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Gastón, el adolescente de 15 años que en diciembre del año
pasado mató de una puñalada a su profesora de física,
sería dejado en libertad en las próximas horas y sería
entregado a sus padres, en lugar de ser enviado a un instituto de menores.
La información se conoció ayer a través de una información
publicada por el diario El Popular, de Olavarría, ciudad de la
provincia de Buenos Aires donde se produjo el hecho, el primero en la
historia del país en el cual una profesora es asesinada por un
alumno. El trascendido fue confirmado por Página/12 en fuentes
allegadas a la causa, mientras en Olavarría se había reiniciado
anoche la polémica en torno de si debe mantenerse o no las normas
legales que establecen que un menor es inimputable hasta que cumple los
16 años.
La decisión de dejar en libertad a Gastón habría
sido tomada el viernes por el juez de Menores de Azul Eduardo Pedro Allende,
quien aplicó lo que estipula la Ley de Minoridad 22.278, que establece
que los menores de 16 años no pueden ser penados por ningún
tipo de delito y que agrega, además, que entre los 16 y los 18
sólo pueden recibir sanciones reducidas. Según las normas
legales, Gastón no podía ser condenado ni enviado a prisión
y a lo sumo, el juez podría haber decidido su internación
en un instituto de rehabilitación para menores.
“Seguramente se reiniciará la polémica –ya comenzó
en los medios periodísticos locales– sobre si es necesario
modificar la ley”, expresó a este diario una fuente allegada
a la familia de la profesora Maritza Prezzoli, que eludió hacer
cualquier comentario sobre la decisión “hasta tanto no se
confirme la noticia”. En su momento, el ministro de Justicia bonaerense,
Jorge Casanovas, se manifestó en favor de “contemplar la posibilidad
de no poner una edad para la inimputabilidad, porque hoy existen casos
de chicos de 13 o 14 años que tienen una madurez superior a un
muchacho de 18”.
Por tal motivo, en el marco de su prédica de “mano dura”,
el ministro propició modificar la ley para que, llegado el caso,
los jueces puedan resolver “de acuerdo con cada caso” y permitir
de ese modo que “los informes de maduración, sociológicos
y psicológicos, puedan determinar cuál es el grado de responsabilidad”.
Sus palabras tropezaron con la oposición de los especialistas en
minoridad y del propio José Octavio Bordón, director general
de Cultura y Educación del gobierno de Carlos Ruckauf. Bordón
pidió “mesura y tranquilidad”, porque “todos tenemos
que ser muy cuidadosos con lo que decimos y hacemos”. Llamó
a los funcionarios gubernamentales y a los jueces a ocuparse “de
todos los que han sido dañados por este caso”. Precisó
que hay “dos familias destrozadas y una comunidad educativa duramente
golpeada”.
Varios jueces, especialistas y legisladoras respaldaron la postura de
Bordón, quien también tuvo el apoyo del vicegobernador bonaerense,
Felipe Solá, quien sostuvo que “una sociedad que pone presos
a los adolescentes es una sociedad que declara no poder resolver ya prácticamente
ni los problemas más elementales”.
Antes de tomar su resolución, el juez Allende ordenó que
el menor fuera sometido a una serie de pericias psiquiátricas.
El chico seguía alojado en un instituto de menores de Tandil, pero
se presume que su libertad es inminente. El juez dispondrá una
serie de medidas, a tomar dentro del entorno familiar, tendientes a darle
la contención necesaria después de lo ocurrido.
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