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Por
Adriana Meyer
 “Con
Cavallo nunca hablé del asunto y Menem siempre me decía
que tenía que tratarlo con los ministros”, explicó
el ahora testigo clave del caso venta de armas Luis Sarlenga durante su
confesión, según reveló a Página/12 una fuente
con acceso a la causa. El ex interventor de Fabricaciones Militares favoreció
así la posición del ex presidente y de su ministro de economía.
Sin embargo, apenas termine de analizar los extractos de cuentas secuestrados
en el Banco General de Negocios, entidad por donde pasó el dinero
negro del caso (ver aparte), y resuelva la situación procesal de
Emir Yoma, el juez federal Jorge Urso indagará por asociación
ilícita a los ex ministros menemistas que están imputados.
Así, tal como lo indicó la Cámara Federal en su reciente
resolución, Oscar Camilión, Erman González y Guido
Di Tella llegarán al juicio oral como integrantes de una banda
que vendió armas en forma ilegal liderada por Yoma. “Estamos
dando las puntadas finales con un 98 por ciento de la tarea realizada”,
comentó optimista a este diario uno de los investigadores.
El abogado Ricardo Monner Sans –autor de la denuncia que dio origen
al expediente– reiteró ayer por enésima vez su pedido
para que Menem y Cavallo fueran citados a indagatoria, pero este diario
pudo saber que recibirá un “téngase presente”
como respuesta, lo que en lenguaje judicial significa que no será
tenido en cuenta. Monner Sans insiste en que todos los que firmaron los
decretos que posibilitaron la maniobra tienen que responder ante la Justicia
en calidad de sospechosos porque “nada pudo ocurrir sin la alta responsabilidad
de algún punto central del Estado” y recordó que así
lo entendió la Cámara en el pronunciamiento de la semana
pasada. El letrado agregó que la venta de armas a los Balcanes
hubiera sido imposible sin dos vistos buenos: el de los Estados Unidos
y el del traficante Monzer Al Kassar, a quien calificó como “el
dueño del comercio ilegal” de venta de armas. El ex embajador
de ese país, James Cheek, aparece involucrado en el relato de Sarlenga
como quien intervino en la autorización del avión que desvió
5 mil fusiles y 75 toneladas de municiones a Ecuador. Cheek rechazó
la acusación.
Urso –que ayer fue amenazado aunque minimizó el hecho–
dice que respeta a Monner Sans como denunciante pero disiente con su criterio.
El juez asegura que no tiene ningún elemento de prueba que involucre
al ex presidente o a Cavallo y considera que sus firmas en los decretos
no son suficientes. Monner Sans, en cambio, entiende que ambos debían
ser citados como imputados y que el tribunal de juicio oral se expida
sobre sus eventuales responsabilidades políticas o penales. Según
explicó a Página/12 uno de los investigadores, el Ministerio
de Defensa está implicado por excelencia porque se trató
de su propia materia, la Cancillería tiene el rol de “objetor
de conciencia” y el Ministerio de Economía debía ocuparse
de las cartas de crédito, la posición arancelaria y aduanera.
“Ellos tocaron sólo en la puerta de salida”, indicó
la fuente para argumentar la insuficiencia de involucramiento de los funcionarios
cavallistas. Cuando este diario insistió sosteniendo que es improbable
que Menem y Cavallo firmaran un documento que autorizó semejante
operación de venta de material bélico sin un conocimiento
acabado del mismo, el interlocutor insistió en que si eso es así
“hay que probarlo”.
¿Por qué habló Sarlenga?, preguntó este diario
a una importante fuente del caso. El ex interventor de Fabricaciones Militares
se lamentó de haber sido “abandonado” junto a su familia
por sus amistades riojanas (fue funcionario en esa provincia antes de
recalar en Fabricaciones Militares). Habría decidido hablar porque
alguien cercano al caso alentó en él la esperanza de que
sería liberado, aunque el juez le indicó claramente que
su situación no cambiaría, tal como ocurrió. Sarlenga
especuló –en forma equivocada– con que señalando
como jefe de la banda a su amigo Emir quedaría en mejor posición.
Ahora tiene miedo de ser asesinado. “Doctor, esta gente no respeta
ni los códigos de la mafia, esto es una mierda”, se quejó
Sarlenga durante su extensa confesión del viernes pasado. Su testimonio
permitió amalgamar elementos que sueltos no tenían sentido,
como los dichos de la ex secretaria de Emir, Lourdes di Natale, o la información
aportada por las diputadas Graciela Ocaña e Irma Parentella (ver
aparte). Durante las seis horas de declaración, explicó
que la maniobra fue elaborada por Yoma y el traficante de armas Diego
Palleros. Según su versión, Yoma recaudaba así para
el Partido Justicialista. Palleros decidió que era importante venderle
cañones a Croacia, pero como esto era ilegal Emir habría
conseguido el proyecto de decreto para que el supuesto destino fuera Venezuela.
Los colaboradores de Urso sostienen que en el expediente faltan dos testimonios
de oro: el de Palleros y el del director de Arsenales del Ejército
y luego de Fabricaciones Militares Juan Carlos Andreoli. “Lastima
que uno está prófugo y el otro fallecido”, se lamentaron.
Sarlenga mencionó, además, a varios de los ex funcionarios
imputados, pero sus palabras afectaron más al ex jefe del Ejército,
general Martín Balza, y al ex embajador Cheek. Según su
relato, Camilión y Di Tella estaban al tanto de la operación.
Sin embargo, los investigadores relativizaron algunas de las afirmaciones
de Sarlenga por su evidente intención de despegarse del caso e
implicar a la mayor cantidad de gente posible. La misma teoría
desarrolló el defensor de Emir Yoma, Mariano Cúneo Libarona.
El letrado argumenta que su cliente no pudo haber liderado una asociación
ilícita porque no era funcionario público. Pero el juez
no avalaría tal razonamiento y procesaría con prisión
preventiva al ex cuñado de Menem.
EL
BANCO GENERAL DE NEGOCIOS, SIEMPRE A MANO
La
mejor ingeniería financiera
Por
A. M.
 Cuando
Luis Sarlenga recuperó la memoria y se decidió a hablar
detalló, entre otros aspectos del caso, la ruta del dinero de las
maniobras y confirmó los movimientos de fondos entre Elthan Trading
y Daforel. Y mencionó que varios de los imputados manejaron dinero
a través del Banco General de Negocios (BGN), de los hermanos Rhom.
Por eso el juez Jorge Urso ordenó ayer el allanamiento del edificio
del BGN en Esmeralda 126 y encontró los extractos bancarios que
buscaba.
Tal como había dicho Sarlenga ante la Justicia, los investigadores
habrían hallado un depósito por 400 mil pesos a nombre del
ex secretario de Planeamiento del ministerio de Defensa, Guillermo Etchechoury.
Pero una fuente consultada por Página/12 puntualizó que
también habría constancias de movimientos de dinero realizados
por Emir Yoma y Diego Palleros, además de otros ex funcionarios
menemistas involucrados. La fuente precisó que por el BGN pasó
el “dinero negro” de la operación, mientras que el “dinero
blanco” pasó por el Banco de Córdoba. La tercera entidad
bancaria implicada es el MTB Bank de Nueva York, que posee la llave del
caso porque por sus cuentas pasó toda la maniobra. La ex secretaria
de Emir Yoma, Lourdes Di Natale, aseguró al juez hace casi dos
años que el abogado de su ex jefe Mariano Cúneo Libarona
–a la sazón su ex pareja– le había confiado que
Yoma era el dueño de una supuesta coima por 400 mil pesos, depositada
en el MTB Bank a nombre de la empresa Daforel S.A.
Los camaristas de la sala II mencionaron en su resolución la denuncia
de las diputadas frepasistas Graciela Ocaña e Irma Parentella sobre
las transferencias de dinero y la compra del paquete accionario de Yoma
a través de esas empresas. Las legisladoras habían presentado
ante Urso pruebas de transferencias por 36 millones –que Emir reconoció
haber hecho– pero el juez consideró que lo hechos descriptos
debían ser investigados en otra causa y así cayó
en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral. Este diario pudo saber que,
a la luz de la declaración de Sarlenga, el magistrado encontró
que esos datos tienen sentido en su causa y pedirá que vuelvan
a su juzgado. Según Ocaña, Yoma declaró que ese dinero
había provenido de un inversionista chino pero luego la diputada
pudo averiguar que Elthan Trading “no tiene nada de capitales orientales”.
Urso convocará a Miguel Rozemblum, Lydia Fons y Daniel Pérez,
socios fundadores de Daforel en Uruguay, a la presidente del directorio,
Angela Chiodi Touzet, y al representante legal Rodrigo López Acosta.
Y reclamó información al Registro Público de Comercio
de Chilecito sobre posibles autorizaciones para aportes de capital irrevocables
efectuados por Elthan Trading.
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