólo se refrenda algo que es del Presidente
de la República”, en referencia a Carlos Menem. En su departamento
de Barrio Norte, el ex funcionario habla rápido pero sin fervor,
como si ya estuviera resignado a acudir al juicio oral en el que será
juzgado por su responsabilidad en el escándalo de la venta de armas
a Croacia y Ecuador. En diálogo con Página/12 opinó
que el fundamento de la Cámara Federal para ampliar su procesamiento
es endeble, pero considera acertado que haya sugerido profundizar la investigación
que roza al empresario Emir Yoma.
–Además de incumplimiento de los deberes de funcionario, ahora
está procesado por firmar el decreto 103 de 1995 que tenía
como destino falso de las armas a Venezuela. ¿Cuál es su
lectura del fallo?
–En relación con mi situación desde luego no estoy
de acuerdo con el fallo. Considero que el fundamento de la Cámara
es endeble porque se confunden las responsabilidades políticas
con las judiciales o penales, y se parte de la premisa de que dentro de
un ministerio el ministro es responsable de todo lo que ocurre en términos
de conducción y de eventuales violaciones de la ley. Es decir que
uno es responsable por una infracción penal cometida por subordinados
suyos en un ministerio que tiene 200 mil personas y 4 mil millones de
dólares de presupuesto. Eso es un error, creo que la revocatoria
de la falta de mérito es vulnerable. Espero que esto se pueda aclarar
en el juicio oral aunque tengo mis dudas de que llegue rápido por
las cosas adicionales que requirió la Cámara. Algunas que
me parecen bien, como la investigación de los aspectos económicos
porque acá el delito real es quién se quedó con el
dinero.
–¿Usted tiene alguna idea de quiénes se quedaron con
la plata?
–Creo que hay que explorar las líneas que trazó la
Cámara.
–Los camaristas mencionaron a Emir Yoma, el ex cuñado del
ex presidente Carlos Menem.
–Creo que esa línea debe ser explorada, pero no quiero decir
más porque ya tuve demasiados problemas como para que me hagan
un juicio por calumnias.
–Domingo Cavallo nunca fue mencionado en el expediente y Carlos Menem
sólo declaró como testigo. ¿Piensa que la Cámara
ahora apuntó a ellos?
–Creo que sí, hay algunos indicios en ese sentido.
–Ellos firmaron los decretos que posibilitaron la maniobra al igual
que usted. ¿No tendrían que haber estado involucrados en
un mismo nivel?
–No tengo dudas de que la responsabilidad es la misma, la responsabilidad
política.
–Usted dice que fue engañado. ¿Por quién?
–Por la Dirección de Fabricaciones Militares que tuvieron
la iniciativa en todo esto. Ellos manejaban el negocio de las armas. Hoy
un periodista me preguntó si me tomaron por boludo y le contesté
que si ése fuera un delito del Código Penal estaría
incurso.
–Sin embargo reconoció que firmó los decretos sin saber
de qué se trataba.
–Bueno, yo firmé sin haber leído enteramente el expediente,
por supuesto, porque si los ministros leyeran completamente cada cosa
que firman no firmarían nada. Para eso hay una cadena de responsabilidades.
Uno firma después de muchas iniciales que corresponden a funcionarios.
–Pero si las armas salieron a sus espaldas, ¿no habría
pecado por omisión o negligencia?
–Yo creo que no, porque francamente no sabía. Usted no puede
pecar de omisión con una cosa que usted no sabe que existe. El
tema armas noexistía, era relativamente marginal incluso desde
el punto de vista económico.
–Diego Palleros aseguró en 1998 que usted es inocente. ¿Por
qué afirma que su testimonio es clave en este caso?
–Porque es el que hizo todas las operaciones. Su extradición
debería ser la primera prioridad.
–Cuando se siente en el juicio oral, le gustaría que estuvieran
a su lado Menem y Cavallo.
–Creo que el mal de muchos es consuelo de tontos. Si usted comete
un error político se tiene que ir a su casa y no a los tribunales...
Una regla muy general en la vida es que el hilo se corta por lo más
delgado.
URSO
CITO A UN SOBRINO DE EMIR
Todo queda en familia
El sobrino del empresario Emir
Yoma fue citado por el juez federal Jorge Urso a declarar como testigo
en la causa sobre la venta de armas a Ecuador y Croacia. Muhammad Yalal
Nacrach, ex presidente de la firma Elthan Trading, deberá presentarse
el martes 10. La Cámara Federal ordenó recientemente analizar
con más detalle el aspecto económico del caso y en tal sentido
le indicó al juez Jorge Urso que analizara la “vinculación
existente entre la empresa fantasma Daforel y Elthan Trading”.
Nacrach era el presidente y único director de la sociedad durante
el período en que se produjeron los envíos de armamento.
Los camaristas de la sala II mencionaron en su resolución la denuncia
de las diputadas frepasistas Graciela Ocaña e Irma Parentella sobre
las transferencias de dinero y la compra del paquete accionario de Yoma
a través de esas empresas. Urso había considerado que los
hechos descriptos por las legisladoras debían ser investigados
en otra causa y así cayó en manos del juez Rodolfo Canicoba
Corral. Pero ahora podría volver a Urso.
Por su parte, el fiscal del caso Carlos Stornelli aclaró que no
existen cargos por asociación ilícita contra miembros del
gabinete del ex presidente Carlos Menem, pero advirtió que “todos
podrían ir presos” porque están acusados de varios
delitos cada uno y por la gravedad de las penas que éstos prevén.
El abogado del procesado Guido Di Tella no piensa lo mismo. “No corre
peligro de ir preso porque no tiene antecedentes y el máximo de
condena por lo que se lo acusa no supera los cuatro años”,
explicó Carlos Daray en declaraciones a Radio Del Plata.
“La Cámara Federal, de alguna manera, sugiere al juez indagar
a los dos ministros por ese delito (asociación ilícita)”,
opinó Stornelli en alusión al ex ministro de Defensa Antonio
Erman González y al ex canciller Guido Di Tella. El miércoles
la Sala II de la Cámara sostuvo que la venta ilegal de armas a
Ecuador y Croacia fue producto de una decisión de Estado, en el
gobierno de Menem, y confirmó los procesamientos de Camilión,
González, Di Tella y Balza, entre otros. Y subrayó que “las
decisiones (de las operaciones ilegales) habrían partido desde
niveles superiores del Estado”.
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