Por Horacio Verbitsky

La única actividad de la gira italiana del presidente Fernando De la Rúa que justificaba dejar el país en semejante momento era la audiencia acordada con el jefe de la Iglesia Católica romana Karol Wojtyla, justo cuando la hipótesis de un sucesor latinoamericano se afirma en el Vaticano. Pero para eso no eran necesarios cinco días. Aparte del valor espiritual que ese encuentro puede tener para un creyente de la misma confesión, al Poder Ejecutivo le interesaba rescatar un vínculo que el hombre de negocios Esteban Caselli puso en la última década al servicio personal de la última fórmula presidencial justicialista: Carlos Menem y Carlos Rückauf. Durante toda la semana, De la Rúa y su canciller Adalberto Rodríguez Giavarini sortearon las emboscadas de Caselli, quien hasta último momento trató de frustrar el encuentro del presidente en la embajada argentina con ocho cardenales. Menos éxito tuvo el Poder Ejecutivo en el intento de desplazar de la atención pública al insomne ministro de Economía. Alguien lo había inducido a creer que su desvaído paseo itálico le devolvería algo del protagonismo perdido. Domingo Cavallo volvió a frustrar ese propósito. La presencia del ministro en la cita de ministros de Economía en Toronto, que los diarios de todo el mundo reseñaron como estelar; la aplanadora que pasó sobre sus tres predecesores en las jornadas de celebración por una década de la convertibilidad y el modo en que quebró la resistencia de Pedro Pou y lo forzó a admitir que los bancos pudieran disminuir sus encajes en 3.500 millones de dólares, que prestarán al Tesoro, colocaron bajo la luz más pálida posible la semana de descanso y sociales del presidente. Esto no significa que las medidas de Cavallo garanticen algún éxito. La rebaja de la tasa de interés que está induciendo, tanto podrá alimentar la inversión productiva cuando la fuga de capitales en la que se especializa la transnacionalizada burguesía aborigen. Por lo pronto implica un nuevo negocio para los bancos, que por la diferencia de tasas entre lo que le cobrarán a Cavallo y lo que les pagaba Pou ganarán 175 millones. Ni siquiera en tiempos de Carlos Menem se pareció tanto la escena a la de una monarquía constitucional, con un primer ministro a cargo del gobierno y un jefe de Estado ocupado de las trivialidades protocolares.

Un manto de neblina

Durante las dos conferencias de prensa que ofreció al regreso, De la Rúa se esforzó por explicar los aspectos más polémicos de un viaje de difícil sinceramiento. Sobre el adelantamiento de la salida hacia Roma dijo que había obedecido a una reunión planificada con el presidente de la Telecom italiana, accionista de la Telecom argentina. Esto no explica la prisa de una partida dispuesta cuando la agenda aún no estaba cerrada y que se fue completando sobre la marcha, al ritmo de las críticas que se producían en la Argentina. Tan improvisado fue todo que si Rodríguez Giavarini no lo hubiera llamado a la realidad, De la Rúa se hubiera tomado un avión de la FIAT para visitar a Gianni Agnelli, como si el anciano empresario fuera un dignatario nacional y Torino su sede. Con el mismo apuro se concertó el encuentro con Silvio Berlusconi, quien le informó que el comunismo gobernaba Europa. De la Rúa lo escuchó con la misma impasibilidad que le dedicó al ex comunista Massimo D’Alema, quien lo invitó a participar en una cumbre de la tercera vía, que está organizando desde una fundación privada, para llenar el vacío que dejó Clinton y poner algún freno a la dureza de Bush, manifestada en su desconocimiento del protocolo de Kioto y en el incidente del avión espía sobre China. Una fuente inobjetable del gobierno reveló que De la Rúa dispuso salir de Buenos Aires el domingo porque no quiso presidir el acto del lunes 2 de abril, reivindicatorio de la ocupación militar de las islas Malvinas. Las Fuerzas Armadas habían acordado con el ex ministro Ricardo López Murphy un acto contracara de la masiva conmemoración en repudio del golpe de 1976. De la Rúa nunca se entusiasmó con el proyecto. La Ley Galtieri fue sancionada la última semana de noviembre bajo la presión de los veteranos, que vuelven a ser utilizados como carne de cañón. De la Rúa no firmó el decreto correspondiente y la ley quedó promulgada de hecho en diciembre. Al menos, algún resto de sensatez.

Zulemitos

Tan escuálida fue la agenda presidencial que De la Rúa abultó su informe sobre ella con la mención a un encuentro de trabajo con los embajadores en Italia y el Vaticano, la lectura de una conferencia en una universidad y un llamado telefónico al primer ministro Giulio Amato, que también hubiera podido hacer desde Olivos. En el Vaticano los seis miembros de la Casa Gobernante dispusieron de veinticuatro minutos para el besamanos, el registro fílmico y fotográfico del acontecimiento, el intercambio de regalos y de textos escritos que reemplazaron a los fatigosos discursos. Así y todo, el presidente tuvo tiempo de exponer su denominado plan de lucha contra la pobreza y la exclusión y la política de su gobierno en relación con lo que llamó la dictadura de los mercados. El obispo de Roma escuchó con pontificia condescendencia el relato de la epopeya delarruista en defensa de la dignidad del trabajo. Explicársela a más exigentes interlocutores argentinos le exigiría trabajar como loco??, según la expresión del Infante Aíto. El inmediato antecesor de De la Rúa se quejó de la actitud de la prensa ante la expedición romana de la Primera Familia, en el avión-símbolo de la Fiesta para Pocos, para encontrarse con futbolistas y modelos: Si yo hacía eso me comían vivo y ahora están calladitos, dijo el padre de Zulema y Carlos Menem Yoma. Aunque tampoco fueran modelo de austeridad republicana, por lo menos conservaron el pudor de no intervenir ni opinar sobre la cosa pública. En respuesta a una pregunta, De la Rúa no tuvo mejor idea que ponderar la importancia que le asigna a la familia. Una verdadera tautología.

Voluntarismo

En su reciente libro Marginalidad y exclusión social, José Nun destaca que durante la crisis de 1974/84 hubo cinco países que quedaron a salvo de la desocupación: Suecia, Noruega, Austria (con gobiernos socialdemócratas), Japón y Suiza (donde primó “una preocupación conservadora por el orden y la estabilidad, asentada en la no deificación del mercado”). Todos ellos asumieron un compromiso institucionalizado con el pleno empleo. La conclusión de Nun es que la marginalidad, la exclusión social, el desempleo, la subocupación no son hechos de la naturaleza, sino “emergentes de relaciones de poder determinadas”, y que de ellas depende el lugar que se asigne en la agenda a la lucha contra la marginación y la pobreza y la disposición a pagar los costos necesarios para que sea eficaz. El razonamiento es pertinente para analizar el plan con el que el gobierno se propone enfrentar las penurias económicas que causan el desempleo, la injusticia distributiva y la inequidad social por las que reclamó Wojtyla. Según el Ministerio de Trabajo sus costos no superarían los 476 millones de pesos anuales, suma sin duda modesta. De ellos, 395 millones por remuneración a los jefes de hogar desempleados. Ese monto, afirman los documentos oficiales, no supera lo que hoy se asigna por parte de la Nación a los programas de empleo transitorio. A cambio, el gobierno entiende que reduciría en un 75 por ciento la indigencia y en un punto porcentual la desocupación general, estimación sin otro sustento que la voluntad de los funcionarios. Esa propuesta podría interpretarse como la búsqueda de un impacto propagandístico con vista a las elecciones generales de octubre, en las que De la Rúa apuesta su futuro. Un análisis más detallado revela que el plan, en el que Patricia Bullrich comenzó a trabajar antes de la eyección de José Machinea del gabinete, parte de una lectura errónea de la realidad social del país. El análisis que sigue, basado en estudios del propio ministerio de Trabajo, de la Consultora Equis y del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), intenta describir las falencias de esa interpretación de los hechos.
Según las estipulaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos, están por debajo de la línea de indigencia las personas cuyos ingresos no les permiten adquirir una canasta mínima de alimentos que cubran sus necesidades energéticas, cuyo valor difiere según el sexo, la edad y las actividades a realizar. El ministerio de Trabajo interpreta que la indigencia tiende a caer en forma significativa cuando existe crecimiento económico sostenido que lleva a un aumento de la tasa de empleo y caída en la tasa de desempleo, cosa que ilustra con los períodos 1993/94 y 1996/97. Sin embargo, la experiencia de la década 1990/2000 demuestra que los saltos atrás que ocurren en los momentos de recesión no se recuperan en la próxima fase de crecimiento económico, de modo que la pobreza no se reduce y hasta puede seguir creciendo, sólo que más lentamente. La cantidad de hogares sumergidos bajo la línea de indigencia se ha triplicado en esos años. Apenas superaba el 2 por ciento en 1991 y ya rondaba el 7 por ciento en octubre de 2000. Como en los hogares indigentes viven más personas que en el promedio de los hogares argentinos, ese 7 por ciento de hogares representa más del 10 por ciento del total de la población. Dicho en términos absolutos: hay 775.000 hogares indigentes, en los que viven 3,8 millones de personas, de las cuales casi la mitad tienen menos de 18 años. Para una familia con jefe de hogar desocupado, que tiene en promedio 4,3 miembros, la teórica línea de indigencia equivale a 210 pesos mensuales. Pero el promedio de lo que realmente reciben quienes están por debajo de ella apenas llega a los 120 pesos mensuales.

Pobrezas

Con citas de bibliografía anglosajona, los documentos del ministerio de Trabajo sostienen que la principal causa de la pobreza en sociedades que fueron solventes es el desempleo antes que los bajos ingresos. La pertinencia de este enfoque para el caso argentino es más que dudosa. Es cierto que cuatro de cada diez indigentes no tienen trabajo, porcentaje dos veces y media superior al índice nacional de desocupación. Sin embargo, más notable es la comprobación de que no basta tener trabajo para levantar la cabeza por encima de la línea, como le sucede a los otros seis de cada diez indigentes. Este es el dato fundamental para determinar el alcance del plan del ministerio de Trabajo. Según la última información oficial hay 217.000 hogares indigentes cuyo jefe no tiene trabajo y esto afecta a 937.000 personas. Es decir que el socorro que De la Rúa le explicó a Juan Pablo II ni siquiera alcanza a uno de cada cuatro indigentes. La escasa cobertura del plan es su principal limitación e impide considerarlo un programa de alcance nacional para la erradicación de la indigencia, dice Artemio López, de Equis. Podría ser, a lo sumo, un programa complementario de otras acciones de asistencia a la pobreza extrema. Los técnicos del ministerio de Trabajo que elaboraron la propuesta en febrero, también las habían contemplado.
Teoría: Los documentos oficiales advierten contra el riesgo de lo que en inglés denominan moral hazard, que traducen como daño moral. Para evitarlo, añaden, los programas contra la indigencia deberán entregar recursos del 20 al 30 por ciento inferiores de los que perciben aquellos que tienen empleos formales?? Con el mismo objetivo debe exigirse a los beneficiarios una contraprestación laboral o de asistencia a la escuela. Si la remuneración es menor, pero también hay que realizar algún trabajo (el gobierno piensa en mantenimiento y construcción de centros comunitarios, dispensarios o escuelas, y en campañas sanitarias y cuidado de niños y ancianos), quienes tienen empleo preferirán conservarlo y no pasarse al plan oficial de ayuda. A eso se le llama autofocalización, que sería un instrumento de mercado, preferible a los controles burocráticos.
Práctica: El plan oficial contempla una asignación mensual de 160 pesos a cada jefe de hogar indigente desocupado, quien se comprometería a realizar a cambio ciertas tareas de utilidad social, y una asignación de 20 pesos por cada hijo. Esto significa que para un hogar indigente promedio, de 4,3 miembros, la asignación sería de 207 pesos mensuales. Esto coincide con la línea teórica de indigencia, pero es mucho más que los 120 pesos que, en promedio, ingresan cada mes en un hogar indigente cuyo jefe sí tenga trabajo. Este es el verdadero daño moral de la situación a la que ha sido conducido el país.

La realidad y su sombra

El fracaso para captar la realidad comienza con el instrumento que se usa para llegar al diagnóstico. El INDEC sólo considera desocupados a quienes durante la semana anterior han buscado trabajo en forma activa y no lo han conseguido. De esa nómina se excluye a quienes en la semana anterior a la encuesta han realizado alguna changa de más de una hora. Artemio López anota que quienes desempeñan esos empleos intermitentes, con muy escasa remuneración, una parte de ella en especies, lo explican con una frase contundente: Hago esto porque no tengo trabajo. Dada esta característica del precarizado mercado laboral, cualquier programa de prestación selectiva, no universal, promueve discriminación entre trabajadores empeorando notablemente los vínculos ya deteriorados de la población en situación crítica.
El análisis de la CTA coincide en parte con el de López. La central sindical plantea desde principios de 2000 un Seguro de Empleo y Formación de 380 pesos para todos los jefes de familia desocupados y una Asignación Universal por hijo hasta los 18 años de 60 pesos mensuales. Su secretario general Víctor De Gennaro promueve la organización de un movimiento político pero no partidario que fuerce la realización de una consulta popular que plebiscite su propuesta. Considera que sólo así se podrá quebrar la lógica perversa del sistema político, según la cual nada cambia gane quien gane una elección. Al referirse al proyecto oficial, la CTA afirma que impacta sobre una proporción mínima de los indigentes. También preanuncia conflictos sociales ya que planteará la absurda discusión entre el mantenimiento del Plan Trabajar para el hijo mayor o la asignación del seguro para un jefe de familia indigente. Esto elimina el componente de redistribución del ingreso, la expansión de la demanda interna y el relanzamiento de una estrategia productiva y reindustrializadora y de equilibrio regional que sí tendría el Seguro de Empleo y Formación, al actuar como un piso salarial para el conjunto de la economía y generar un shock de consumo. La propuesta sindical es una estrategia de política social, inhibitoria de la tendencia del mercado laboral a producir cada día más pobres e indigentes. Los distintos planes oficiales durante los últimos gobiernos, sólo buscan compensar los efectos de una pobreza que se considera consecuencia inexorable del funcionamiento de la economía. Para la CTA, los 160 pesos mensuales establecidos por el ministerio de Trabajo no producen ninguna nueva nivelación del salario mínimo ni mejoran la capacidad de negociación salarial de quienes están ocupados. Por el contrario, institucionalizan la indigencia, como marco para la sobreexplotación de la fuerza de trabajo.

Costos

Otra comparación significativa es la de los costos de ambos planes. El del ministerio de Trabajo no llega a los 500 millones del pesos anuales, veinte veces menos que el de la CTA, que implicaría una redistribución del 3,3 por ciento del Producto Interno Bruto y un 10 por ciento del Gasto consolidado de la Nación, las Provincias y los Municipios. De este modo ningún hogar quedaría por debajo de la línea de pobreza. La caminata del año pasado de hombres, mujeres y niños a lo largo de 500 kilómetros, con actos en cada ciudad, para explicar la propuesta y recabar firmas reclamando al Congreso que la considere, tuvo las dimensiones participativas, la épica y la ética que la actividad política ha perdido.
El Seguro de Empleo y Formación para todos los jefes de hogar desocupados de 380 pesos mensuales requiere fondos por 3.569 millones al año. La asignación universal de 60 pesos por hijo costaría 8.807 millones. Si de ellos se sustraen los 2.670 millones que hoy se destinan a las asignaciones familiares y otros programas asistenciales su costo neto será de 6.137 millones. La suma del seguro más la asignación por hijo asciende a 9.706 millones, como se observa en el cuadro 1.
Al analizar de dónde se extraerían esos recursos (ver cuadro 2), la CTA propone una serie de alternativas que, sumadas, casi duplican los fondos necesarios. Los 9.706 millones que se volcaran al consumo generarían un aumento de la demanda dos veces y media mayor, de unos 24.000 millones, ya que debido a la recuperación inicial las empresas podrían pagar salarios que también se volcarían a la demanda de consumo. Este incremento de la demanda, cercano al 7 por ciento haría crecer la recaudación impositiva en unos 800 millones por cada punto. Sólo con esta reactivación por medio del consumo, el patrón tributario actual se volvería más productivo. La recaudación adicional esperable llegaría a los 5.600 millones.
Otros 1.500 millones podrían obtenerse si se restituyeran los aportes patronales a los grandes contribuyentes del sector cuyos servicios no son exportables y en consecuencia no padecen la competencia internacional, como las empresas privatizadas, los bancos y los hipermercados. La tantas veces anunciada eliminación de las exenciones al impuesto a las ganancias, para la que ahora el Congreso ha delegado su autoridad en el Poder Ejecutivo, incrementaría su recaudación en no menos de 10.000 millones. En el curso del primer año, podría aspirarse a lograr sólo dos puntos del PIB, es decir 5.700 millones. Otros mil millones podrían obtenerse aumentando la presión de impuestos internos sobre los consumos superiores. Por último, la reasignación de los actuales planes sociales del Sector Público Nacional implicaría otros 3.700 millones. Esto supondría un profundo cambio conceptual en la lucha contra la pobreza. Al fijar un piso para la degradación del salario de quienes tienen empleo, el Seguro sería el nuevo nombre del salario mínimo. El cotejo de los dos cuadros indica que dentro del país sobran los recursos para llevarlo a la práctica.
La situación de pobreza absoluta de los países africanos se mide en los indicadores de ingreso per cápita. En cambio la Argentina, con casi 8.000 dólares anuales por persona, tiene riquezas suficientes para permitirse esas políticas redistributivas. No hay riesgo de que la ministra Bullric hreciba algún cuestionamiento de este tipo durante el viaje a Estados Unidos que emprenderá hoy para explicar el plan. Ni siquiera tendrá que escuchar una filípica sobre la inmoralidad de la situación, como la que Wojtyla le propinó a De la Rúa. Por suerte ella no tiene una familia numerosa y sólo la acompaña su parejasesor, Guillermo Yanco.

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