La Legislatura porteña aprobó ayer por unanimidad un pedido
al gobierno nacional para que arbitre las medidas necesarias para que
la comisaría 53ª permanezca en su actual emplazamiento, como
pretenden los vecinos de Palermo Chico. Fue una de las primeras victorias
que se anotó la gente que encabeza el reclamo. Otra es la obtención
de un descuento de un 25 por ciento en el precio del alquiler del edificio
donde funciona la seccional, tras una gestión del Foro de Seguridad
de Palermo con los propietarios. El costo actual del alquiler es de 20.000
dólares, considerado excesivo por las autoridades de la Policía
Federal, que propusieron una mudanza a unos 800 metros del lugar.
El proyecto votado ayer fue elaborado por el vicepresidente de la Legislatura,
el radical Jorge Enríquez, con el apoyo de los peronistas Eduardo
Valdés, Alberto Fernández y Guillermo Oliveri. Se
hace el pedido, en primera instancia, al Ejecutivo nacional, porque de
él depende la Policía Federal, pero si la propuesta no es
aceptada, no descartamos hacer un pedido al gobierno de la ciudad para
que aporte un inmueble en un radio de 200 metros o bien aporte el dinero
para solventar el alquiler, dijo Enríquez a Página/12.
La comisaría 53ª, ubicada en República Arabe Siria
2965, entre Gutiérrez y Las Heras, es la más nueva de la
ciudad: fue inaugurada en noviembre de 1999. Desde entonces, dicen los
vecinos, han disminuido los delitos en un 85 por ciento, especialmente
los casos de arrebatos en motocicletas, a mujeres, y los asaltos a restaurantes
y farmacias, afirmó Roberto Fusito, miembro del foro vecinal.
La protesta se inició días atrás, cuando los vecinos
supieron que las autoridades de la Federal dispusieron el traslado de
la seccional hasta el predio ubicado en Cavia al 3300, detrás del
shopping Paseo Alcorta, en el lugar donde funciona el Cuerpo de Policía
Montada. El martes, un grupo de vecinos realizó un abrazo
a la comisaría, al grito de la poli no se va.
Aunque el lugar elegido como nuevo destino está a unos 800 metros
de la sede actual, los vecinos sostienen que se trata de un sitio de difícil
acceso, con barreras como las avenidas del Libertador y Figueroa Alcorta,
y las vías del tren, donde además de que no hay transporte
público para llegar a ese lugar para hacer una denuncia.
Una delegación de vecinos de Palermo agradeció la aprobación
de la norma ante la vicejefa de Gobierno, Cecilia Felgueras, y el propio
Enríquez. Felgueras les pidió un plazo de una semana para
hacer gestiones ante el gobierno nacional, específicamente, ante
el secretario de Seguridad, Enrique Mathov. Si la propuesta no es aceptada,
Enríquez ya imagina otra solución: Propondremos que
se pague el alquiler con parte de los 8 millones de pesos que este año
el gobierno de la ciudad le aportará a la Policía Federal
para compra de equipamiento.
La permanencia de la comisaría no es un mero capricho de
habitantes del barrio: en los casi dos años de funcionamiento de
esa comisaría los delitos bajaron en forma considerable,
argumentó Enríquez.
Los miembros del Foro de Seguridad, que una vez por semana se reúnen
con el titular de la comisaría, se entusiasman con una solución:
Sabemos que el alquiler es caro, pero se puede bajar mucho más,
porque el lugar está acondicionado para comisaría y es muy
difícil darle otro destino, dijo Fusito.
OTRA
MUERTE POR LEPTOSPIROSIS
Un brote que no frena
Mientras una nueva muerte por
leptospirosis elevó el número de víctimas fatales
a siete en todo el país desde que comenzó el año,
el ministro de Salud, Héctor Lombardo, negó que se trate
de una enfermedad vinculada a la pobreza. El funcionario dijo que es una
infección frecuente en nuestro país, y destacó
que también afecta a países desarrollados como los Estados
Unidos y Francia.
La nueva víctima, de 40 años, falleció en la noche
del miércoles en la sala de terapia intensiva del Hospital Iturraspe
de la ciudad de Santa Fe, donde se encontraba internada desde hacía
varios días. Según informó el ministerio de Salud
de la provincia, Silvia Pavón de Segovia murió como consecuencia
de las insuficiencias renales y hepáticas causadas por la leptospirosis.
Pavón es la séptima víctima fatal que se registra
en el país desde enero y la segunda en Santa Fe, donde en total
fueron atendidas 28 personas que padecieron la enfermedad, transmitida
a través de la orina de las ratas en contacto con el agua y el
barro. Los otros fallecidos residían en el partido bonaerense de
Quilmes (tres) y en Misiones (dos).
El ministro Lombardo, en tanto, señaló que se trata de un
mal que no reconoce capas sociales. Aquí se está
tratando de llevar esto hacia la pobreza y no es así, agregó
el funcionario. Para indicar que no es una enfermedad nueva ni de países
subdesarrollados, precisó que las estadísticas indican que
en el país se producen 40 casos al año y Estados
Unidos tuvo 500 en el 2000 y Francia, 400.
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