Por Miguel Bonasso

Distintos especialistas del tema sanitario sospechan que el superministerio social impulsado en estos días por Domingo Cavallo no apunta solamente a reparar los graves daños perpetrados en este rubro durante la anterior gestión del mediterráneo en el gobierno de Carlos Menem. También estaría la voluntad de construir un sistema nacional de salud que les garantice a las aseguradoras privadas la hegemonía en un atractivo mercado, aunque esto suponga la extinción del PAMI y las obras sociales, tanto provinciales como sindicales. Este sector de capital trasnacional, tan agresivo como para enfrentar y arrodillar en su momento al matrimonio compuesto por Hillary y Bill Clinton, podría beneficiarse con una porción monopólica del gasto sanitario que en Argentina ronda el 10 por ciento del PBI, es decir unos 25 mil millones de pesos por año. Además de las sospechas de los observadores, hay un documento de la fundación cavallista Novum Millenium, que lleva la firma de Osvaldo Giordano y Jorge Colina y apunta en ese sentido. Según el periódico especializado El médico del conurbano, que dirige el periodista Mauro Federico, el plan de Giordano –redactado en julio del año pasado– tiene grandes posibilidades de ser llevado a la práctica. A pesar de que este tecnócrata es cuestionado –incluso en aspectos éticos– por otros seguidores del ministro de Economía.
Los críticos de Giordano, entre quienes se contaría la propia hija del Mingo, Sonia Cavallo, sostienen en privado que el economista de la Novum Millenium, que en la gestión menemista tuvo a cargo la Secretaría de Empleo, “tiene una visión asegurativa del fenómeno de la salud”. Según El médico del conurbano, esa visión asegurativa no es ajena a la potencialidad de negocios que supone el mercado de las obras sociales. La publicación especializada, que ha castigado con rigor los planes privatizadores de las obras sociales de Córdoba y Buenos Aires, sostiene que Giordano habría redactado cuestionables pliegos licitatorios del PAMI durante la gestión del encarcelado Víctor Alderete. Así lo denunciaron ante el economista Adolfo Sturzenegger (que preside la Novum Millenium) miembros del propio partido de Cavallo, Acción por la República.

Cosa de lucro

Más allá de estas denuncias de índole ética, el “Proyecto Giordano” abre severos interrogantes sobre el establecimiento de un sistema nacional de salud que priorizará la competitividad –y por tanto el lucro y la sagrada primacía de la tasa de ganancia– por sobre las necesidades de la población, incluyendo esa clase media que apoyó con grandes esperanzas la llegada del bombero salvador y podrá tropezar en el futuro con los límites de una “capitación” que le restrinja las placas fijas y torne utópica una simple resonancia magnética.
Página/12 tuvo acceso al documento de la Novum Millenium titulado “Las reformas al sistema de salud ¿El camino hacia un sistema universal, equitativo y eficiente?”. Llama la atención comparar esta curiosa tendencia a la “supercentralización”, inesperada en estos tecnócratas neoliberales, con la decisión de crear un “superministerio social”, que recaería sobre el cavallista Armando Caro Figueroa, el hombre que introdujo durante la etapa menemista los primeros programas de flexibilización laboral.
Cavallo siempre ha procedido así: antes de entregar el correo nacional a los capitales privados le otorgó más poder y recursos en la gestión de Haroldo Grisanti.
Es curioso constatar que Ricardo Hipólito López Murphy cayó por sus fervorosos y ostensibles esfuerzos en contra del sistema educativo nacional pero nadie –salvo un contado número de especialistas– alzó la voz todavía ante la posible desaparición del PAMI, las obras socialesprovinciales, las obras sociales sindicales y un sistema de financiamiento de los hospitales públicos que al decir de Giordano debe “subsidiar la demanda y no la oferta”. Resulta aún más curioso si se recuerda que en la era menemista Cavallo y su equipo avanzaron sin hesitaciones en otras áreas como la privatización de las jubilaciones, según lo recuerdan Giordano y Colina en el trabajo citado. Y que, además, mucho antes de que el ex vicepresidente Chacho Alvarez firmara el decreto de desregulación de las obras sociales sindicales, ese proyecto había sido enarbolado por Cavallo a pesar de la resistencia de las conducciones gremiales.
Es probable que en sus recientes negociaciones con los “gordos” de la CGT oficial, Domingo Cavallo le haya dado largas al tema, pero el Proyecto Giordano no deja lugar a dudas: “hay que terminar con la cautividad de las obras sociales”.

La hora de las prepagas

Si ayer fueron las AFJP y las ART, ahora parece haber llegado el momento de las prepagas. Salvo que antes debe concentrarse el mercado, para otorgarle la “escala” adecuada a los intereses del capital privado trasnacional. Dice Giordano: “La solución genuina a los problemas del sistema de salud es crear mercados de reaseguros, donde las obras sociales y las prepagas puedan delegar los riesgos más inciertos”. En un esquema “universal”, resultante de un imprescindible “proceso de concentración”, ya que el modelo universal sólo es viable “en sistemas con grandes poblaciones”.
La Argentina, constatan con gran sensibilidad social Giordano y Colina, gasta en salud como un país del Primer Mundo, pero tiene una mortalidad infantil que la empareja hacia abajo con países muy pobres de América latina. Para solucionarlo hay que acabar con “la irracionalidad y mala administración” del sistema variado, mixto, existente hasta este momento, para unificar todos los financiamientos posibles (incluyendo los recursos que las provincias destinan a la salud) en ese megasistema universal que otorgaría la “escala” adecuada y, de paso, un mercado de 25 mil millones de dólares anuales, en un Sistema Nacional de Seguro de Salud, donde se garantice la “competencia”. Y el ingreso de nuevas aseguradoras, naturalmente.
Es decir: las prepagas privadas nacionales y extranjeras.
A nivel legal, Cavallo no tendría grandes problemas para implementarlo porque ya existe una ley de 1989 (la 23.661) que creó el Sistema Nacional del Seguro de Salud con la intención declarada de constituir “un seguro social de alcance universal para procurar el pleno goce del derecho a la salud de todos los habitantes del país bajo el principio de solidaridad”. Norma que no se aplicó y que, según el propio Giordano, podría ser el marco legal para el sabroso contenido asegurativo que él propone.
El megasistema, obviamente, tornaría inútiles las obras sociales provinciales que hoy prestan servicios a más de dos millones de afiliados y manejan más de mil millones de pesos por año. ¿Y quién conducirá realmente los hospitales públicos? Según el documento de la Novum Millenium, “es necesario cambiar el mecanismo de financiamiento de los hospitales públicos desde el subsidio a la oferta al subsidio a la demanda. Esto implica que las provincias dejan de afrontar los costos de manutención de los hospitales (salarios, gastos corrientes, inversiones) y utilizan esos recursos para cubrir la cápita que permite asistir a los carenciados a través del Sistema Nacional del Seguro de Salud”.
Pero uno de los objetivos centrales es el PAMI. El Instituto de Jubilados y Pensionados, que atiende a cuatro millones de personas y tiene un presupuesto anual de 2400 millones de pesos, “dejaría de actuar como proveedor directo de servicios para permitir a los beneficiarios que opten por los agentes del seguro que compitan en este segmento”, dicen Giordanoy Colina. Y continúan, con indiscutible transparencia: “En lugar de administrar centenas de contratos con muchos prestadores monopólicos, los servicios deberían ser provistos a través de entidades constituidas como seguros de salud operando en un ambiente competitivo. A cambio de un valor capitado, estas entidades serían responsables de la cobertura integral de las personas que opten por sus servicios”.
El éxito del sistema, según Giordano y Colina, descansará en “el papel activo que asume cada jubilado cuando se le respeta su derecho y su libertad a elegir, ya que así ejerce un poderoso sistema de control de manera descentralizada y espontánea”. La publicación El médico del conurbano ironiza acertadamente sobre esta falsa profecía: “Imaginen ustedes a Don Gervasio discutiendo las condiciones de su contrato prestacional con los ejecutivos de HSBC. O a Doña Teresa reclamando por la falta de medicamentos oncológicos ante los directivos del Grupo AETNA. O a Don Mario solicitando por carta-documento al American International Group la entrega inmediata de su prótesis dental”.
Muy cerca de esas concepciones, la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, vieja conocida de Cavallo, ha dicho recientemente: “El gobierno buscará un mecanismo para poner rápidamente en marcha un nuevo sistema para que cada empleado pueda elegir su prestador de salud”.
Las facultades otorgadas por los legisladores a Cavallo –previa absolución de los sospechosos del Senado– sumadas a leyes como la 23.661, que estableció el Sistema de Seguro de Salud, amén de las descomunales atribuciones del megaministerio social, preanuncian la magnitud de la nueva privatización que se avecina. Ahora desde los supuestos marcos del neokeynesianismo protector.
Entre las atribuciones otorgadas por diputados y senadores en la cuestionada Ley de Competitividad figura, por ejemplo, el inciso “G” del artículo primero que autoriza al Ejecutivo a “derogar normas de rango legislativo que afecten o regulen el funcionamiento de entes descentralizados, empresas estatales o entidades públicas no estatales”. No hace falta una gran imaginación para suponer que este inciso autoriza a pulverizar legalmente los actuales estatutos del PAMI. Y lo hará, además, en nombre de la transparencia y la moralidad. Dos pabellones que hoy en día cubren cualquier mercancía.

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