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Por
Fernando Cibeira
 El
Gobierno todavía no encontró la posición que quiere
ocupar en la causa por la venta de armas que involucra al núcleo
del poder del menemismo. Ante la indefinición se optó por
el silencio y el viceministro de Justicia, Melchor Cruchaga, volvió
a ser el único funcionario que se animó a decir algo. Es
más, lo que prevalecía en algunas oficinas de la Rosada
era cierto desconcierto al comprender que se estaba frente a una resolución
judicial que tiene mucho de maniobra política pero que, al mismo
tiempo, no saben de dónde viene. “Somos conscientes de que
estas cosas no surgen solas, pero no logramos comprender quién
la maneja. Nosotros seguro que no”, explicaba un vocero de gobierno.
Con todo, aseguraban que –por ahora– no había inquietud
por las posibles derivaciones de la causa.
Una de las razones que esgrimían en Gobierno para la falta de posición
era la prudente reacción de Carlos Menem ante el sorprendente cariz
que tomó la investigación. “Sus declaraciones fueron
correctas”, evaluaba ayer un funcionario. Menem no habló de
persecución política en su contra y pidió que se
dejara actuar a la Justicia, dos ítem que fueron bien ponderados
cerca del presidente Fernando de la Rúa.
El cuidado de Menem motivó una reacción similar de parte
del Gobierno, amén de la buena relación que han venido cultivando
el Presidente y su antecesor durante las últimas semanas. “Si
Menem hubiera hablado de una maniobra política probablemente habríamos
salido a criticar la corrupción de su gobierno, pero como no lo
hizo no tenía sentido que lo atacáramos”, respondía
el funcionario.
En alguna oficina de la Rosada creían ver detrás de la resolución
del juez federal Jorge Urso una posible interna de sectores del justicialismo.
Pero, al mismo tiempo, admitían que no contaban con elementos para
sostener esa presunción. “No somos ingenuos, sabemos que una
medida como la que tomó el juez no sale de la nada. Pero, la verdad,
acá se tomó con desconcierto. Nadie sabe de dónde
viene”, admitía un vocero de la Rosada.
Del desarrollo de la causa –y principalmente luego de las últimas
declaraciones del ex ministro de Defensa, Oscar Camilión (ver página
5)– aún pende la amenaza de que también pueda quedar
involucrado el ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien les
puso su firma a los decretos de venta de armas, al igual que Menem. Un
problema judicial de Cavallo sería lo último que podría
esperar el Gobierno, pendiente como está de la retardada reactivación
económica que en gran medida depende de que se calmen las turbulencias
en los mercados.
Sin embargo, ese temor todavía no había prendido en la Rosada.
Ni, creían, en el Ministerio de Economía. “Hoy hubo
reuniones de parte del gabinete con Cavallo y de miembros del equipo económico
entre sí y sé que de ese tema ni se habló”,
respondía el funcionario ayer por la tarde. “Acá todavía
no se ve como un problema real que Cavallo quede pegado en el tema de
las armas. Además, él se muestra totalmente despreocupado”,
sostenía el hombre del Gobierno que no quería ni imaginar
qué podría suceder en caso de una complicación. “Si
esto está así ahora, no quiero ni pensar con Cavallo detenido”,
bromeaba.
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